En estos días recrudecieron en Posadas, innumerables reclamos de familiares de personas con capacidades diferentes, porque las empresas de transporte no respetan los lugares que les corresponden en las unidades públicas, tanto de corta, media y larga distancia en el país.

A raíz de esta situación, el diputado Martín Sereno (Partido Agrario y Social), se reunió con el Defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, y la ministra de Derechos Humanos, Lilia Marchesini para pedirles su intervención, y gestionar soluciones para los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad.

"Recibimos muchas quejas de los familiares con atropellos que incluyen bajar del transporte a los discapacitados; algunos pudieron presentar recursos de amparos, pero lo cierto es que mayoría se sienten indefensos. Por eso elaboramos un nuevo Proyecto de Comunicación; hicimos uno en el 2016 (que se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales, de Derechos Humanos, Municipales y Juicio Político), donde planteábamos nuestra preocupación por visualizar las normas, para que a ningún discapacitado ni discapacitada se le vulnere su posibilidad de tener una vida integral y plena.

También presentamos el reclamo por nota a la Defensoría del Pueblo de Posadas, a la Subsecretaría de Transporte, al Ministerio de Derechos Humanos y al Consejo de Discapacidad, reclamando por el incumplimiento de las leyes en el transporte público relacionadas con personas con capacidades diferentes", remarca Sereno.

Sanciones para empresas que no cumplen con la Ley

En el Proyecto de Comunicación presentado a la Legislatura, el PAyS solicita que el Poder Ejecutivo -con respecto a la Ley Nacional 22.431 y la Provincial XIX, Nro 23 de Régimen de Promoción Integral de las Personas con Discapacidad- gestione a través de los organismos correspondientes, las medidas pertinentes para la efectiva aplicación y cumplimiento de la norma en la provincia, "caso contrario que se implementen las sanciones correspondientes a las empresas que no cumplan con la norma establecida".

Entre los fundamentos, Sereno detalla que su bloque elaboró este Proyecto, debido a las reiteradas denuncias, amparos y quejas que "recibimos por parte de las personas que sienten sus derechos vulnerados y que por distintas razones infundadas, no pueden viajar de manera gratuita, y con algún acompañante si así lo requirieren", expresa el autor del Proyecto, y al que acompañan sus pares de bloque, los diputados Carlos Goring, Giuliana Perini e Isaac Lenguaza.

Gratuidad en micros de corta, media y larga distancia

El legislador recordó que el certificado oficial que acredite la discapacidad y el documento o la cédula de identidad, son los únicos requisitos que deben presentar las personas con discapacidad para viajar gratuitamente en micros de corta, media y larga distancia de todo el país.

Así lo establecen los Decretos 38/2004 y 118/2006, donde se prevé que también puede viajar gratis, un acompañante, y además autoriza a que los no videntes vayan con perros guías. "Sin embargo, en Posadas y otros municipios de nuestra provincia los pasajeros expresan con frecuencia que esta disposición es transgredida reiteradamente".

Denuncias reiteradas

Los reclamos que realizan los discapacitados van desde la denuncia ante el Inadi por discriminación, amparos ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), y también se realizaron denuncias públicas, ya que "no solo se les niega la gratuidad del transporte, sino que por el reclamo de los usuarios beneficiarios de dicho derecho, desde las empresas se los maltrata, e inclusive se atreven a llamar a la seguridad o policía provincial para que retiren a las personas que intentan hacer ejercer un derecho otorgado, solicitando información de la norma que establece el beneficio".

La Ley 22.431 de Sistema de Protección Integral de los Discapacitados "pretende ser clara y por eso la aplicación de la misma solo pide requisitos que son emitidos por el Ministerio de Desarrollo Social, como el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y se articula con la CNRT y el Incucai, para asegurar que este derecho sea ejercido por los y las beneficiarias de manera directa", subraya el diputado.