Frenado el robo masivo de cables de telefonía y de fibra óptica, reunidos numerosos elementos de prueba y pasada la instancia de las declaraciones indagatorias –donde algunos de los acusados decidieron explicar su situación y otros optaron por el derecho a no declarar-, el fiscal general Daniel Adler, a cargo interinamente de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, en trabajo conjunto con el auxiliar fiscal Pablo Iadarola, solicitó al juez federal Santiago Inchausti el procesamiento de catorce personas que habrían intervenido en las distintas instancias de la extracción del material y su incineración, la logística para su desarrollo y la compra del cobre robado, que se valúa en unos 6 millones de pesos.

A su vez, pidió el sobreseimiento de ocho adolescentes de entre 13 y 17 años, y la falta de mérito para sobreseer o procesar a tres personas, que a través de sus relatos ante las autoridades judiciales, se pusieron fuera del lugar de los hechos o bien explicaron la tarea lícita que hacían en el lugar.

La causa se inició en los primeros días de julio a partir de la denuncia formulada por el apoderado de Telefónica de Argentina, en orden al delito de interrupción del servicio telefónico mediante el corte y sustracción de cables, que afectó a 158 familias que se quedaron sin conexión.

De inmediato, el fiscal general dio intervención con tareas de investigación a la Agencia Regional de la Policía Federal Argentina, a cargo del Comisario Fabián Capponetto, con la intención de corroborar los hechos denunciados. El accionar policial constató que había seis adultos y una persona menor de edad, con picos y palas, quienes llamativamente no tenían documentación personal ni teléfonos celulares.

Una de las medidas siguientes fue analizar las imágenes obtenidas por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) municipal, dispuestas en el lugar de los hechos, que registraron gente con tareas al borde de la zanja y la presencia de varios actores con un notorio rol de dirección, e incluso se identificaron varios vehículos, algunos de los cuales se ocuparon de llevar personas hasta el lugar. Tras una breve descripción de esto, los investigadores policiales concluyeron: “Es evidente que este inicio de los acontecimientos claramente es intencional no pudiendo alegarse que la extracción del cableado haya sido casual, en virtud que orientación que estos sujetos reciben es precisa y allí comienza la actividad ilícita”.

Una de las personas que fue identificada a través de su vehículo, dando órdenes y coordinando las tareas de excavación, incluso habría suministrado viandas y bebidas a las personas que estaban con el trabajo del cavado. A su vez, las imágenes del COM mostraron que alguno de los vehículos observados en el lugar cargó parte del material sustraído y se dirigió por avenida Polonia hacia al Norte, a unos 200 metros de donde se encuentra emplazado un comercio denominado “PC”, dedicado a la compra venta de metales, conocido como “chatarrera”.

En base a las pruebas reunidas se dispuso el registro de ocho domicilios, entre ellos el local de avenida Polonia al 1600, donde se secuestraron, entre otros elementos de interés, 28 bolsones cargados con cobre de diversos calibres, los cuales fueron identificados por personal policial y de la firma Telefónica como el tipo de cable que es utilizado para brindar servicio de telefonía. Además, en una de las viviendas allanadas se secuestraron cuatro armas de fuego y gran cantidad de municiones.

Para Adler los hechos investigados no fueron obra de improvisados. “Las pruebas colectadas en este caso me permiten inferir que la importante cantidad de personas desplegadas en el lugar para cavar, zanjar, sustraer el cable, quemarlo y trasladarlo para su venta, estaba bien organizado. Las fotos ilustran que la zanja se encuentra cavada siguiendo los mismos parámetros en todo su recorrido, no habiéndose desmoronado en ninguno de sus tramos”, precisó.