El cambio de mando se realizó en la casa de Altieri, ya que un grupo de empleados estatales protestaron en la Municipalidad en reclamo por el pago de los sueldos atrasados.

"Esto es un verdadero golpe institucional. Se han vulnerado las garantías que exige la Constitución. Han vulnerado la decisión popular. Entonces nosotros vamos a insistir en nuestra causa judicial, no vamos a cejar en el reclamo por la inconstitucionalidad, pero diciendo que no me han respetado la defensa en juicio y que no tengo un juez imparcial", sostuvo Altieri en declaraciones reproducidas por medios de prensa locales.

Luego resistir su salida durante varias semanas, Altieri aceptó dejar su cargo a Muriale -el primer concejal de la lista con la que ganó las últimas elecciones- luego de sufrir un nuevo revés judicial en su intento de permanecer en el cargo.

La Suprema Corte rechazó dos planteos presentados por el intendente contra la decisión del Concejo Deliberante de ese distrito de separarlo preventivamente de su cargo, en el marco de la investigación abierta por supuestas maniobras irregulares en la entrega de viviendas sociales.

"Habría que ver si la ver si la destitución cambia la suspensión porque el martes que viene van a votar seguramente la destitución (de Altieri) en este camino que lleva el Concejo Deliberante. Y ahí no se si corresponde que deba asumir o no porque seguramente ante esa destitución se va a presentar un recurso de amparo", señaló Muriale.

En declaraciones a la prensa local tras conocer el fallo de la Corte, el concejal oficialista denunció además que "la postura del Concejo Deliberante a lo largo del año fue obstruir el gobierno, empezando por el desfinanciamiento del municipio y ahora con un quiebre institucional".

Es que el próximo martes 10 de julio, el cuerpo deliberativo local debería resolver si Altieri es destituido o no, aunque se presume que la sentencia será desfavorable para el mandatario pinamarense, que cuenta con una débil representación legislativa: apenas dos concejales, en contraste con los ocho votos de la oposición, entre ellos el destituido intendente Roberto Porreti.

El máximo tribunal provincial respondió en forma negativa a dos medidas cautelares presentadas por la defensa de Altieri: una apelación a la suspensión preventiva dictada por el Concejo y otra con un pedido de nulidad por inconstitucionalidad.

El fallo desactivó una movida en ciernes motorizada por el Concejo Deliberante ante el incumplimiento por parte de Altieri de la suspensión que se había dispuesto: incluso, el cuerpo realizó una sesión especial para intimarlo a que acate la decisión y deje su cargo, que seguía ejerciendo en la práctica.

El presidente del cuerpo, Alberto Germain, había interpuesto además una denuncia ante la Justicia de Dolores por "usurpación de cargo público".

Entre los cargos que se le imputan, la Comisión Investigadora conformada en el Concejo Deliberante acusó a Altieri de otorgar viviendas sociales a dos de sus hijas y a familiares de funcionarios.

También hay denuncias por irregularidades durante la remodelación del Hospital Comunitario; el otorgamiento de exenciones tributarias; la existencia de decretos sin firma y de contenido replicado; el contrato con la empresa Covelia; el recorrido de la empresa de colectivos Montemar; la suspensión de los talleres de Cultura; el incumplimiento de ordenanzas vigentes y el veto de insistencias del Concejo Deliberante.