El fiscal chaqueño Patricio Sabadini pidió la detención de la ex candidata a gobernadora y actual diputada de Cambiemos Aída Ayala, en el marco de la causa de lavado de activos de la empresa de recolección de residuos Pimp SA. Sabadini hizo el pedido a la jueza federal Zunilda Niremperger para que requiera el inicio del proceso de desafuero de la legisladora macrista. Ayala aseguró que se pondría a disposición de la Justicia. El fiscal también solicitó el arresto otros cuatro imputados a los que pidió declaración indagatoria.

De origen radical, Ayala está acusada de “lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público, en calidad de coautor”. Tras ser intendenta de Resistencia durante tres períodos, Ayala fue la candidata de Cambiemos a la gobernación de Chaco en 2015, pero perdió con Domingo Peppo. En diciembre de ese año desembarcó en el Ministerio del Interior como secretaria de Asuntos Municipales. El 10 de diciembre pasado se integró al bloque de diputados UCR-Cambiemos.

“No es la primera vez que me sucede, a lo largo de mi vida política atravesé situaciones similares y cómo funcionaria pública siempre me he sometido a los controles y a los requerimientos judiciales”, aseguró Ayala sobre la causa que investiga presuntos delitos en torno a la empresa de recolección de basura Pimp SA.

En marzo pasado la causa tomó impulso con allanamientos y el arresto del secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Jacinto Sampayo, acusado de lavar dinero a través de la empresa. Hace un meses también fue detenido el empresario chaqueño Alejandro Fisher, quien fue yerno de Ayala mientras ella se desempeño como intendenta. Fisher, además de ser su ex yerno, está vinculado a la empresa que fue contratada por 500 millones de pesos para realizar el servicio de recolección de residuos de la capital chaqueña.

Junto al pedido que involucra a la diputada, el fiscal Sabadini reclamó la detención de Pedro Martínez, Natalia Martínez Guarino, Rolando Acuña y Luis Escobar, quienes estarían vinculados a la firma Tecmasa, una de las que formaría parte del entramado de lavado de dinero que se investiga.

Ayala también es cofundadora de la Fundación Construir, en Resistencia, a la cual la Justicia federal investiga como un “sello” que habría sido utilizado para cometer delitos de lavado. En el marco de esa investigación, la sede de esa fundación fue allanada la semana pasada.

La jueza federal deberá resolver si acepta el pedido del fiscal Sabadini y eleva a la Cámara de Diputados el pedido de desafuero para detener luego a Ayala. Según se desprende de sus declaraciones, la diputada accedería al desafuero. “Ante el pedido de la fiscalía federal que deberá ser analizado por la jueza y en caso de que se me investigue, estoy a disposición de la justicia como lo he hecho siempre”, sostuvo en un comunicado.

En el último tramo de la declaración, Ayala señaló: “Quiero llevarles tranquilidad a la sociedad chaqueña y a la militancia de mi espacio político, quienes conocen mi trayectoria y mis valores. Saben que anteriormente ya me han expuesto a estas instancias y se ha demostrado mi inocencia, jamás voy a evadir ni demorar un llamado de la Justicia”.

Días atrás, el actual intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, había advertido que Ayala “no está libre de pecado” de la causa Pimp, luego de que se produjeran las primeras detenciones. “Ella no pudo haber ignorado cómo fue constituida Pimp SA”, agregó. Sostuvo que los contratos se habían realizado durante la gestión de la intendenta radical y cuando él llegó a intendencia sólo habían renegociado esos contratos. “No sólo Aída Ayala está implicada, sino también el entonces jefe del gabinete municipal Leandro Zdero. Por supuesto que él sabía todo esto, porque son corresponsables de la decisión”, lanzó Capitanich.