Los exfuncionarios sciolistas no paran de recibir golpes al mentón por parte de la Justicia. Ayer, el fiscal platense Álvaro Garganta pidió la inhibición general de bienes y que se prohíba salir del país al exjefe de gabinete bonaerense Alberto Pérez, investigado por peculado y presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado provincial, informaron fuentes judiciales.

Además, el fiscal pidió la inhibición de bienes por hasta 15 millones de pesos, monto estimado para satisfacer la cuantía del perjuicio mencionado en el delito que se investiga y la prohibición de salir del país sin previa autorización judicial, según el escrito al que tuvo acceso diario Hoy.

La misma medida reclamó para Walter Carbone, exsubsecretario de Administración de la Jefatura de Gabinete, cuya mansión del country Abril resultó allanada en un procedimiento que incluyó el secuestro de una escultura que representaba la figura de un dragón alado que en su interior contenía una caja fuerte.

También pidió extender la medida a la contadora y exdirectora general de administración bonaerense Sandra Alicia Mamberti y las em­plea­dasMónica Ripamonti y Alejandra Tavelli.

En el pedido, elevado a la jueza de Garantías Marcela Garmendia, el fiscal consideró que las medidas se solicitan en “virtud de la magnitud de la presente investigación y la disponibilidad económica de los imputados”.

“Estas medidas resultan indispensables para garantizar la incolumidad de sus patrimonios, en perspectiva de una eventual condena resarcitoria y/o de decomiso y en otro orden para garantizar su presencia personal en el juicio”, indicó el funcionario judicial.

En el oficio elevado a Garmendia, el fiscal argumentó que “sin perjuicio de lo dicho en torno al resguardo de una eventual indemnización pecuniaria y de las costas del proceso, el Estado nacional por medio de las leyes 24.759, y 26.097 aprobó la Convención Interamericana contra la Corrupción, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”. Y luego refirió  que “ambos instrumentos internacionales contemplan el delito de peculado como un acto de corrupción, estableciendo además como objetivo prioritario el recupero patrimonial en favor de los Estados parte. (artículo VI de la Convención Interamericana y art. 17 de la Convención de las Naciones Unidas)”.

De acuerdo a las normas vigentes, una vez que el fiscal le haya tomado a los acusados declaración indagatoria, puede solicitar la inhibición de bienes y la prohibición de que salgan del territorio nacional. 

Estafa millonaria

Como se recordará, Garganta imputó a Pérez y a Carbone porque considera que “existen elementos suficientes para tener por acreditado que entre los años 2014 y 2015 sustrajeron en por lo menos 25 ocasiones la suma aproximada de $10.720.347 destinados a supuestos eventos que luego rendían con facturas apócrifas”.

En su declaración ante el fiscal el 7 de noviembre pasado, Alberto Pérez, el hombre que fue mano derecha de Scioli durante ocho años, negó su participación en los hechos y aseguró que “no tenía la potestad ni la capacidad” para determinar si esos comprobantes eran falsos “ya que daba por hecho que eso lo observaban los funcionarios competentes”.

Sin embargo, bien se sabe que en la administración pública, salvo que se forme parte de una red de corrupción, antes de avalarse un gasto se verifica si las empresas a contratar cuentan con los papeles al día con la AFIP y ARBA. “Claro está que si los expedientes se hubieron hecho de manera transparente se hubiera evidenciado la contratación a empresas fantasmas y detectado las boletas truchas, así como su confección fuera de toda norma administrativa”, explicó un instructor de la UFI nº 11.

Los imputados por peculado en la Jefatura de Gabinete

- Alberto Pérez, extitular del organismo

- Walter Carbone, exsubsecretario de Administración

- Mónica Ripamonti, excontadora fiscal

- Alejandra Tavelli, excontadora fiscal

- Cayo Alfonso Ortiz Almada, exdirector de Contabilidad 

- Omar Moretti, extitular del Departamento de Liquidación y Gastos

Los elementos que complican a la banda sciolista

La causa que encabeza el fiscal Álvaro Garganta sobre lavado de activos comenzó tras una denuncia radicada en junio pasado por la legisladora nacional Elisa Carrió, quien aportó una serie de documentos en los cuales se mostraban indicios fehacientes de una matriz corrupta comandada por el exgobernador Daniel Scioli.

Para Carrió, Scioli y varios de sus exfuncionarios recibieron dinero de distintas cajas ilegales que recaudaban desde organismos como la Jefatura de Gabinete, IOMA, el Instituto de Loterías y Casinos, ARBA y hasta Servicios Sociales de la Policía y el Servicio Penitenciario, entre otros.

Esa plata, de acuerdo a la legisladora, era para afrontar gastos de la campaña presidencial de Scioli y para enriquecimiento ilícito.

El fiscal Álvaro Garganta avanza en todas las ramificaciones. Tiene una labor compleja y ardua. Respecto a las presuntas maniobras cometidas en la Jefatura de Gabinete, encontró 25 expedientes truchos con 108 facturas apócrifas que durante 2014 y 2015 sirvieron para sumar más de $10.700.000.

En ese sentido, hubo varias situaciones que complicaron a Alberto Pérez y compañía. Por un lado se detectó que hubo un subsidio mentiroso a la Sociedad Italiana de Berisso de 298.000 pesos en julio de 2014, para que un grupo de ballet viajara a Mar del Plata por un evento de colectividades.

Las autoridades de esa entidad se presentaron ante Garganta para explicar que sí participaron de esos festejos, pero que nunca recibieron esa plata. De hecho, dijeron que ellos pagaron los gastos y que solo alcanzaron los $15.000.

Otro elemento condenatorio es la desaparición de treinta expedientes del Ministerio de Gobierno. Y además, el hallazgo en la casa de Walter Carbone (exsubsecretario de Administración de Pérez) de una caja fuerte de dos metros, vacía, dentro de una escultura de un dragón.

“En definitiva, donde se aprieta sale pus”, explicó a manera de síntesis un investigador judicial.