“Importar residuos resulta doblemente nocivo para el país”, sostuvo la diputada Fernanda Vallejos, autora del proyecto que fue presentado en el Congreso. Según los fundamentos, permitir el ingreso de basura implica gastar recursos “para traer bienes que no nos reportan beneficio alguno e incluso perjudican a los que menos tienen”, a la vez de que se adquieren elementos potencialmente peligrosos.

El proyecto, que fue firmado también por los diputados Roberto Salvarezza, Verónica Mercado, Alicia Soraire, Cristina Álvarez Rodríguez y Jorge Romero, sostiene que el decreto es regresivo en materia de derecho ambiental ya que flexibiliza el ingreso de residuos al no exigir el control de toxicidad en el país de origen.

Según el pedido de derogación, el decreto impulsado por el Gobierno “viola dos principios elementales del derecho vigente”. El de la no regresión ambiental que indica que no se puede retroceder en cuanto a los derechos alcanzados sobre protección ambiental y el principio de progresividad que busca aumentar la protección jurídica.

El proyecto sostiene a su vez que la importación de residuos reciclables, tal como planteó el oficialismo, atenta contra el desarrollo de las economías populares, como las cooperativas de cartoneros, quienes también se organizaron y presentaron un pedido de nulidad.

Agrupados en la Federación de Cartoneros y en conjunto con Greenpeace y el abogado ambientalista Enrique Viale, los recicladores también presentaron un recurso para frenar la importación de residuos. El recurso de revocatoria presentado en la Casa Rosada denuncia que el decreto “facilita la importación de residuos” y abre las puertas para que la Argentina se convierta en el “basurero del mundo”.

El escrito afirma que ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo pueden emitir “normas que deroguen o reduzcan el nivel de protección del ambiente alcanzado” por medio de otras leyes. Las cooperativas planean movilizarse desde el Obelisco a la Secretaría de Ambiente, el próximo martes 17, a las 10, para pedir la nulidad del decreto y que se declare la Emergencia Ambiental de Residuos y Basurales.

“Es necesario para resolver la crisis ambiental y social que significan los más de 3000 basurales a cielo abierto, donde miles de nuestros compañeros y compañeras trabajan en condiciones extremas, y para impulsar un programa nacional de reciclado con inclusión social”, sostuvo Jaquelina Flores de la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores.

La preocupación por el decreto llegó también al Senado. La senadora Magdalena Odarda solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación para garantizar que la modificación no viole los derechos ambientales establecidos en la Constitución, entre ellos la prohibición de importar residuos peligrosos.

Odarda pidió además que la Cámara alta cite al Secretario de Ambiente y de Desarrollo Sustentable, el rabino Sergio Bergman, para que explique los alcances del decreto, que quitó como requisito el certificado de inocuidad expedido por el país de origen.

“Este decreto es un colador que podría permitir el ingreso de residuos peligrosos de países que hoy están buscando dónde establecer basureros industriales alejados de sus tierras. Estamos retrocediendo de manera alarmante en los derechos sociales y ambientales”, opinó la senadora, quien aclaró que desde su bloque insistirán con la nulidad.