Alberto Fernández analiza cómo hacer para licuar el poder de Comodoro Py. Desde que se anunció su candidatura hasta que se consagró la victoria, nunca ocultó sus críticas a algunos jueces que tiene muy apuntados.

En su círculo íntimo, el presidente electo cuestiona a los 12 jueces que cree que condicionan la democracia argentina, yendo para un lado y para otro según indiquen los tiempos políticos. Lo cierto es que todavía no tomó una definición sobre cómo avanzar sobre esto.

Existen, en paralelo, dos discusiones. Por un lado se menciona una propuesta de Gustavo Beliz, que se convirtió en una de las caras de la "transición" elegida por el albertismo. El ex ministro ocupará un rol importante en el próximo gobierno, aunque es probable que no encabece ninguna cartera y Justicia quedaría en manos de Marcela Losardo. 

Fuentes al tanto de las negociaciones confiaron a LPO que la propuesta de Beliz consiste en nacionalizar los 60 juzgados de instrucción nacional. El objetivo es sacarle la hegemonía a los tribunales de Py, que monopolizan las causas. Considera que la justicia nacional terminó siendo un híbrido concentrado en la Ciudad.

Marcela Losardo, la eventual ministra de Justicia, con Lorenzetti

Como la Cámara de Casación Penal de la Ciudad tiene tres salas, estaría bajo análisis si se federalizan todas o solo una de ellas, para que también pueda haber una segunda instancia. Beliz arrastra este proyecto desde que era ministro e incluso algunos mencionan que fue una de las verdaderas causas por las que terminó apartado.

Un sector del albertismo considera que este proyecto de Beliz sería inviable y repiten que hay que cumplir con la ley que fija el sistema acusatorio. Por eso promueven otro proyecto, similar al sistema de la provincia de Buenos Aires, donde el juez es un magistrado de garantías que garantiza el debido proceso y los derechos de las partes, pero no instruye. Es decir, no avanza en la investigación.

Este modelo, que es similar al de la justicia estadounidense, le sacaría poder a los jueces y se lo otorgaría a los fiscales. El planteo ya abre algunas críticas, porque hay quienes plantean que lo que terminaría pasando es multiplicar a fiscales como Carlos Stornelli llenándolos de competencias. Sin embargo, los impulsores de esta idea plantean que los fiscales dependen del procurador, que será nombrado por el Presidente. Es decir, la Casa Rosada se garantizaría -de modo indirecto- una incidencia sobre la investigación.

Ante estas disyuntivas, el presidente electo podría terminar no avanzando con ninguna de las dos propuestas y que lo que finalmente suceda es que eche o amenace con echar a algunos jueces para "disciplinar" al sector. En el albertismo ya arrancaron la discusión, pero saben que cualquier medida podría quedar frenada porque aún falta la opinión de Cristina Kirchner, clave para avanzar en el tema.