as declaraciones fueron efectuadas por el legislador tras la presentación en la justicia provincial de una acción de amparo en contra del Gobierno de Jujuy y del Gobierno Nacional. El amparo es promovido por el diputado Pablo Baca, el diputado nacional Mario Fiad, la diputada provincial Manuela Cabello, Lucio Giménez (diputado mc) y la Fundación Pampanos.

Los amparistas también requirieron “la remediación de los pasivos ambientales existentes en el Parque, el cierre y la remediación de los pozos petroleros existentes. Y solicitaron en particular el cierre urgente del Pozo E3 que actualmente contamina el arroyo Yuto, y luego el Río San Francisco, afluente del Río Bermejo”.

También denunciaron la posibilidad de la contaminación de agua apta para consumo humano de la localidad de Caimancito y áreas cercanas.

En los fundamentos de la presentación que cuenta con el patrocinio de la abogada Fernanda Yapur, los amparistas señalaron que “la creación de un área natural importa la decisión de asignar a una porción del territorio a un destino específico: la conservación de la naturaleza. También implica el resguardo de la diversidad de las formas de vida asegurando su estabilidad ecológica”.

El diputado Pablo Baca, explicó que “el parque tiene carácter de reserva natural estricta de acuerdo al Decreto 2149/90”, es decir, agregó, “es un área de máximos cuidados dentro del Sistema de Áreas protegidas. En las áreas protegidas la actividad humana está restringida y subordinada a la conservación”.

Sin embargo, acotó, “dentro del Parque se lleva a cabo una explotación hidrocarburífera que comenzó YPF y se mantiene hasta nuestro días en virtud de una serie de decretos y autorizaciones emitidos por las autoridades provinciales que son manifiestamente ilegales. El 94% de la superficie del yacimiento se ubica dentro del Parque, por lo que son ilegales y nulos”.

Pablo Baca observó que la explotación de hidrocarburos causa un gran impacto ambiental, a través de apertura de caminos, perforaciones, obras en zonas de baterías, restos que contaminan el agua y el suelo. “Hay alrededor de 20 pozos que no se explotan, con contaminación, zonas sin cercar, pérdidas de crudo, riesgo de incendios, inexistencia de caminos de acceso, instalaciones obsoletas e inseguras, cañerías en mal estado y gran contaminación de un arroyo con agua de formación (Pozo E3)”, precisó.

El legislador radical, destacó que “la contaminación no queda circunscripta al área del parque. Afuera del Parque está el pozo Caimancito E-3, de donde surge agua de formación que contamina el arroyo Yuto que desemboca en el Río San Francisco, afluente del Río Bermejo”.

“Existen también antecedentes que dan cuenta del peligro de que se esté contaminando agua apta para consumo humano en la localidad de Caimancito y áreas cercanas. Hay antecedentes de que se inyecta agua del yacimiento en un pozo de 650 metros de profundidad. Sin embargo, de los estudios que realiza la misma empresa petrolera, resulta que hay agua para consumo humano hasta los 800 metros, por lo que debería inyectársela por debajo de los 1.200 metros. De este modo, existe el riesgo de contaminarse el agua que consume Caimancito y zonas cercanas. Además se contamina el arroyo Saladillo”, indicó Baca.

Por otro lado, puso de relieve que “en los últimos años se han producido numerosos incidentes ambientales. Hubo graves episodios de derrames y contaminación de aguas dulces”.

De acuerdo a la ley vigente, las áreas protegidas como el Parque Nacional Calilegua, sólo tienen permitido el desarrollo de actividades cuyo efecto sobre el entorno o ecosistema sean de carácter conservativo o recuperativo quedando expresamente prohibida cualquier clase de explotación minera y de hidrocarburos.