El sábado pasado se realizó un plenario de los integrantes de la Campaña Paren de fumigarnos de la provincia. Luego de la realización del encuentro, consensuaron una declaración en la que en un primer punto pronuncian “la profunda indignación ante el no tratamiento del Proyecto de Reforma a la Ley 11.273/95 mal llamada de «Fitosanitarios», donde se solicitan medidas «urgentes» que garanticen la salud de la población santafesina y la de su territorio natural”.

Además, en el documento se “condena el atropello a la democracia por parte del Gobierno de la Provincia, en todos sus estratos que no da respuestas reales sobre los innumerables pedidos que la Campaña Paren de Fumigarnos realizó a fin de evitar el menoscabo de la salud y del ambiente que genera el modelo productivo imperante basado en los organismos vegetales genéticamente modificados (transgénicos) y su paquete tecnológico”.

Por otra parte, se expresa: “No fuimos oídos ni tenidos en cuenta. Jamás se llamó a la sociedad a debatir pública y organizadamente sobre la problemática socio-ambiental que entraña el modelo agroindustrial. Así, se menoscaban nuestros derechos a la vida, a la protección de la naturaleza y a la garantía de ambiente sano que permita el desarrollo de las generaciones futuras”.

En el segundo punto de la declaración se “ratifica la imperiosa necesidad de contar con una ley que regule el uso de los plaguicidas y que contemple zonas de resguardo para los vecinos de los pueblos fumigados y por ende volverá a ser presentado el año que comienza, con la esperanza de obtener de una vez por todas, una ley que garantice la vida por sobre el dinero”.

Los integrantes de la campaña también aseguran que con la reclasificación de los productos y sus toxicidades “aumentó la cantidad de aplicaciones y por ende los millones de litros esparcidos, lo que conlleva a rever las alternativas de resguardo más eficaces que garanticen la salud y el ambiente para todos”.

“Creemos que es imperiosa la necesidad de pensar en posibles alternativas de transición hacia un modelo agrario agroecológico, económicamente justo, socialmente equitativo y ambientalmente equilibrado, que fomente la producción local de alimentos sanos y nutritivos, donde el trabajo comunitario, las economías regionales y la salud de la población sean los ejes rectores de aquel”, argumentaron.

En el tercer punto se hace un llamado “a los vecinos y vecinas de los pueblos fumigados a que tomen medidas de autoprotección sobre su salud, la de su familia y su ambiente, haciendo cumplir las ordenanzas locales y la ley vigente”, como también a unirse a la “campaña en esta lucha por la vida de todos”.

También expresaron: “Repudiamos los hechos de hostigamiento por parte de sectores académicos ligados al agronegocio que sufre nuestro compañero Dr. Medardo Ávila Vázquez de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados en la provincia de Córdoba, y le decimos que no está solo, que el pueblo de Santas Fe lo acompaña”.

Además, en la declaración se dedica un párrafo a los “ciudadanos caídos el 19 y 20 de diciembre de 2001 víctimas de la represión estatal que en Santa Fe se visualiza en el querido Pocho Lepratti”.

Concretamente desde la Campaña se reclama al Ejecutivo provincial “la urgente incorporación del proyecto de reforma de la ley Nº 11.273/95 al pedido de tratamiento en sesión extraordinaria de la Legislatura santafesina” y que “se prohíba la aplicación del agrotóxico 2-4D en todo el territorio provincial”.

Además, se solicita “se dé urgente respuesta al petitorio del expediente administrativo presentado al gobernador Bonfatti sobre denuncia de las Escuelas Rurales de la provincia de Santa Fe que son fumigadas aún con niños y maestros en clase” y “se otorgue de inmediato Audiencia Pública para el debate y la participación de la ciudadanía, que fue solicitada a la Legislatura y al gobernador Bonfatti en cartas avaladas por más de cien instituciones, el pasado jueves 23 de octubre”.