Luego de 20 meses de audiencias y una innumerable cantidad de pruebas el Ministerio Público Fiscal de la Nación pidió 31 penas de prisión perpetua en el juicio conocido como Subzona 15 que tiene 40 de los acusados de delitos de lesa de humanidad.

El fiscal Juan Pablo Curi y los auxiliares fiscales María Eugenia Montero y Julio Darmandrail solicitaron además penas de entre seis y 25 años para el resto de los imputados por privaciones ilegales de libertad, tormentos, asesinatos y desapariciones de 272 víctimas.

La magnitud de esta causa judicial permitió conocer en detalle el circuito represivo en la órbita de la Subzona 15: los centros clandestinos de detención y de las condiciones inhumanas de vida imperantes.

Tal como lo informa oficialmente la página fiscales.gob.ar este megajuicio tuvo como novedad que 31 imputados se “sentaron” por primera vez en el banquillo. Además, llegaron a esta instancia de debate oral por primera vez 97 casos que fueron reconstruidos a partir de las pruebas incorporadas al juicio y los testimonios escuchados en estos casi dos años de audiencias. Estas circunstancias, plantearon los fiscales al inicio del alegato, “nos ponen ante la verdadera magnitud de la represión estatal en jurisdicción de la Subzona 15”.

“Durante el alegato se revisaron los testimonios y documentos incorporados al juicio, que han dado sustento al pasado violento que sumergió a la ciudad de Mar del Plata y zonas aledañas en lo que se dio en llamar la ‘lucha contra la subversión’, entendiendo que los hechos cometidos en ella fueron parte del engranaje del sistema represivo instaurado en Argentina en la década del setenta, por los miembros de las fuerzas que ocuparon el poder”, expusieron.

La acusación reparó en que la sistematicidad delictiva adoptada como una política institucional de las fuerzas armadas a partir del plan sistemático de represión estatal está acreditada no sólo por la “Causa 13” sino que también por las distintas sentencias dictadas en los juicios de lesa humanidad realizados en esta jurisdicción. “Se ha probado que en la ciudad de Mar del Plata existieron centros clandestinos de detención y tortura, operados por las distintas Fuerzas Armadas y de Seguridad que conformaron un circuito represivo de gran envergadura”, sostuvieron.

Los acusados

Durante el alegato, los fiscales describieron a quiénes se estaba juzgando y qué roles cumplían a la fecha de los hechos investigados. “Los imputados han sido virtuales ausentes durante las audiencias de debate, autorizados para no presenciar la recepción de la prueba, han ocupado el banquillo solo en las ocasiones que el Código Procesal impone como imprescindibles. También es cierto que sus nombres no han resonado en la sala de boca de los cientos de testigos que pasaron por el tribunal. No es ello casual”, dijeron.

“No estamos en presencia de autores directos que hayan cometido los ilícitos de propia mano y tampoco, en la mayoría de los casos, se trata de los jefes máximos de las Fuerzas Armadas en la jurisdicción que han sido condenados con anterioridad y/o no han llegado a estar en juicio a causa de su fallecimiento o de su incapacidad sobreviniente”, repararon luego.

Los acusados son Virtom Mendiaz (pedido de pena a prisión perpetua), Alfredo Arrillaga (prisión perpetua), Eduardo Blanco (prisión perpetua), Jorge Toccalino (prisión perpetua), Carlos Suarez (prisión perpetua), Fortunato Rezzet (prisión perpetua), Juan Aiello (prisión perpetua), Hugo Pabón (prisión perpetua) y Eduardo Isasmendi Sola (diez años). También son juzgados Gregorio Molina, Alcides Cerutti (prisión perpetua) y Gonzalo Gómez Centurión (doce años).

Además Justo Ortiz (prisión perpetua); César Martí Garro (25 años), Eduardo Frías (prisión perpetua), Mario Blanco Azcarate (prisión perpetua) y Alfonso Nicolás (prisión perpetua); Raúl Pagano (prisión perpetua), Alfredo Weinstabl (prisión perpetua), Luis Bonanni (prisión perpetua); Rafael Guiñazú (prisión perpetua), José Lodigiani (prisión perpetua) y Carlos Robbio (prisión perpetua); Omar Gronda (prisión perpetua); Ernesto Davis (prisión perpetua), Juan Contreras (6 años), Silverio Cortez (6 años), y Juan Carrasco (15 años).

Finalmente Julio Fulgencio Falcke (para quien se pidió la pena de prisión perpetua), Héctor Azcurra (prisión perpetua), Oscar Ayendez (prisión perpetua) y Policarpo Vazquez (prisión perpetua), Raúl Pizarro (para quien se solicitó prisión perpetua), Carlos Mansilla (prisión perpetua), Miguel Parola (prisión perpetua), Juan Mosqueda (25 años de manera unificada con las condenas recibidas en Base Naval 2 y 3); Ariel Silva (a quien se le pidió pena de 23 años también de forma unificada con las recibidas en Base Naval 2 y 3), Néstor Vignolles (a quien se le solicitó pena de prisión perpetua) Osvaldo Siepe (prisión perpetua) y Eduardo Vega (prisión perpetua).

Por último, se detalló que se juzga la conducta del comisario Juan Alberto Rincón, titular de la Comisaría de Miramar, donde permanecieron alojadas víctimas secuestradas en la vecina ciudad que en su mayoría también tuvieron su paso por distintos centros clandestinos operados por la FUERTAR 6 de Mar del Plata.