La Sala II de la Cámara Federal de San Martín confirmó esta mañana los procesamientos del ex intendente Nicolás Ducoté y de casi una decena de ex funcionario de su gobierno. El duro revés judicial para el ex jefe comunal de Juntos se da en el marco de causas por las obras pagadas y no finalizadas en los barrios Monterrey de Derqui y Peruzzotti y por los microcréditos por los cuales se habrían pagado comisiones indebidas. Se les imputa el delito de “malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La resolución, unánime, fue firmada por los jueces de cámara Alberto Lugones, Marcos Morán y Néstor Barral. A los acusados ya no les quedan más instancias de apelación por lo que las causas se encaminan al juicio oral. De esta manera Ducoté se convierte en el primer intendente electo en la historia de Pilar en ser procesado por causas de corrupción.

La misma resolución mantiene los embargos, de 100 millones de pesos en el caso del ex intendente, aunque desestima la inhibición sobre los bienes del resto de los procesados. A su vez, se mantiene la prohibición de salir del país, por lo que deberán notificarlo en caso de querer hacerlo.

La decisión judicial termina de confirmar además, que la causa es de competencia federal ya que los fondos cuyos destinos investiga la Justicia, eran nacionales y la causa involucra a funcionarios del ex gobierno de Mauricio Macri.

Primer paso

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó a principios de julio a Ducoté y a otras 8 personas, entre exfuncionarios y empresarios, por el delito de “administración infiel”.

En rigor, investiga el desvío de más de 460 millones pesos de la administración nacional mediante el pago de obras públicas que debían realizarse en los barrios Peruzzotti y Monterrey, pero no se hicieron, y el cobro de comisiones indebidas en la entrega de microcrédiros para mejoras en viviendas. 

Según el fallo al que tuvo acceso El Diario, “las maniobras  defraudatorias investigadas en la causa” implican “el desvío de fondos en favor de los particulares”.

El magistrado procesó también al ex jefe de Gabinete, Juan Pablo Martignone, al cual le fijó un embargo de 40 millones de pesos. La misma medida alcanzó al ex secretario de Obras Públicas, Guillermo Iglesias y a otros ex funcionarios locales.

La medida también alcanza a Osvaldo Caccaviello, quien se desempeñaba como director general de Calles y Red Vial, a quien lo embargaron por 50 millones de pesos y quien ya contaba con un procesamiento judicial cuando se desempeñó en el área de Obras Públicas del Municipio de Zárate, a cargo de Osvaldo Caffaro.

La lista de procesados que formaron parte del gobierno de Ducoté se completa con la ex subsecretaria de Obras Públicas, Sandra Sosa (embargo de 40 millones); Norberto Guilianelli (10 millones), Gabriel Lucero (40 millones) y Fernando Bonafede (40 millones). A todos ellos, como al resto de los procesados, se la imposibilita salir del país.

También fue procesado Sergio Russo, director de la empresa Tordel SA, encargada de varias obras públicas durante el gobierno de Ducoté. En este caso, se le trabó un embargo de 10 millones de pesos.

Los procesamientos fueron apelados por las defensas de los acusados unos días después. Finalmente este viernes la Justicia Federal desestimo los argumentos de los acusados y decidió confirmar los procesamientos, por lo que las causas se encaminan al juicio oral.

Las claves de las tres causas

Peruzzotti

El 20 de diciembre de 2016 se firmó el decreto para llamar a licitación de obras en el barrio Peruzzotti en el marco del programa de Hábitat financiado por el Ministerio del Interior nacional, por entonces a cargo de Rogelio Frigerio.

El juez indica que “desde la firma del convenio habría contemplado sobreprecios” en las obras, que fueron adjudicadas a la firma Tordel, del empresario Sergio Russo, también procesado en la causa. 

El Municipio debía efectuar rendiciones mensuales a la Nación documentando “el uso dado a los fondos recibidos”, aunque esa obligación “habría sido incumplida”, señala el juez. 

Pero el dato central es el pago de una planta depuradora de deshechos cloacales que nunca se hizo, en tanto que otras obras previstas “fueron pagadas a pesar de que no se habían concluido, habiéndose asentado en los certificados presentados ante el Estado nacional avances que no se condicen con la realidad de las ejecutadas”.

Esos certificados fueron firmados por el entonces secretario de Obras Públicas, Guillermo Iglesias, quien  selló “el 21 de noviembre de 2018 el acta de recepción de la obra” que no estaba hecha. Iglesias también fue procesado.

El juez señala que “Iglesias manifestó (en su indagatoria) estar a cargo de la ejecución de las obras y lejos de negar lo que se le atribuye, concluyó que las mimas no están terminadas”.

Ducoté, en tanto, se defendió: “Cuando hay un anticipo, no hay una obra realizada”, declaró. Y siguió: “A veces no se concluye en la gestión de un mismo funcionario, pero los pagos realizados deberían corresponderse con las obras a realizar”.

El juez entendió que “se encuentra ampliamente probado que a todas luces los pagos realizados no se condicen con las obras proyectadas, que, de hecho, no fueron culminadas pero sí pagadas y certificadas”. 

Señaló, además, que Russo habría actuado “sobrevaluando precios y certificando obras no cumplidas a los fines de hacerse de los fondos públicos”.

Monterrey

También se trata de obras financiadas por Nación para ese barrio de Derqui. El juez consideró probado “la desviación de recursos en perjuicio de la administración nacional” con irregularidades desde la licitación, con vinculación entre las empresas participantes. 

En el terreno, detectó que los proyectos de construcción que se pagaron a pesar de que “no tuvieron avance alguno”, como un “espacio público recreativo aeróbico incluyendo veredas y equipamiento” o la plaza de Paraguay y Salta. 

“Las obras relacionadas con la licitación original y con la adenda al convenio específico fueron pagadas a pesar de que no se habían concluido”, concluyó González Charvay.

Microcréditos

El programa consistía en la entrega de microcréditos a familias para mejorar sus viviendas o conectarlas a las redes de agua, gas o cloacas. 

El juez investiga el desvío de “por lo menos el 15% de los fondos acordados para el Municipio de Pilar en perjuicio del estado nacional”.

Señala que “el vehículo” principal para ese desvío fue la Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM), conducida por Federico Leonhardt, también procesado.

La rendición final de la gestión de la entrega de microcréditos fue rechazada por la Nación “señalando entre otras irregularidades” que “no se encontraba prevista la posibilidad de deducir un 15% por gastos administrativos”.