El fiscal Carlos Rívolo pidió este jueves mandar a juicio oral a los ex jefes de Gabinete de Cristina Kirchner Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina, junto a ex secretarios de Ambiente y casi medio centenar de intendentes por defraudación al Estado por unos 600 millones de pesos.

Se trata de la causa que investiga una malversación de las arcas del Tesoro entre 2013 y 2015 para que distintas municipalidades de todo el país llevaran adelante tratamientos de residuos. Además, el fiscal sostuvo que hay que profundizar la investigación sobre el rol del Tribunal de Cuentas de la provincia de Chaco en la aprobación de las rendiciones de cuentas de algunos municipios y que podrían ser delitos.

"No podemos dejar de resaltar que la República Argentina se ha obligado a perseguir y sancionar actos de corrupción como el que es objeto de estos actuados", sostuvo Rívolo en el dictamen al que accedió Infobae. Ahora, las defensas harán su lectura de las pruebas de cara al pedido fiscal. Y el juez evaluará si, con las pruebas que hay, el caso se manda a juicio oral.

Jorge Capitanich, Cristina Kirchner y Domingo Peppo

La causa. El gobierno de Cristina Kirchner implementó programas de tratamiento de basura, vía la Jefatura de Gabinete. Los principales beneficiados de esos programas fueron Chaco y Río Gallegos, pero la mayoría de las obras nunca se hicieron.  Rívolo avanzó en esta investigación, que se abrió en 2016, en donde se puso bajo la lupa el destino de 604.529.670 pesos, afectados a los llamados Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU).

Se cree que, en realidad, esos recursos se aprovecharon para "disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales", según escribió la Cámara Federal en noviembre pasado.

En diciembre de 2017, Bonadio había firmado los procesamientos de Fernández y Capitanich, y le dictó la falta de mérito a Abal Medina. Pero Rivolo apeló y la Cámara le dio la razón. También quedaron procesados ex secretarios de Medio Ambiente como Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi; y Andrés Meiszner, ex jefe de asesores.

Hubo además casi un centenar de intendentes de todo el país procesados, aunque la Cámara Federal solo confirmó la mitad. Entre ellos están Francisco "Barba" Gutiérrez y Francisco "Paco" Durañona.

En su dictamen, al repasar las pruebas de la causa de cara al juicio oral, Rívolo aseguró que "la administración de los fondos del Estado se vieron perjudicados" cuando Sergio Gustavo Lorusso (f), Omar Vicente Judis y Juan José Mussi (ex Secretarios de Ambiente y Desarrollo Sustentable) firmaron los acuerdos con los municipios peticionantes "sin el debido contralor, basándose en meras argumentaciones generales e inespecíficas sobre lo actuado en los expedientes, a pesar de que presentaban serias deficiencias administrativas"

Luego, Juan Manuel Abal Medina, Aníbal Domingo Fernández y Jorge Milton Capitanich (ex Jefes de Gabinete) que aprobaron, mediante resoluciones de JGM, los convenios y sus actas complementarias, habilitando las liquidaciones y pagos a través de transferencias con partidas de esas carteras, "fundándolas bajo el falaz argumento de que eran adecuados y ajustados a lo previsto en la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, a pesar de las serias irregularidades administrativas detectadas en cada uno de ellos".

Los intendentes que lo recibieron fueron Gustavo Javier Karasiuk, Ángel Ernesto González, Francisco Martín Winnik, Alfredo Mario Pastor, Gustavo Fabián Steven, Carlos René Andion, Walter Fabián Correa, Alicia Mabel Leiva, Elba Patricia Lezcano, Jorge Armando Batalla, Aldo Adolfo Leiva, María Susana Simonofski, Oscar Alberto Nievas, Carlos Gerardo Palacios, Lorenzo Heffner, Héctor Justino Vega, Carlos Antonio Ibañez y Estela Carina Mitoire.

La lista sigue con  Alfredo Osvaldo Zamora, Raúl Alberto Cantín, Teodoro Segundo Camino, Gustavo Daniel Racca, Roberto Gustavo Dehesa, Héctor Carlos Godoy, José Antonio López, Juan Carlos Bacalini, Juan Enrique Orellana, Julio Ernesto Castro, Luis Víctor Stanicia, Alberto Rodolfo Escudero, Eduardo Leonel Galantini, Hermes Armando Bordón, Federico Neis, Ricardo Miguel Casi, Diana Edith Argüello y Héctor Aníbal Olivera. Se añaden los acusados Oscar Darío Ostoich, Jorge Alejandro Eijo, Gustavo Alfredo Walker, Francisco Aurelio Iribarren, Marta Susana Medici, Ricardo Néstor Curetti, Carlos Marcelo Racciatti, Francisco Manuel Felipe Durañona y Vedia y Francisco Virgilio Gutiérrez.

El fiscal Carlos Rívolo

Todos ellos, en su rol de intendentes, "percibieron los fondos, en representación de sus respectivos municipios, y que en sus respectivas administraciones los destinaron a fines distintos a lo acordado", dijo la fiscalía.

Rivolo hizo hincapié, de cara a un futuro juicio oral, que  "las maniobras ilícitas perpetradas por los funcionarios que gestionaron los fondos asignados a aquel proyecto (un total aproximado de $590.136.927), han incidido directamente en que, habiendo transcurrido más de una década desde la implementación del Programa, el país se encuentre sumamente atrasado en materia de tratamiento de los residuos que generan sus habitantes y que, a grandes rasgos, no se hayan cumplido los principales objetivos fijados en el Proyecto" privando "a la ciudadanía de gozar de una mejor calidad de vida en materia ambiental".

"A esta altura, no resulta llamativo que el 35,3% de la población cuente con una disposición final inadecuada de sus residuos, por cuanto un 9,9% los deposita en vertederos controlados y, un 24,6%, en basurales a cielo abierto", se añadió.