Entre la información requerida se incluye el resultado de una auditoría sobre la obra social ordenada por la Corte en octubre mediante la Acordada 22/2021. Con el objetivo de esclarecer si hubo actos de corrupción cuando la obra social estuvo a cargo de Aldo Tonón, amigo personal de Maqueda, la acordada solicitó a abogados, médicos y contadores públicos la realización de un reporte.

El plazo para ese reporte era de 120 días, en los que se debía analizar el período del 7 de abril de 2008 hasta el 28 de septiembre de 2021. Aunque ese plazo ya se cumplió, se desconocen hasta el momento los resultados de la auditoría.

El pedido de informes de Parrilli y Sapag también apunta a determinar "el período en el cual el Sr. Aldo Tonón estuvo a cargo de la Obra Social" y si su designación en ese cargo "fue propuesta por el Ministro Juan Carlos Maqueda". Actualmente, en la página de internet de la obra social, Tonón sigue figurando con el cargo de "director".

Les senadores también pidieron información sobre el período en que la contadora Melisa Solana "estuvo a cargo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación".

Además, le exigieron a Rosatti que informe al Senado si "la auditoría económica, financiera, de legalidad y de gestión en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación se encuentra revisando posibles irregularidades; el listado de las empresas prestatarias de servicios de la Obra Social; la forma de contratación de las empresas prestatarias de servicios, especialmente dos: Emergencia Médica Integral S.A. y Farmandat S.A.".

Estas empresas, recordaron, son "prestatarias desde hace varios años de la Obra Social y de confirmarse lo que surge de la investigación en curso podrían haber generado un grave perjuicio económico".

La causa judicial

El sindicato de judiciales Sitraju se presentó como querellante en la causa que lleva adelante el juez Lijo y denunció que Emergencia Médica Integral carece de capacidad para atender las necesidades de la obra social, en tanto que sobre Farmandat S.A. existen dudas sobre sus reales responsables y su composición societaria.

Los dirigentes sindicales aseguran que sufren la interrupción de tratamientos oncológicos, operaciones canceladas, convenios caídos con sanatorios de todas las provincias y, en algún momento, hasta los afiliados tuvieron que ir personalmente a la sede de la obra social de buena parte de las provincias para que les den un bono para acceder a una consulta médica. 

En la causa que instruye el juez Ariel Lijo, el fiscal Carlos Stornelli pidió el archivo por inexistencia de delito. Parece una alianza evidente con Maqueda. Es que, como anticipó Página/12, hay ocho incidentes que tiene para resolver la Corte Suprema respecto del propio Stornelli, donde está procesado por la causa que tiene como protagonista al falso abogado Marcelo D'Alessio.

La aceptación del Sitraju-RA como querellante --algo que debe decidir Lijo en esa causa-- le quitaría peso al pedido de Stornelli de archivar el expediente, porque habría una querella que sigue adelante con la acusación. De todas maneras, Lijo no aceptó el pedido de archivo de Stornelli sino que consignó un "téngase presente" y ordenó más medidas de prueba.