El fiscal federal Gustavo Vidal Lascano solicitó ayer el sobreseimiento del intendente Ramón Mestre en la causa por el supuesto desvío de fondos provenientes de los Subsidios Nacionales al Transporte que le correspondían a la empresa Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado (Tamse) en favor de la UTE Ersa-Autobuses Santa Fe.

En esa causa, Mestre se encuentra imputado de defraudación a la administración pública, al igual que el secretario de Transporte, César Ferreyra; su antecesor, Juan Pablo Díaz Cardeilhac, y el presidente de la empresa Ersa, Juan Carlos Romero. El pedido de sobreseimiento de la fiscalía es para todos los imputados.

Ahora es el juez federal Ricardo Bustos Fierro quien debe definir si confirma los sobreseimientos o avanza con la investigación.

La causa judicial se inició por una denuncia del concejal del Frente Cívico Daniel Juez, quien luego de las imputaciones realizó otra presentación, para exponer otros supuestos desvíos de subsidios.

En esencia, los supuestos hechos que la Justicia investiga refieren a una situación registrada desde septiembre de 2013 hasta marzo de 2014. En ese período, los servicios de Tamse pasaron a la UTE Ersa-Autobuses Santa Fe, que tomó provisoriamente a su cargo todos los corredores de la empresa municipal, y habría cobrado los subsidios nacionales y los cupos de gasoil correspondientes a ocho colectivos articulados que cumplen funciones en el servicio de trolebuses. A diferencia del servicio de colectivos, el de troles permaneció siempre en manos de Tamse.

La denuncia de Juez recalcaba que declaraciones juradas con la firma del intendente Mestre informaban a la Nación que esos coches estaban en manos de la UTE y que por esa razón los privados se beneficiaban con unos 240 mil pesos mensuales que le correspondían a la empresa municipal.

El hecho fue admitido por la empresa Ersa. El 23 de abril pasado, en una solicitada publicada en este diario, la firma correntina admitió haber recibido esos subsidios correspondientes a unidades que seguían operando para Tamse, aunque informó que ya los había devuelto.

“La UTE (Ersa-Autobuses Santa Fe) reintegró a Tamse los Subsidios Nacionales al Transporte ($ 1.581.148) y los cupos de gasoil (85.287 litros) percibidos a partir del día 1° de septiembre por ocho unidades articuladas gasoleras”, decía la solicitada.

Desde el municipio siempre se apeló al argumento de la confusión administrativa y la lentitud de la Secretaría de Transporte de la Nación para actualizar las declaraciones juradas que mensualmente envía el municipio para explicar el hecho denunciado por el juecismo.

La defensa jurídica del intendente, encabezada por los abogados Luis Sayavedra y Virginia Sayavedra Milano, pidió de inmediato la nulidad de la imputación y basó su argumentación en el hecho de que ninguna “acción” realizada por Mestre generó “daño o perjuicio” al Estado nacional, por lo cual no se considerarían cumplidos los supuestos de un delito.

Luego de que el juez tomara testimonios al secretario Ferreyra y al exsecretario de Transporte Díaz Cardeilhac –y recibiera los descargos de Mestre y del dueño de la empresa Ersa– todo indica que el fiscal Vidal Lascano encontró suficientes las explicaciones y entendió también que no se configuró ningún delito.

Tres denuncias del juecismo

Justicia federal. Con el pedido de sobreseimiento del fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, el intendente Ramón Mestre recibió una buena noticia, ya que está imputado de defraudación a la administración. A la denuncia la había hecho Daniel Juez.

Fiscalía Anticorrupción 1. El intendente, el viceintendente Marcelo Cossar y el exsecretario General Juan Pablo Ostanelli están denunciados por dádivas por un viaje a Corrientes a una fiesta de la empresa Ersa. No hay imputados. A la denuncia la hizo el senador Luis Juez.

Fiscalía Anticorrupción 2. El viceintendente Marcelo Cossar fue denunciado por una supuesta mediación en una clausura. No hubo avance en la causa. La denuncia también es de Daniel Juez.