El plan masivo de subsidios a desocupados tramitado en todo el país por punteros del Gobierno a días de la elección quedó a un paso de suspenderse. El fiscal federal con competencia electoral, Jorge Di Lello, dictaminó ayer a favor de parar la liquidación de unos cien mil bonos de $5.000 cada uno a instancias de un pedido en ese sentido del Frente de Todos, basado a su vez en una investigación de Ámbito Financiero. Ayer, en paralelo, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial un rebalanceo presupuestario general que favoreció a la Secretaría de Empleo, la responsable del programa, con 650 millones de pesos, exactamente el mismo monto consignado en la resolución interna 1177 que puso en marcha el plan.

La mirada quedó puesta en la jueza María Servini, responsable desde esta semana de la tramitación del caso y quien deberá analizar el dictamen de Di Lello. La magistrada días atrás había resuelto poner un freno a una serie de acciones de campaña del intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, de Juntos por el Cambio, por entender que resultaban violatorias del Código Electoral. En paralelo, en bancos públicos como el Nación y el Provincia de Buenos Aires ayer llegaron circulares internas, a las que tuvo acceso este diario, para anunciar que entre hoy y mañana se ejecutarían pagos de subsidios especiales a beneficiarios del plan clandestino.

La primera acción judicial del expediente ayer corrió por cuenta del fiscal, que consideró válidos los argumentos que habían expuesto los apoderados del Frente de Todos para reclamar la paralización en los pagos de bonos. “La definición de la resolución en tiempos electoralistas vedados por la ley podrían albergar el condicionamiento sobre la voluntad de los electores”, sostuvo Di Lello.

Esa decisión estuvo en línea con la interpretación del abogado del PJ Jorge Landau, para quien la tramitación de subsidios por parte de punteros y dirigentes de Juntos por el Cambio resultaría violatoria del artículo 139 inciso “b”, del Código Electoral, que estipula penas de entre uno y tres años para quienes compelieren el voto de terceros a favor de determinados candidatos.

El fiscal hizo la salvedad de que el destino de los montos comprometidos tenía por objetivo atender situaciones de vulnerabilidad: “seguramente estoy de acuerdo en la necesidad de que aquellos que no tienen empleo puedan ser ayudados a transitar estos momentos difíciles; lo que no puede permitirse es que en el marco de esa necesidad se apele a la entrega, bajo el ropaje de subsidios, dinero que por el tiempo que se otorgan -veda electoral- pueden ser utilizados con un mensaje electoralista”. En esa línea sostuvo que una vez que eventualmente fuese suspendido el pago y superada la elección del 27, los montos terminen por entregarse a los inscriptos en el programa.

El caso cobró ayer vértigo judicial y político. Landau declaró, como había adelantado a este diario, que el PJ sospechaba que parte de los fondos del plan podrían destinarse al pago de $ 5.000 a fiscales del oficialismo y de otro monto igual para las mesas en las que Juntos por el Cambio resultara triunfante el 27. En paralelo en Santiago del Estero la jefatura local de la ANSES y dirigentes de Juntos por el Cambio fueron denunciados por presunta compra de votos a instancias de un programa nacional de subsidios.

Mientras tanto, una decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete que amplió el Presupuesto 2019 en unos 50 mil millones de pesos, le otorgó una partida extra de $650 millones a la Secretaría de Empleo, la misma que implementó la resolución 1177 por exactamente el mismo valor total. Lo llamativo es que en el Ministerio de Producción y Trabajo negaron que el refuerzo presupuestario, pese a igualar el costo del plan, tuviese que ver con su implementación y sólo alegaron que se otorgó para la atención de programas propios del área de Empleo como el pago de los Procedimientos Preventivos de Crisis. Y agregaron, siempre en off the récord (hasta ahora el ministro Dante Sica evitó pronunciarse sobre el caso) que el total del plan de subsidios de $5.000 cada uno se solventará con recursos propios de la secretaría encabezada por Fernando Prémoli.

Hasta ayer el secretario de Empleo no había cumplido con la solicitud del fiscal Di Lello de enviarle toda la documentación referida al programa oculto y pidió tiempo hasta hoy para hacerlo. Caso contrario en la fiscalía afirmaron que pedirán una orden de allanamiento sobre la cartera de gobierno y eventualmente requerirán la información por la fuerza pública.