El mismo tiene media sanción de la Cámara de Diputados, fue remitido para ser tratado en sesiones extraordinarias para su consideración por el Senado. El proyecto, prohíbe en la provincia todo tipo de montaje, puesta en marcha, regenteo, promoción y funcionamiento de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos o locales similares. Obtuvo media sanción en noviembre pasado, a partir de una iniciativa del diputado peronista, Jorge Abello, que se anexó con otro de la diputada del Frente Progresista, Alicia Gutiérrez. Incluye la sanción de 60 días de arresto (sin perjuicio de otras penalidades) a quienes transgredan la norma. El gobernador ya había anunciado que habilitaría su tratamiento, sin embargo dio marcha atrás y el mismo no podrá ser considerado por el Senado hasta mayo del 2013.

Numerosos legisladores de distintas bancadas reclamaron públicamente su tratamiento, situación a la que se suman tanto Cinalli como Salomón, recordando que en la ciudad de Rosario la concejala por el radicalismo, María Eugenia Schmuck, presentó un proyecto de ordenanza en el mismo sentido, ante la falta de sanción de la norma a nivel provincial. "El 72% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual rescatadas en los últimos años, son jóvenes y niñas que se encontraban sometidas en locales habilitados por gobiernos locales", detalló la concejala a un diario local.

En tal sentido Miriam Cinalli explicó que es un tema candente que nunca se abordó con tanta seriedad, no se puede permitir dejar pasar la oportunidad de sancionar una normativa que ponga un punto a esta situación aberrante.

En tanto, en su gestión como diputado (1987/91) y senador provincial (1991/95), Osvaldo Salomón trabajó sobre esta problemática prácticamente sin conseguir apoyo. "Era difícil en ese tiempo que se entendiera la corrupción y el negocio denigrante que se escondía detrás de la fachada de una supuesta diversión", explicó Salomón y acotó: "ya en esos años desterramos este tipo de locales del Departamento Caseros, pese a la resistencia de numerosos sectores y, demostramos además que en la mayoría de los casos estaban asociados a la comercialización de las drogas prohibidas y el robo, con complicidad de sectores policiales".

Finalmente, sobre la problemática del contralor de Ley una vez sancionada, Salomón expresó que el Estado debe garantizar su cumplimiento, no pueden alegar su propia torpeza e ineficiencia, deben enviar un mensaje claro a la sociedad si están o no, contra la Trata.