Hay elementos suficientes -expresó Martín Hernández- para que se investigue este hecho, se citen a funcionarios involucrados y a los particulares que han intervenido en el "negociado", y que podamos avanzar en la determinación de responsabilidades penales a quienes han dispuesto de bienes del estado provincial en violación a las leyes vigentes.

"El estado provincial no puede manejarse como un almacén, disponiendo por fuera de los mecanismos y procedimientos transparentes, públicos y oficiales, la disposición de bienes del estado".

"El estado provincial y desde luego, sus funcionarios tienen mecanismos legales establecidos para efectuar este tipo de operaciones" -expresó el diputado Hernández-, "está la ley de administración financiera del estado, la Ley 1180, que expresamente ordena procedimientos específicos tanto para la compra y contratación de bienes y servicios, como también para su venta, a fin de generar el marco de transparencia en el que deben desarrollarse todos los actos de disposición de bienes del estado, que finalmente es, ni mas ni menos, dinero de todos los formoseños".

El hecho saltó a conocimiento público mediante los medios de comunicación y en el que dieron cuenta de la existencia de ofertas en sitios de Internet de vehículos oficiales de la provincia de Formosa, y respecto del cual se desconocía que haya existido proceso de oferta pública en el territorio provincial.

"Nadie sabía nada" ,indicó el legislador- nadie se enteró que el estado estaba vendiendo vehículos en desuso, ni siquiera los que están en el rubro de compra y venta de vehículos, y de repente hay un particular ofreciendo vehículos del estado, quien, ante la consulta al "aire" del periodista, indicó claramente que él estaba haciendo "un negocio" y que había adquirido esas unidades al estado provincial.

EL "NEGOCIO"

La operación o "negocio" como dijo el comerciante beneficiado con esta maniobra, consiste en recibir desde el Estado decenas de camionetas y autos oficiales en desuso y canjear esos rodados por algunas camionetas y autos 0 Km, todo de manera directa, sin remate, oferta pública o elemento que permita abrir la operación a terceros de manera pública.

Según el informe periodístico se calcula que la operación sería por un monto de $ 3.000.000.

Al haber tomado estado público este hecho, y ante la omisión por parte de los fiscales locales de abrir una investigación al respecto, o al menos, no tomamos conocimiento de que lo hayan hecho, nos presentamos en nuestro carácter de funcionarios públicos a efectuar la denuncia pedir que la Justicia tome cartas en el asunto e investigue.