El reciente cruce entre el ministro de Economía Martín Guzmán y el subsecretario de Energía Federico Basualdo, permitió abordar desde otro ángulo algunas de las dificultades que está exhibiendo el gobierno para llevar adelante sus ideas económicas. Si bien en este caso sí existía coincidencia sobre el rumbo a seguir, -esto es, la necesidad de segmentar los subsidios a las tarifas residenciales para que no consuman recursos fiscales los sectores acomodados-, las deficiencias operativas motivaron un desgaste en el que poco tuvieron que ver los mercados y la oposición.

Según pudo saber El Destape, Federico Basualdo, con una extensa trayectoria que incluye estudios y trabajos en la Universidad de Buenos Aires y el área de Economía y Tecnología de la Flacso, viene trabajando desde comienzos de año en un esquema de segmentación de subsidios, para lo cual no ha podido acceder aún a información clave vinculada a aspectos tributarios, de la seguridad social, y de propiedad de bienes inmuebles, debido a la reticencia que desde otras instancias ajenas a la Secretaría de Energía tienen para compartir estos sensibles datos. Fue en medio de estos tironeos internos cuando Guzmán decidió hacer público el supuesto incumplimiento por parte de Basualdo a sus requerimientos de segmentación, los cuales en efecto no podían ser diseñados hasta tanto el propio gobierno le brindase a Basualdo los insumos necesarios.

El incidente se extendió hasta el miércoles, cuando un documento del PJ, sostuvo que "la Argentina de los tarifazos quedó atrás, estamos recuperando la justicia social”, aún cuando existe consenso en todos los espacios del Frente, y de la mayor parte de la sociedad, sobre la necesidad de aumentar las tarifas para los segmentos de mayores ingresos, como vía de aliviar el déficit fiscal, sea para cumplir con los requerimientos del FMI y lograr una negociación efectiva con este organismo, como lo busca Martín Guzmán, o bien para reforzar salarios, jubilaciones, y planes sociales, como los plantean otros cuadros económicos del Frente, preocupados por el descredito que se está generando hacia el gobierno desde medio año atrás, cuando salarios, jubilaciones, y planes sociales, comenzaron a perder terreno frente a la inflación.

En este complejo escenario, Alberto Fernández resolvió que los anuncios económicos estuvieran orientados hacia otro lugar, puntualmente a aumentar el monto y universo de la tarjeta Alimentar, cuya asistencia pasó de 1,9 a 3,7 millones de niños y niñas, quienes además recibirán aumentos de hasta el 100 por ciento en sus montos, en una inversión que llega hasta el 0,7 por ciento del PBI. Sin embargo, desde el Movimiento Evita, integrante del Frente, se criticaron los anuncios al dar cuenta de una política asistencialista, y al hecho de que de poco servirían en tanto el gobierno no logre el control los constantes aumentos de precios. De hecho, según la consultora Ecolatina, dirigida oportunamente por el actual titular del Indec Marco Lavagna, la inflación del primer cuatrimestre fue la más alta de los últimos cinco años.

Es posible que estas desavenencias expliquen en parte las dificultades que está teniendo el gobierno para ejercer un efectivo control sobre la economía doméstica, cuyo resultado no solo es el empeoramiento en las condiciones de vida de las mayorías, sino también el fortalecimiento de los sectores refractarios a un Frente que, por lo menos en una de sus vertientes, plantea una subordinación de estos actores a la política económica de gobierno.

Por caso, la designación de Daniel Funes de Rioja como flamante presidente de la UIA, puede ser vista como otro desafío al actual gobierno. En una entrevista otorgada a Telam en 2017, Funes de Rioja admitió compartir con el gobierno macrista “la renegociación con los holdouts, el sinceramiento cambiario, incluso el sinceramiento fiscal”, y señaló aspirar a otras reformas vinculadas a la reducción impositiva, y de costos laborales.

Presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), una de las ramas industriales que desde 2017 más contribuyó con la inflación, pues según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) la suba de precios de Alimentos y Bebidas fue del 335 por ciento, es decir 25 puntos porcentuales más que el 310 por ciento del Índice de Precios al Consumidor, Funes de Rioja parece dejar definitivamente archivada las fotos tomadas en diciembre de 2019, noviembre de 2020, y febrero de este año, en las que se podía ver a Alberto Fernández junto al anterior presidente de la UIA, Miguel Acevedo, proyectando un “Pacto Social” que antepusiera los acuerdos corporativos al libre mercado. Eran momentos en los que el gobierno confiaba en su capacidad negociadora con otros factores de poder internos, para llevar adelante de forma promisoria su agenda de gobierno.