La noticia se expandió rápido y se mantuvo como pocas en el efímero espacio de los medios digitales. En Argentina se aprobó esta semana la ley que obliga al Estado y a las obras sociales a reconocer los tratamientos de fertilización para parejas que no pueden tener hijos. Pasadas las primeras sensaciones, distintos sectores marcan que la reglamentación es clave para determinar cómo se hará efectiva la norma y evitar que quede en el universo de lo que cumple.

En la obra social más importante de la provincia, el IPS, esperan directivas para conocer cómo se aplicarán los cambios.

El coordinador de asuntos legales del IPS, Teodoro Becker, dijo a El Tribuno que todavía desconoce qué tipo de tratamientos deberán cubrir y bajo qué condiciones.

“Vamos a cumplir con todo lo que debamos”, declaró Becker, aunque agregó: “Lo cierto es que la implementación va a insumir mayores recursos y todavía no se sabe de dónde saldrán”.

El representante del IPS sostuvo que sería apresurado decir si podrían elevarse los aranceles para afrontar la ley, como anticiparon empresas de medicina prepaga.

“La norma remite mucho a la reglamentación, que debe hacerse en un plazo de 90 días. Habrá que esperar”, indicó el representante de la obra social, que tuvo reiteradas demandas judiciales de pacientes que pedían terapias para la infertilidad.

Desde la Fundación Familia y Vida, que apoyó el proyecto en Salta, festejaron la aprobación de la norma y abogaron por su rápida instrumentación

“Esto es un éxito para miles de parejas que tuvieron que recurrir a la Justicia buscando que se respete su derecho a tener hijos. Vamos a bregar por el cumplimiento”, manifestó Soledad Villoldo, miembro de la organización Familia y Vida.

Juan Aguilera, especialista en reproducción humana, se refirió a la posibilidad de que empresas de medicina aumenten cuotas para responder a las parejas que no pueden lograr un embarazo.

“Lo fundamental de la ley es que la infertilidad debe tener cobertura. Hay que ver cómo se pone en vigencia, pero el principio de las obras sociales debe ser la solidaridad”, señaló Aguilera a este medio.

Sobre los cuestionamientos de sectores como la Iglesia, que critican la fertilización asistida porque implica generar embriones que pueden implantarse en el útero de la mujer o preservarse, el médico dijo que estos métodos se aplican “hace 20 años”.

“Las leyes siempre acompañan cambios sociales. En el proceso biológico natural, un 75 por ciento de los embriones no llega a desarrollarse. Es lo mismo que sucede en un laboratorio”, indicó.

Desde la Cámara de Diputados de Salta se informó que ya se dieron los primeros pasos para tratar la adhesión de la provincia a la ley nacional que salió del Congreso esta semana.

De todos modos, legisladores nacionales remarcaron que no es imprescindible la aprobación en las provincias para que la norma se aplique en todo el país.

Los legisladores provinciales Manuel Santiago Godoy, Omar Soches López, Miguel Calabró, Lucas Godoy e Ignacio Jarsún tuvieron reuniones en las últimas horas para interiorizarse sobre el tema.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el miércoles la ley para que las parejas que no pueden tener hijos accedan gratuitamente a las terapias que les permitan llegar a un embarazo.