El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió hoy al juez federal Julián Ercolini el procesamiento del empresario K Cristóbal López, de su socio Fabián De Sousa y del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, entre otros, en la causa en que se investiga un fraude impositivo de 9 mil millones de pesos. Además, solicitó que se trabe un embargo sobre los bienes de López y De Sousa hasta cubrir casi 9 mil millones de pesos.

Según el fiscal, Echegaray permitió al “zar del juego” participar de planes de facilidades de pago respecto del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) a través de sus estaciones de servicio Oil Combustible por 9 mil millones de pesos que el empresario utilizó “para expandir y capitalizar el conglomerado económico Grupo Indalo". Se trataron de 180 planes de pagos otorgados entre el 2013 y el 2015 que, según el fiscal, permitieron a López financiar con esos impuestos retenidos al resto de las empresas del Grupo Indalo con la“convivencia” del gobierno de Cristina Kirchner. En esos años, la entonces presidente pidió a López comprar medios de comunicación para apoyar su gestión.

Sobre Echegaray en particular, Pollicita sostuvo que, por ejemplo, “otorgó en forma directa y personal, en menos de 24 horas, un plan de pagos del art. 32 por una suma sideral de dinero ($980.668.085,44), ello, sin hacer ningún tipo de control”. Por esta razón, el fiscal también pidió el procesamiento de varios altos funciones de la AFIP que no ejercieron el debido control sobre Oil. Este tipo de planes era para empresas en crisis financiera.

Esta causa por fraude es conexa a la que tiene a cargo el mismo fiscal por una supuesta asociación ilícita formada desde el gobierno del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y que fuera denuncida por la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, en el 2008.

"Se investiga la operatoria criminal vinculada a la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita encabezada por el ex presidente Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, y conformada por funcionarios de alto rango del gobierno nacional, y un reducido número de empresarios amigos, entre ellos Lázaro Báez, Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Souza, destinada a acrecentar el patrimonio de aquellos y el posible retorno de ese dinero a la ex familia presidencial", recordó el fiscal en el dictamen.

Según la acusación del fiscal, entre 2013 y 2015, Oil Combustibles "omitió el pago de los conceptos correspondientes al ICL “habiendo abonado únicamente 7 períodos de los 55 en cuestión, siendo que los ex funcionarios indagados (como Echegaray) no reclamaron oportunamente el pago de la deuda". La empresa comenzó a operar en mayo de 2011 y desde entonces “omitió el pago del impuesto” que se cobraba a todos los clientes que cargaban combustible y que la empresa debía girar a la AFIP.

Al mismo tiempo, "habrían permitido por acción en algunas oportunidades y por omisión en otras, un gran número de irregularidades en el tratamiento, otorgamiento y posterior gestión de regímenes de facilidades de pago, permitiendo de ese modo que la empresa se valiera indebidamente de esos fondos para financiar a otras sociedades del Grupo Indalo, del cual la nombrada formaba parte".

“Resulta palmaria la connivencia que existía entre la máxima autoridad del organismo, Echegaray, y los restantes ex funcionarios –todos los cuales por su condición especial tenían el deber de administrar con transparencia y prudencia los intereses del Estado– y los empresarios de mención –quienes como contracara se beneficiaban de esa administración infiel”, agregó.

Según Pollicita, el Estado Nacional "dejó de percibir más de 5.000 millones de pesos en concepto de capital, los que al momento de solicitar esta parte la declaración indagatoria alcanzaban la suma de más de 8.900 millones de pesos con los intereses incluidos".

El dictamen, de 75 páginas que Clarin.com adelantó ayer, describe tres pasos de la presunta maniobra: la inmersión en el negocio petrolero con la creación y puesta en funcionamiento de la firma Oil Combustibles, seguido de ello, la omisión de pago de los montos declarados y percibidos por dicha firma en concepto de ICL y el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago generales y particulares.

"Y en último término, como resultado de lo anterior, el perjuicio millonario ocasionado al Estado Nacional por la falta de ingreso del tributo en cuestión", resumió Pollicita. El fiscal se permitió reiteradas evaluaciones políticas en su dictamen: "es dable poner de resalto la alarma social que generan hechos como el presente, y la preocupación que han manifestado diversos organismos internacionales en los últimos años, a raíz de la propagación y reiteración de conductas que, como la presente, se enmarcan dentro de lo que se ha dado en llamar 'delitos de corrupción', que afectan la transparencia y honestidad con que debe desempeñarse la función pública, y atentan contra la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”.

La lista de pedidos de procesamiento incluye a Ángel Rubén Toninelli, Guillermo Michel, José Antonio Bianchi, Pedro Gustavo Roveda, Celeste Ballesteros, Walter David DÆangela, Eduardo Nappa, Pablo Jorge Aguilera, Simón Zárate, Fabián Di Risio, Karina Venier, Mabel Fadda, Walter Tetes, Víctor Cingolani y Gustavo Esperón, Claudio Burtin, Marcelo Eglis, Juan Vallee y Daniel Collazo.