El Tribunal de Cuentas le solicitó al Instituto Provincial de la Vivienda que envíe más documentación por la licitación pública 01/2013 para la adquisición de terrenos destinados a la construcción de viviendas. Por otra parte, los ediles que integran la comisión de Planeamiento aprobaron el proyecto por el que solicita informes al Ejecutivo Municipal relacionado con el trámite administrativo que siguió la Dirección de Catastro Municipal para otorgar el parcelamiento del inmueble que luego fue presentado como una de las ofertas del IPV.

Fuentes del organismo de contralor ratificaron que se pidió al IPV que envíe informes para acreditar la factibilidad de servicios de la zona que está localizada en una de las márgenes del río Ongolí; también la situación en la que se encuentra el terreno en relación con la ley de Bosques; el impacto sobre el patrimonio arqueológico ya que limita con el Pueblo Perdido y un informe de la Municipalidad de la Capital con respecto a las características de la zona.

De esta manera, el expediente que estaba en el Tribunal de Cuentas regresa al IPV. El organismo debería completar la documentación faltante y enviar nuevamente el expediente al Tribunal para que se expida con respecto a la legalidad del trámite. Desde el organismo se preocuparon por aclarar que sólo se fiscalizará que cumpla con todos los requisitos legales: lo que significa que la adquisición de un terreno por parte del Estado se realice bajo el paraguas de la normativa vigente. Es decir, no tiene ni facultades ni competencia para poner bajo la lupa la decisión política de Gobierno de construir unas 5mil viviendas sociales en la zona.

En marzo de este año, el IPV abrió una licitación pública para la adquisición de terrenos. Se requería que tengan una superficie total mínima de 5 hectáreas. El presupuesto oficial de la operatoria era de 20 millones y el valor de la hectárea no debía superar los $ 200 mil.

Se presentaron dos ofertas. Una de ellas está constituida por la firma de Yucuco SA, Comercial El Tala SRL, Antonio Guillermo Villafañe y Pablo Acevedo, que ofertaron 300 hectáreas por $ 19.700.000 a un precio de $ 65 mil la hectárea. La otra oferta fue de la sucesión de Gualberto Castillo por 28 hectáreas en la zona sur de la capital a un precio de $ 195 mil la hectárea.

En el trámite de preadjudicación, el IPV favoreció a la primera por el criterio de conveniencia económica pero fue impugnada al argumentar que el terreno no cumple con los requisitos para la urbanización. Ahora debe resolver el TC.

"Hay bolsones en la ciudad para construir"

El concejal Horacio Mendizábal (FCS) consideró que no tiene demasiado sentido la licitación a la que convocó el IPV para construir viviendas cuando existen bolsones en la ciudad en los que se puede edificar. Mendizábal señaló que hay zonas que ya cuentan con todos los servicios y en las que se podría continuar con la urbanización.

La comisión de Planeamiento del Concejo Deliberante de la Capital aprobó ayer un pedido de informes. En esa comisión el FCS tiene mayoría. "Del plano de subdivisión surge que el mismo no ha respetado la ley de Parcelamientos provincial ni las normativas municipales vigentes por cuanto el lote no cuenta con vías de acceso que permitan llegar al mismo, es lindero al río y no se han respetado los 15 metros establecidos como zona de resguardo por la normativa", señalan los ediles del FCS en el pedido de informes.

Los concejales del FV no acompañaron el proyecto y adelantaron que emitirán un dictamen en minoría al considerar que el proyecto no tiene fundamentos válidos.