A través del proyecto 067/2016, el bloque de Unión para Vivir Mejor solicita a SPSE que se aplique en todo el ámbito de Santa Cruz el esquema de tarifa social.No se trata de un proyecto de ley, sino de resolución, por lo que, de aprobarse, la empresa no tiene obligatoriedad alguna de cumplir con lo pedido.Los legisladores, encabezados por el jefe de la bancada, Daniel Gardonio, plantean que la tarifa social sea automática tanto para electricidad, como agua y cloacas, reduciendo en un 5% la boleta de servicio para quienes sean: - Sólo jubilados o pensionados que cobren dos salarios mínimos brutos o menos ($ 16.120).- Sólo trabajadores en relación de dependencia que cobren dos salarios mínimos brutos o menos ($ 16.120).- Sólo monotributistas de categorías que correspondan a un ingreso anual mensualizado de dos salarios mínimos brutos o menores ($ 16.120).- Sólo Beneficiarios de programas sociales.- Sólo inscriptos en el monotributo social.- Sólo beneficiarios de pensiones no contributivas con ingresos brutos iguales o menores a dos salarios mínimos ($ 16.120).- Sólo beneficiarios del seguro de desempleo.- Sólo empleados del servicio doméstico incorporados al régimen especial de seguridad social.- Sólo titulares de la pensión vitalicia a veteranos de guerra del Atlántico Sur.- Personas con certificado de discapacidad expedido por autoridad competente.- Personas que sufran o convivan con otra persona que sufra una enfermedad cuyo tratamiento implique electrodependencia (hasta 600 Kwh/mes).En tanto, plantean que por agua y cloacas, las personas comprendidas en la tarifa social paguen un mínimo de $ 124 y un máximo de $ 262.Aclaran que no podrían acceder a la tarifa social quienes sean propietarios de más de un inmueble, posean un vehículo de hasta 10 años de antigüedad (a menos que posean un certificado de discapacidad) o tengan aeronaves o embarcaciones de lujo. También plantean que se reduzca en un 10% la tarifa en aquellos lugares que la empresa considere “vulnerables” por no contar con alumbrado público o estén alejados de manera considerable de la zona más urbanizada.En otro punto, plantean que se reduzca un 45% a clubes o asociaciones de barrio o federados de toda la provincia que no tengan actividades deportivas o culturales rentadas y/o jugadores pagos en sus equipos; un 30% a los productores chacareros que vendan productos alimenticios en el mercado local o provincial, y un 15% a los panaderos, como a los que industrialicen carnes.