El juicio oral por el caso Oil Combustibles se recalentó ayer con las denominadas “cuestiones preliminares” que definirán el futuro de las eventuales nulidades que puede acarrear el proceso. Las defensas del extitular de la AFIP Ricardo Echegaray y de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa apuntaron a los “vacíos” dejados en la instrucción de la causa a cargo de Julián Ercolini y a una serie de irregularidades que cimentaron la construcción de toda la investigación desde sus orígenes. Señalaron un posible caso de “forum shopping” -la elección de un juzgado para evitar el azar-, la fragmentación de expedientes, la ausencia de una pericia contable que está todavía en curso, y –en lo político- la interferencia del Poder Ejecutivo para apuntalar la realización del debate oral que se está sustanciando. Por esto, pidieron al Tribunal Oral Federal N°3 que suspenda el juicio hasta tanto se incorporen todas las cuestiones faltantes.

Los planteos de los abogados revisen una faceta técnica. A su turno, señalaron que la causa se inició escogiendo a Ercolini como juez, a partir de una presentación de Elisa Carrió. Eso eludió la vía de sorteo en el comienzo de la investigación. También se remarcó que el juzgado a cargo de Ariel Lijo tuvo un expediente por idénticas características (planes de pago de AFIP) pero para el Correo Argentino, que se terminó archivando el 2 de mayo de 2019 por inexistencia de delito.

Uno de los argumentos centrales es que no se terminó la denominada “instrucción complementaria” ordenada por el Tribunal, donde se esperan las conclusiones de una pericia contable. Más allá de que la AFIP, como querellante, reclama una deuda de $8 mil millones, no hay una cifra certera que surgirá del análisis contable pendiente. En ese sentido, se atacó el requerimiento de elevación a juicio por tener falta de precisión. De hecho, en la audiencia pasada, el propio TOF apuntó a salvar qué tramos forman parte de la discusión jurídica porque se habían incluido períodos fuera del denominado objeto procesal que se debía juzgar.

El excamarista León Arslanián, que representa a Echegaray recordó que aún no está firme la situación procesal de otros imputados, exfuncionarios de la AFIP de áreas directivas y que debería ser juzgado todo en el mismo juicio. De 20 imputados, solo tres fueron incluidos en este juicio. El resultado es que quienes participaron del procedimiento de otorgamiento de planes generales y especiales de la AFIP y que los autorizaron sin objeciones el trámite administrativo desde el organismo recaudador no pueden declarar en este debate porque están sujetos a un proceso paralelo, pero que fue atrasado para que quede disociado. El abogado –pese a no ser defensor de los empresarios- hizo alusión a que López y De Sousa debieran ser excarcelados, decisión que el TOF 3 no quiso asumir hasta tanto hubiese un fallo de primera instancia sobre la denuncia que planteó Ercolini por una supuesta venta de acciones que no se corroboró en primera instancia, pero que tampoco tuvo un fallo que lo defina.

Beraldi pidió directamente la nulidad de todo el juicio y juzgó una “interferencia del Poder Ejecutivo Nacional” en relación a la reacción de Mauricio Macri cuando la justicia decidió un cambio de carátula en el expediente. Paradójicamente, mencionó que existe prueba que aún no fue producida, lo que afectaría el derecho de defensa, pero también el principio de congruencia en las acusaciones. Como reveló Ámbito Financiero, existió hace unos meses una rebelión de jefes en la AFIP que se quejaban de la judicialización de su personal por acciones que, a su entender, se ajustaban a los procedimientos normales del organismo. Las defensas reclamaron que los 30 firmantes de esa nota dirigida a Leandro Cuccioli fueran citados como testigos, dado que el caso por el que se quejaban era por Oil Combustibles. Ni siquiera la nota fue incorporada como prueba en el debate.

La acción civil –que se juzga en simultáneo- también fue criticada por las defensas. La calificaron de “show del derecho creativo”, precisamente porque la AFIP reclama daños y perjuicios donde y un supuesto “lucro cesante” como si fuese un privado. En teoría, este tipo de acciones prescriben a los 2 años y que la impericia de la AFIP, medidas cautelares de por medio, sabotearon el cobro efectivo de impuestos adeudados.

La semana que viene responderá el fiscal Juan García Elorrio y la AFIP. Luego resolverá el tribunal si hace lugar o no al pedido de suspensión.