El ministro de la Corte de Justicia, José Cáceres, pidió que el pleno de la Corte inste un conflicto de poderes en contra del Poder Ejecutivo por la modificación del presupuesto elevado por el Poder Judicial. Es porque el Poder Ejecutivo le recortó 100 millones de pesos del proyecto de presupuesto para este año. El planteo ya ingresó para ser tratado en el pleno de la Corte, que se reunió el miércoles último y deberá expedirse si acepta o rechaza la sugerencia de uno de sus miembros.

Cáceres realizó una extensa fundamentación del pedido en base a la doctrina jurídica y a los antecedentes que garantizan la autonomía presupuestaria del Poder Judicial. En este sentido señala que el Poder Judicial queda en un grave estado de inseguridad jurídica y financiera, que afecta negativamente la gestión de los servicios indispensables.

En primer lugar, recuerda que la Constitución de la Provincia establece atribuciones y deberes de la Corte de Justicia. En el inciso 5to. del artículo 206 se establece que la Corte "eleva anualmente al Poder Ejecutivo el cálculo de recursos, gastos e inversiones del Poder Judicial para su consideración por la Legislatura, dentro del presupuesto general de la Provincia, no pudiendo ser modificado sin su participación”.

Tras repasar la legislación provincial que garantiza la autonomía presupuestaria, Cáceres concluye que el planteo tiene base constitucional y legal. "Cuando es quebrantada o vulnerada por el accionar contra derecho del Poder Ejecutivo estamos en un típico caso de conflicto de poderes”, dice.

Señala que existe jurisprudencia en la Corte de Justicia en la que se ha precisado qué se entiende por conflicto de poderes y menciona que es cuando "uno de los órganos representativos del poder ejerce las atribuciones constitucionales y legales que corresponden al poder que se siente lesionado, configurándose así una invasión a extraña jurisdicción o cuando uno de los poderes impide al otro el ejercicio de sus facultades”.

Agrega que el artículo 204 de la Constitución Provincial atribuye a la Corte la competencia originaria para resolver los conflictos que se susciten entre los distintos poderes del Estado. En el caso de un conflicto iniciado desde el Poder Judicial podría intervenir la Corte Suprema de Justicia o un tribunal integrado del listado de conjueces locales.

El ministro de la Corte sostiene que es "irrenunciable” el planteo del conflicto cuando está comprometida una zona de reserva del Poder Judicial. "Deviene irrenunciable convertirse en el poder reclamante para restablecer el ejercicio pleno y sin interferencias de facultades propias, de otro modo estaríamos ante un no poder y solo una caricatura de éste. Mal puede hablarse de independencia si no se asegura la provisión de los recursos necesarios para una correcta administración de justicia”, sostiene.

Luego se refiere a las consecuencias que tendrá la poda : "El presupuesto siempre fue elaborado por el Poder Judicial con un norte, la racionalización del gasto público, de tal manera que este poder administra los fondos aprobados por ley sin la provisión de fondos extra; es decir, se ejecuta el presupuesto original, sin refuerzo de partidas. Esto hace a la previsibilidad del Poder Judicial, de manera que disminuir su presupuesto también afecta su previsibilidad, ya que cualquier sacrificio institucional no alcanzará para dar respuesta a los requerimientos de la sociedad que ve registrar un aumento de la inseguridad y la violencia en general".

"Considero que no pude haber independencia del Poder Judicial si no se puede dar su propio presupuesto. El Poder Ejecutivo restringió, per se, el presupuesto de la Justicia ubicándolo en una situación de desfinanciamiento y obligándolo a realizar un importante ajuste en sus partidas y seguramente solicitar más fondos, lo que indudablemente afecta la juricidad y el equilibrio de poderes, por lo que resulta imperativo instar el conflicto de poderes para el restablecimiento de la seguridad jurídica y financiera del Poder Judicial, de manera que no afecte la gestión de los servicios públicos indispensables", concluye.

Tras la presentación, la Corte deberá decidir si plantea el conflicto de poderes para pelear en la Justicia por la devolución del presupuesto.

Un tiro por elevación

En la argumentación Cáceres parafraseó al presidente de la Asociación Costarricense de Profesionales en Derecho del Poder Judicial, Carlos Chinchilla Sandí: "No pretendemos un poder judicial sobrado en recursos económicos -aunque no debemos negar que sí lo quisiéramos-, sino que, al menos se nos brinde la posibilidad de mirar de frente al usuario y explicarle lo difícil de ampliar o modernizar muchos de los campos donde se tratan materias de alto impacto social donde la respuesta no es la más adecuada. Pero no, cuál podría ser el resultado al disminuir nuestro actual proyecto de presupuesto: bajar la cabeza antes los múltiples reclamos de los usuarios y aceptar con un profundo silencio una culpa que no nos corresponde". El párrafo es un tiro por elevación al silencio de Magistrados y representantes sindicales frente al recorte de las partidas y un mensaje para sus pares.