“El Estado tiene que garantizar la igualdad de oportunidades. Estamos en deuda con el colectivo travesti trans, que tiene en promedio una expectativa de vida entre los 35 y 40 años”, manifestó la legisladora porteña Lucía Cámpora, quien encabezó la iniciativa de Cupo Trans en la Ciudad, junto a su compañero de bloque Matías Barroetaveña.

 En ese sentido, Barroetaveña señaló que “es fundamental impulsar normativas que reparen las injusticias cometidas contra el colectivo travesti-trans. Por eso, exigimos la adhesión de la Ciudad a la ley nacional que se sancionó el año pasado”.

Por su parte, la legisladora porteña Ofelia Fernández afirmó que “es una excelente noticia pero es importante remarcar que tampoco tuvimos una gran idea: esto es una lucha histórica del colectivo travesti trans al que la política por fin empieza a darle respuesta”.

El proyecto plantea la adhesión a la ley nacional sancionada el 24 de junio de 2021 y su aplicación en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad. Además, establece la creación en la Legislatura porteña de una comisión especial de seguimiento que garantice el cumplimiento de la ley, conformada por representantes de la Legislatura, del poder ejecutivo y del parlamento de mujeres.

 Paula Arraigada, activista trans y secretaria de diversidad del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, se refirió a la ley nacional aprobada el año pasado: “Hoy podemos decir con alegría que esta ley ha mejorado la vida de muchas personas. Eso hacen los gobiernos populares cuando piensan políticas dirigidas a las minorías, que no siempre son escuchadas”.Una investigación realizada por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, la Fundación Divino Tesoro y el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis en 2017 revela que el 70% de las personas del colectivo travesti trans nunca accedieron siquiera a una entrevista laboral.