No pasó ni un día desde que Javier Milei presentó su primer presupuesto general como presidente de la Nación y ya hasta los aliados salieron a marcarle la cancha al Poder Ejecutivo. El bloque de diputados del PRO le reclamó al Gobierno que se incluyan los fondos de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires en el Presupuesto 2025. Y legisladores radicales encendieron la alarma por el presupuesto para las universidades nacionales se le propuso al Congreso en la ley de leyes.

El jefe de la bancada amarilla de Diputados, Cristian Ritondo, le transmitió la posición firme de esa fuerza sobre la coparticipación para la Capital Federal al secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman, en el transcurso de una reunión que legisladores oficialistas y de bloques aliados tuvieron en el Congreso.

Guberman mantuvo un encuentro en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Ritondo y otros tres diputados del PRO: Silvana Guidici, Luciano Laspina y Germana Figueroa Casas. El presidente del bloque señaló que es “una cuestión clave” para el partido que lidera Mauricio Macri que se incluyan en el Presupuesto 2025 los fondos que le corresponden a la Ciudad, como lo estableció la Corte Suprema de Justicia.

El Gobierno incluyó en el Presupuesto solo un 1,4% de coparticipación para el distrito porteño y no el 2,95% que estableció la Corte Suprema de Justicia. “Para nosotros es fundamental cumplir con el fallo de la Corte Suprema en cuanto a la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires”, resaltó Ritondo y señaló que espera que en la reunión que mantendrá el miércoles el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con el ministro de Economía, Luis Caputo, que fueron convocados por la Corte Suprema, se alcance una solución al respecto.

El legislador también indicó que hablarán con los gobernadores del PRO, Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, e Ignacio Torres, de Chubut, para determinar si se están cumpliendo con las demandas de esas provincias.

Ritondo condicionó el apoyo del PRO al primer presupuesto de Milei a que se cumpla con el fallo de la Corte favorable a la Ciudad.

Conflicto en puerta

El Gobierno decidió mantener la suspensión del Fondo de Incentivo Docente y asignó a las universidades nacionales casi la mitad de los recursos que habían solicitado, según se desprende del proyecto de Presupuesto presentado por el presidente Javier Milei.

El oficialismo asignó a las altas casas de estudios $3,8 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) está pidiendo para funcionar $7,2 billones.

A eso se suma que se mantiene la suspensión del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) que rige desde enero y que provocó quejas de la oposición de la Cámara de Diputados, que buscó, aunque todavía sin éxito por diferencias en los bloques opositores, sancionar una ley para restituir el Fonid.

La decisión de otorgar la mitad de los fondos que piden los rectores profundizará el conflicto no solo con los docentes y estudiantes, sino con los bloques aliados de la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, a los que el oficialismo necesita para aprobar la ley de gastos y recursos.

La resolución del Gobierno sucede pocos días después de que el Senado haya convertido en ley un proyecto para ampliar para este año el presupuesto universitario, que tiene un impacto fiscal de $738.000 millones y que Milei anticipó que será vetado.

Ahora, el Gobierno contempla para el próximo año otorgar $3,8 billones que, a juicio de la oposición, no alcanzarán para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales.

En Twitter, el diputado radical Julio Cobos dijo que Milei “señaló que el Estado debe asegurar la estabilidad macroeconómica y el imperio de la ley, incluyendo seguridad, justicia y defensa, el resto lo resuelve el mercado”. Y se preguntó: “¿Y la salud y la educación? Gobernar es administrar prioridades y la educación no es prioritaria”.

El mendocino sostuvo que del proyecto de Presupuesto 2025 “se desprende que los fondos estimados para las universidades públicas se encuentran lejos de lo necesario para el normal funcionamiento” y que “mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional estimó $7,2 billones, el proyecto establece $3,8 billones, es decir casi la mitad”.

También se quejó que se mantenga la “suspensión del artículo 9° de la Ley de Financiamiento Educativo que garantizaba el financiamiento del sistema; aspirando a una inversión consolidada (Estado nacional, Provincias y CABA) del 6% del PBI”.

El Gobierno formalizó el domingo último que destinará el 5,7% del Presupuesto Nacional al sistema educativo, donde se incluyen los fondos para las universidades, el Plan de Alfabetización Nacional, el Programa Progresar y la atención de comedores escolares.

El presidente de la UCR, Martín Lousteau, se refirió a la presentación del Presupuesto 2025 y dijo que “queda claro que el déficit cero se conseguirá a costa de más pobreza, exclusión y desempleo”; que “sigue la regla de ajuste para la clase media (más peso de Ganancias a trabajadores y monotributo) y alivio fiscal para los ricos (cae el peso de Bienes Personales)” y que “la educación continúa sin estar en la agenda de prioridades del Gobierno” porque “el presupuesto del área caerá en 2025 y hay un ataque explícito a la autonomía de las universidades nacionales”.

“¿Y alguna reparación para los jubilados? Bien gracias”, agregó en un posteo en Twitter y completó: “Pasamos de un enfoque que esperaba que todo lo resolviera al Estado a uno que libera todo a la suerte del mercado. Las dos recetas resultaron fracasadas. Los argentinos necesitan menos dogmatismos y más respuestas a sus problemas reales y urgentes”.