En marzo de 2015, luego de intentar hacer una purga en la ex SIDE, la entonces presidenta Cristina Kirchner decidió modificar la Ley de Inteligencia y le entregó al Ministerio Público Fiscal la oficina encargada de realizar las escuchas telefónicas, conocida como Ojota (Observaciones Judiciales). Hasta ese día, todas las pinchaduras estaban en manos de la ex SIDE a la que la ex presidenta ya no le confiaba más. Tres meses atrás, había desplazado de su cargo al entonces Director de Operaciones, Antonio “Jaime” Stiuso, al secretario de Inteligencia, Héctor Icazuriaga y a su número dos Francisco “Paco” Larcher, los mismos hombres que durante gran parte del kirchnerismo habían brindado sus servicios a Cristina y su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, pero que ahora no le respondían.

Con el cambio de mano de las escuchas, la ex presidenta buscaba garantizar cierto control de las pinchaduras. A partir de ese momento, quedaban bajo el mando de la fiel Procuradora General Alejandra Gils Carbó. La integrante de Justicia Legítima heredó en el traspaso 3.621 líneas intervenidas por orden de la Justicia.

Con la llegada de Mauricio Macri al Gobierno, el Presidente buscó quitarle poder a Gils Carbó y le transfirió las intervenciones telefónicas a la Corte Suprema que creó la Oficina deCaptación de Comunicaciones que comanda Juan Tomás Rodríguez Ponte, ex secretario del juez Ariel Lijo, quien ordenó las intercepciones legales a Parrilli que se difundieron.

Si el Presidente y la ex presidenta buscaron mayor resguardo en las escuchas, no lo lograron. En los últimas semanas hubo filtraciones de todo tipo. A los audios de Cristina y Parrilli en los que hablan de “carpetazos”, “armar causas” y presionar jueces, entre otros tópicos, se le suma la difusión de las conversaciones de Daniel Angelici -el presidente de Boca, amigo de Macri y supuesto operador judicial, según las denuncias de la diputada de Cambiemos Elisa Carrió- con diregentes del fútbol en las que trata de conseguir ventajas para su equipo sin perturbarse.

La fecha de los audios, además, revela que el descontrol de las pinchaduras y su difusión atraviesa a todas las gestiones. A Parrilli lo interceptaron a mediados del año pasado, con Macri en la Casa Rosada y la Corte a cargo de las intervenciones. Y los diálogos de Angelici son de 2015, cuando Gils Carbó se encargaba de las captaciones y Cristina presidía el país En el caso de Parrilli, todos los que tuvieron acceso a las desgrabaciones niegan las filtraciones. El juez Lijo, la Corte Suprema, el fiscal Guillermo Marijuan, los agentes de la AFI que escucharon in situ las conversaciones y hasta la defensa de Parrilli. Está claro que alguno miente.