La última actualización del Registro de Villas y Asentamientos cuyos datos se conocieron hace poco más de un mes arrojó que hay 5687 barrios populares en el país. En territorio bonaerense existen 1.933 barrios populares reconocidos, de los cuales 1.559 (71%) están en el AMBA.

La provincia tiene su propio registro sancionado en el 2013 a partir de la ley de Acceso Justo al Hábitat, que va acompasado al Registro Nacional y es el universo que el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) busca atender,. Según contó Barrios a NuevaBA, al momento de asumir lo que la nueva gestión encontró fue "un organismo creado en el marco de la jefatura de gabinete de la provincia y prestamos elegibles de los bancos como el BID y el Banco Mundial, dirigidos a 8 barrios del AMBA", con una lógica similar a como se venía abordando en la Ciudad de Buenos Aires: mucha inversión en barrios puntuales, desconociendo otros lugares. "También nos encontramos con proyectos específicos donde la fuerza política que gobernaba a nivel local era fuerte y entonces consolidaba o bien para usarlo en distritos que no le fueran afines", disparó la funcionaria respecto al organismo durante la gestión de Cambiemos.

"Lo primero que hicimos fue modificar los contratos de préstamos para poder tomar con esos fondos mayor cantidad de barrios y municipios, con la perspectiva de atender la escala de todos los municipios de la provincia", relató Barrios.

Desde el traspaso de Agustin Simone a Vivienda y Habitat en septiembre del año pasado, el organismo pasó a la órbita de este ministerio con la idea de jerarquizar y escalar la política de hábitat. De esta forma se cambió la lógica de "acupuntura" con la que la gestión anterior abordaba el problema habitacional, en palabras de la funcionaria de OPISU. "La mirada de la gestión anterior no se asemeja en nada a lo que estamos proponiendo hoy. OPISU era una 'cáscara vacía', sin personal ni trabajadores suficientes más allá de la planta política", expresó Barrios en diálogo con este portal, que agregó que "trabajaban en oficinas desde la ciudad de Buenos Aires".

"Era un organismo que no podía desplegar sus propias políticas, porque tercerizaba en otros ministerios la construcción de los planes integrales de obras. No tenían la potestad de hacer los proyectos", continuó la funcionaria.

Además de lo que respecta a la vivienda, el OPISU priorizó el acceso a las redes de infraestructura y el acceso a servicios públicos como agua, cloacas e iluminarias. "Todos nuestros proyectos contienen organización popular y la comunidad, que es protagonista porque autoconstruyó su hábitat frente a la ausencia del Estado", agregó Barrios en declaraciones a NuevaBA. Dichos proyectos deben estar acompasados con las empresas proveedoras de los servicios.

La agenda de trabajo que hacia el futuro

En este momento OPISU trabaja activamente en 30 distritos consolidando los proyectos del área metropolitana que si bien tienen ejecución de financiamiento internacional, también tiene financiamiento propio de la provincia. "La región metropolitana está creciendo mucho en número de asentamientos, pero también trabajamos fuerte alrededor de los grandes centros urbanos del interior de la provincia", detalló Romina Barrios. La semana pasada en este marco se anunció una inversión de 361 millones para obras de urbanización en barrios populares de Mar del Plata. "Lo que estamos haciendo ahora es trabajar en planes de escala que consoliden los espacios populares".

Según explicó Barrios, desde las políticas neoliberales de los 90, los barrios y los asentamientos se configuran en tomas que suelen ser organizados en el sentido del ordenamiento del espacio. "Ese amanzanamiento permite acompasar mucho mejor que una villa como las de CABA, San Isidro o Itatí, que tienen un trazado irregular mucho más complejo en términos de redes", expresó.

"Lo que creemos desde la gestión bonaerense es que tenemos que poder escalar para abordar la necesidad de los servicios e infraestructuras para ordenar la pavimentación, iluminación", expresó la funcionaria y agregó: "La idea no es solo atender el déficit sino también tener una política preventiva".

El rol de los municipios

Todos los trabajos de OPISU se realizan en articulación con los intendentes y los municipios. "La instrucción del gobernador es acompañar en los 135 distritos", resumió Barrios en declaraciones a este portal. "Hay que procurar empezar a ordenar el territorio en términos de que crezca hacia donde la ciudad y cada uno de los municipios está ordenando ese proceso". "No solo se dialoga hacia dentro de los barrios populares, sino que hay que tener una política de ordenamiento territorial que reconozca las diferentes realidades del vasto territorio de la provincia", expresó.

Este trabajo se hace teniendo en cuenta los planes que tengan los municipios, que muchas veces tienen planes de desarrollo urbano, pero no cuenta con los fondos para llevarlo adelante. De la misma forma, se articula también con la comunidad que se organiza en cada barrio para abordar estas problemáticas. "La ley de acceso al hábitat es un ejemplo de una política que ha sido siempre desde abajo hacia arriba. Hay muchos lugares donde la población pide urbanización, o tienen un rol importante los cultos, los centros comunitarios, la organización desde los barrios que nosotros tomamos mucho en cuenta", aseveró Barrios, que agregó que la primera llegada a los barrios es a traves de la generación de programas que incluyen a vecinos y vecinas a la mejora de su localidad a través del trabajo.

La problemática de los desalojos

El caso del desalojo en Guernica el año pasado o el de Los Hornos en La Plata fueron paradigmáticos: terrenos ocupados por familias sin hogar, sin empleo para ingresar a una vivienda. La problemática habitacional no escapa a la provincia de Buenos Aires, y los casos mencionados expresaron un problema al que la Provincia tomó nota. Los municipios cuentan con registros para estos casos y el gobierno bonaerense trabajó con estos municipios para atender dichas necesidades con programas puntuales que puedan ordenar estos procesos.

"Hoy se están licitando las viviendas y el Estado dio una respuesta de manera transversal", expresó la funcionaria del ministerio de Vivienda. En ese sentido, los planes de obras para viviendas que se han licitado y que quedan por licitar apuntan a resolver este problema.

Las perspectivas de género y ambientales de la urbanización popular

El organismo que dirige Romina Barrios cuenta con dos políticas transversales a todo su funcionamiento: las políticas ambientales y las de género. Si bien no depende de OPSIU, el ministerio de vivienda y hábitat impulsó el Plan Mujer Fondo Social para la Vivienda, mediante el cual las mujeres mayores de 18 años que no tengan propiedades a su nombre y cumplan con una serie de requisitos pueden inscribirse para que los municipios le asignen la construcción de vivienda.

En lo que respecta al abordaje ambiental se trabaja teniendo en cuenta que se trata de territorios degradados en términos de suelo, pero también de déficit en acceso de residuo sólidos urbanos. "En ese componente del proceso de la urbanización apoyamos a los municipios sabiendo que la competencia de la gestión de residuos es municipal", expresó Barrios.

Dentro de esas políticas se incluyen importantes financiamientos de proyectos de limpieza y mantenimiento, de gestión de residuos sólidos urbanos secos y húmedos, creación de composteras, viveros de plantas nativas para la forestación de barrios. La mayoría de los programas con perspectiva ambiental de saneamiento se generan a través del financiamiento de organizaciones cooperativas y emplean vecinos y vecinas de los barrios, quienes logran también una instancia de formación, capacitación y acreditación de estos saberes. "En estos dos años y medio hemos formado promotores especializados en la gestión de residuos que perciben un salario por ese trabajo. Para nosotros es un proceso muy virtuoso porque aporta también a la generación de empleo", agregó la funcionaria.