En verano, los sucesores de Altieri quieren marcar el pulso de 2013. Rebelión de Cariló.
Varios de ellos tuvieron como escenario al concejo deliberante local, arena de las batallas políticas intestinas en las que se dirimieron, por ejemplo, las destituciones de los intendentes Roberto Porreti (2010) y Blas Altieri (2012). En esta oportunidad, el foco de conflicto estuvo concentrado en la aprobación del presupuesto 2013, necesidad que el oficialismo desea motorizar con un fuerte aumento de tasas e impuestos.
El altierista Hernán Muriale, intendente interino, logró su cometido el viernes pasado, en una discutida sesión con concejales ausentes, varios pedidos de revocatoria y una fuerte despliegue policial. Fue al cabo de una semana de discusiones y desacuerdos en la que se llegó a deslizar la posibilidad de convocar por la fuerza pública a todos aquellos legisladores que con su ausencia impedían el quórum necesario para tratar el asunto en ciernes.
Lo mismo habían hecho los ediles alineados con el gobierno cuando pretendía tratarse en el mismo recinto el traslado del Corsódromo del pleno centro comercial Ostende, un airado reclamo de los vecinos de aquella localidad al sur del Partido de Pinamar.
La presencia de los Mayores Contribuyentes (obligatoria para realizar modificaciones tributarias y fiscales en la órbita de un municipio) también estuvo ceñida de imputaciones cruzadas y acusaciones de aprietes y amenazas. El presupuesto 2013 es casi el doble del 2012, y su principal fuente de recursos está centrada en un duro aumento fiscal rechazado por un amplio frente compuesto por partidos políticos opositores y diversas cámaras comerciales y vecinales de Pinamar. Muriale, por su parte, se recostó en el Sindicato de Trabajadores Municipales y en Visur.
Los primeros amenazaron con desplegar huelgas que afectarían a servicios sensibles de la localidad turística en plena temporada, mientras que los otros conforman un extraño grupo que el día jueves se desplegó con micros, bombos y cortó Bunge (la avenida principal).
A las pujas en el concejo deliberante se les sumaron también el reclamo de un sector que representa a los guardavidas de Pinamar, quienes convocaron el jueves un paro de gran adhesión que dejó a varias playas desprotegidas y en bandera roja.
Pero eso no es todo, ya que la atención política está concentrada también en el destino judicial del ex intendente Blas Altieri, a quién acaban de negarle el cambiode jurisdicción de las cinco causas en la que está acusado por la entrega de viviendas sociales a familiares y allegados, la concesión de varios contratos de explotación pública y el manejo de los fondos del municipio, entre otras cosas.
El viejo cacique había sido destituido en agosto de 2012, luego de que algunos de sus funcionarios agredieran a un periodista de CQC y esto sirviera para reavivar viejas acusaciones que sobre él pendían. El concejo deliberante ya había desplazado a Roberto Porreti, el único que pudo vencer a Altieri en sus siete competencias electorales, aunque su experiencia en el cargó se agotó cuatro meses después, tras una cámara oculta en la que se lo observaba negociando dádivas para la habilitación de Ku, el histórico boliche dominado por el poderoso Javier Porjolovsky.
Un escándalo en pleno verano de 2008 que terminó con Porreti en la cárcel y con el concejal Rafael de Vito como intendente interino, un hombre de negocios arrimado a la política por el propio Altieri y, alguna vez, involucrado en la causa del asesinato de José Luis Cabezas. Fue un gobierno de transición: Altieri, que había gobernado Pinamar a sus anchas durante 16 años, volvió a su viejo puesto poco tiempo después en elecciones especiales, reconfirmando su mandato en los comicios de 2011.
La destitución volvió a colocar a un concejal altierista en el interinato. Se trata de Hernán Muriale, un contador que fue Secretario de Hacienda de su mentor político y que debió tejer una fina trama de acuerdos para transitar su gestión sin los sobresaltos que se volvieron moneda corriente en despachos y pasillos del Palacio Municipal.
Pinamar, más aún que el resto de las ciudades balnearias, sigue siendo tierra codiciada para obra pública y negocios inmobiliarios, incluso en tiempos donde uno u otro sector mostraban retracciones a nivel nacional.
Uno de los símbolos de esta tendencia histórica es Cariló, desde donde varios propietarios expresaron públicamente su intención de elevar al congreso bonaerense un pedido para dejar de depender administrativamente al Partido de Pinamar y volver a ser parte del de General Madariaga, tal como sucedía hasta que Pinamar fue escindido de este y autonomizado por decreto de facto en 1978. La pugna entre ambos municipios no es solo geográfica y territorial: en Cariló yacen lujosas propiedades que le reportan al erario público suculentos dineros en concepto fiscal.
En Pinamar no es solo la arena la que quema.
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