De la investigación, realizada por los agentes fiscales Javier Pizzo y David Bruna, surgieron elementos de convicción suficientes para tener por acreditado que a principios de mayo de 2014, Eduardo Bruzetta amenazó a un hombre con dictar una resolución que perjudicara su posición de permisionario en la venta de pochoclos y garrapiñadas.

La intimidación era para que el hombre renunciara a la continuidad de un expediente iniciado contra el Municipio en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2. Según indicaron las fuentes judiciales, el hombre no desistió de la acción y el derecho en la causa que lo tenía como actor, siendo dicha conminación posteriormente ejecutada.

En la misma investigación, se indica que en septiembre del mismo año, Bruzetta ordenó verbalmente proceder a la demolición de un inmueble ubicado en la calle 11 de Septiembre 3507. En este marco, el informe judicial indica que el ex funcionario omitió exteriorizar la voluntad de la administración toda vez que no formalizó el correspondiente acto administrativo o resolución escrita conforme lo indica la ley.

Asimismo, en el marco de la decisión asumida, las fuentes juiciales indican que Bruzetta soslayó sin fundamento el dictamen jurídico emitido por abogados que integran la Procuración del Municipio de General Pueyrredón. En el mismo, le habían sugerido que se emitiese un informe técnico con el objeto de precisar si los riesgos de derrumbe podían ser neutralizados o no.