La exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires y actual diputada por la Capital Federal, María Eugenia Vidal, podría ser arrestada en el marco de la investigación sobre la “Gestapo antisindical” que funcionó durante su gobierno, al igual que otras 14 personas señaladas como partícipes de esta operatoria ilegal, incluidos tres altos funcionarios de su administración. En el expediente también podría quedar imputado el expresidente Mauricio Macri.

El pedido fue presentado por César Albarracín, el abogado de Juan Pablo “Pata” Medina, detenido en 2017, a poco de lanzarse la “mesa judicial” en una reunión secreta en la sede porteña del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) que fue filmada, y en la que Marcelo Villegas, exministro de Trabajo bonaerense, llevó la voz cantante. El “Pata” era por entonces líder de la filial platense de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), un gremio del que Villegas quería desembarazarse.

De inspiración nazi

Medina, como va quedando claro a medida que salen a la luz datos sobre el funcionamiento de la “Gestapo”, fue víctima de esta organización que se dedicaba a armar causas judiciales para encarcelar a líderes sindicales. El propio

Villegas acuñó la etiqueta al manifestar su deseo de tener “una Gestapo para acabar con todos los gremios”, tomando prestado el nombre de la policía secreta del régimen nazi (Geheime Staatspolizei).

En representación del gremialista y de su mujer, Fabiola García, como querellantes en la causa, Albarracín pidió que Vidal, Villegas y otras 13 personas sean llamadas a prestar declaración indagatoria. Pero, además, solicitó que “se ordene la detención de los nombrados a fin de asegurar su comparecencia y neutralizar los evidentes riesgos de entorpecimiento” de la investigación.

Los quince

Además de la exgobernadora y de quien era su ministro de Trabajo, Albarracín pidió que se detenga y cite a declarar a quien fuera ministro de Infraestructura de ese gobierno, Roberto Gigante; al entonces subsecretario de Justicia, Adrián Grassi; al senador Juan Pablo Allan (Juntos); al intendente de La Plata, Julio Garro; a los exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Juan Sebastián De Stéfano (luego llevado al gobierno porteño por Horacio Rodríguez Larreta), Darío Biorci y Diego Dalmau Pereyra; a los empresarios Marcelo Jaworski, Fabián Cusini, Ricardo Alconada Magliano (pariente del periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon); al representante de la Asociación Pymes de la Construcción Provincia de Buenos Aires (Apymeco), Jorge Del Río; al referente de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (Acimco), Bernardo Zaslascky; y al dirigente del Colegio de Arquitectos platense, Guillermo Moretto.

Para Vidal y Allan, además, el letrado solicitó que “se pida su desafuero a la Cámara de Diputados de la Nación y al Senado de la Provincia de Buenos Aires, respectivamente”. Ocurre que quien fuera gobernadora “orgullosamente bonaerense” es ahora diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto que Allan ocupa una banca en la Legislatura provincial.

En una extensa presentación ante el juzgado federal que tiene la causa, Albarracín detalló los elementos que muestran la coordinación entre distintos estamentos del Estado provincial y nacional, y del ámbito privado, para perseguir judicialmente a su cliente. Pero la operatoria apuntaba también a otros sindicalistas.

Piden imputar también a Macri

El escrito también incluye otro pedido explosivo: que se impute en la misma causa a Mauricio Macri, quien en esos momentos era presidente de la Nación y quien ya enfrenta acusaciones por la operatoria de espionaje ilegal a propios y ajenos montada durante su gobierno.

Albarracín solicitó que también se extienda la imputación a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, que comandaban la AFI; a Federico Salvai y Gustavo Ferrari, que eran respectivamente ministros de Gobierno y de Justicia del gabinete de Vidal; a Julio Conte Grand, exfuncionario de la administración vidalista y hoy procurador general de la Provincia; y a Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA a nivel nacional y a quien sindican como el “entregador” de Medina.