El fiscal mayor Guillermo Massimi solicitó ayer condenas de prisión efectiva para cinco de los ocho imputados en la primera causa donde se juzga el escándalo de las Letras de Tesorería durante la gestión del ex gobernador Hugo Cóccaro.

Massimi realizó la solicitud durante la etapa de alegatos del juicio oral y público que se lleva a cabo en el edificio de Tribunales de Monte Gallinero, y que podría tener un veredicto de los jueces durante esta jornada.

El representante del Ministerio Público requirió la pena más dura, de cuatro años y seis meses de prisión, para el ex Contador General y Tesorero de la Gobernación, Alfredo Iglesias.

También pidió una condena de tres años y diez meses de cárcel para el ex director contable del Ministerio de Economía, Horacio Medone, y de tres años y seis meses para la ex agente contratada Mariela Dana y la ex empleada pública María Lorenzo.

Por su parte, para el ex ministro de Economía Horacio Sosa, la máxima autoridad jerárquica involucrada en el fraude de 1,7 millones de pesos en Letras, solicitó una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, atendiendo a que fue una de las personas que confesó el delito.

El otro imputado confeso, Ariel Arrébola –el comerciante de Río Grande que participó de la maniobra– también recibió el mismo pedido de condena, pero con prisión de cumplimiento en suspenso, por lo que de confirmarse el mismo criterio por parte del tribunal, no iría a la cárcel.

A su vez, el Fiscal Mayor llegó a la conclusión de que sobre el ex secretario de Contrataciones y Suministros, José Mallemaci, y sobre su segundo, Juan Eduardo Galego, no existen evidencias para considerarlos penalmente responsables de un ilícito, y en base a ello se pronunció por su absolución de culpa y cargo.

El funcionario judicial consideró a los seis sospechosos sobre los que requirió condena, como coautores del delito de “peculado, falsedad de y supresión de documento público en concurso ideal”, salvo a Arrébola al que le endilgó una participación primaria en el mismo ilícito.

Sobre los cinco que deberían purgar una condena efectiva (Sosa, Iglesias, Medone, Dana y Lorenzo), Massimi reclamó que se les dicte “prisión preventiva” y que se ordene su detención ni bien concluya el juicio.

Además, si son considerados culpables, todos será inhabilitados a perpetuidad para ejercer cargos públicos y deberán hacerse cargo de las costas del juicio y del perjuicio ocasionado al Estado, que hasta el momento fue calculado por el Tribunal de Cuentas en algo menos de 400 mil pesos.

Agravantes y atenuantes

A la hora de su alegato, la Fiscalía tuvo en cuenta el buen concepto y la falta de antecedentes de los involucrados, pero también se valoraron agravantes como la responsabilidad funcional que tenían varios de ellos.

Las confesiones también tuvieron un peso importante en la evaluación fiscal. Por ejemplo, Massimi calificó de “valiente” la actitud del ex ministro Sosa, que “aún con dureza, prestó una declaración que posibilitó cerrar el círculo probatorio en torno al caso, y se expuso a los reproches sociales que ello implica”.

Además, el funcionario judicial justificó que en el caso del ex ministro (y también de Arrébola) se atenúe la pena en concordancia con los tratados internacionales contra la corrupción (a los que adhirió el país) que impulsan este tipo de medidas como una forma de llegar a la verdad en casos donde suele haber dificultad probatoria.

Sobre el comerciante Arrébola, el fiscal valoró también el “reconocimiento, un poco tímido al principio, de los hechos investigados”, y que haya sido el primero que brindó un testimonio importante sobre el caso. También que fue el único (“en un hecho inédito”, destacó) que devolvió parte del dinero sustraído al Estado (60 mil pesos más un terreno ubicado en Río Grande que ya fue embargado por la Justicia).

Como un agravante general, Massimi se refirió, además, a la “pluralidad de actores” que se pusieron de acuerdo para fraguar expedientes administrativos y generar una deuda del Estado por servicios e insumos del negocio de Arrébola, nunca prestados en realidad.

En tanto, al ex contador Iglesias, la Fiscalía le endilgó haber adoptado la actitud “más temeraria” y haber actuado de forma “comprometida” con el ilícito bajo investigación.

Tras los alegatos de tres de las defensas (sólo el abogado Félix Santamaría defiende a dos imputados) el Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia integrado por los jueces Jorge Magraner, Alejandro Pagano Zavalía y Maximiliano García Arpón pasó a un cuarto intermedio hasta hoy, en que se escucharán los restantes cuatro alegatos. Después vendrán las últimas palabras de los involucrados, antes de que los magistrados se retiren a deliberar hasta llegar a un veredicto.