Mediante una iniciativa impulsada por la diputada Maru Bielli, el bloque del Frente de Todos requirió información en relación a las “actividades de aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores”, anunciadas el 9 de diciembre por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y por la ministra de Educación Soledad Acuña y publicadas en el Boletín Oficial Resolución 3958/MEDGC/21.

Los legisladores piden que se informen los criterios pedagógicos que se tendrán en cuenta para la selección y/o habilitación de las empresas y/o organizaciones en las que se realizarán las actividades de aproximación al mundo del trabajo; si hay un máximo de estudiantes permitidos por institución, organización y/o empresa donde se realizan las actividades; cuál es la responsabilidad que poseen las instituciones, organizaciones y/o empresas; quién establecerá (la institución o el/la docente) las tareas específicas del/la estudiante durante sus prácticas; cuál será la carga horaria máxima por semana de las Actividades de aproximación; y cómo se asegurará a los/as estudiantes de escuelas de gestión privada, teniendo en cuenta que quedan por fuera del Seguro Institucional del Gobierno de la Ciudad.

También solicitan que se indique si habrá personal capacitado en las empresas para desempeñarse con el rol de tutores durante el tiempo que el/la estudiante desarrolle su práctica en la institución, organización y/o empresa. Describa cómo se formará a este personal en caso de ser necesario; cómo se garantizará que las tareas y/o actividades a realizar sean acordes a la orientación de la escuela secundaria para aplicar y/o profundizar los conocimientos de las disciplinas estudiadas; si se garantizará transporte para los traslados de los/as estudiantes a las instituciones, organizaciones y/o empresas dónde realizarán las actividades, amplíe este en punto teniendo en cuenta cómo se garantizarán los traslados de estudiantes con discapacidad; si está previsto la posibilidad de que los/as estudiantes desarrollen las actividades de aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores por fuera de los límites de la Ciudad; y si está previsto que los/as estudiantes realicen actividades de carácter virtual desde sus hogares o desde las escuelas. 

Por otra parte, plantean que de acuerdo al artículo 33 de la Ley de Educación Nacional, las actividades no podrán extenderse por más de seis meses, por lo que piden especificar qué acciones se llevarán adelante para garantizar el cumplimiento esta normativa; cómo se reorganizarán y recuperarán los contenidos de las materias afectadas por la carga horaria de las actividades de aproximación, y qué tareas tendrán asignadas los docentes de esas materias; que sucederá con los estudiantes que no puedan realizar las actividades de aproximación por falta de oferta de las mismas; cuál será la forma de acreditación de las horas dedicadas a la actividad, en particular si estará contemplado dentro del régimen de inasistencia escolar y cuántas entidades se inscribieron en el Sistema de Inscripción para las Prácticas Profesionalizantes siguiendo los lineamientos de la  Resolución N° 106-SSCPEE/18.

En los fundamentos del proyecto Bielli asegura que la normativa “es poco clara en numerosas cuestiones que hacen la implementación efectiva de estas actividades”.