El gobernador Jorge vetó, mediante el decreto 571/14, la Ley 2803 sancionada por la Cámara de Diputados por contradecir la Ley Nacional de Hidrocarburos.

La Legislatura pampeana había propiciado la declaración de interés estratégico del área hidrocarburífera denominada “Gobernador Ayala II”, además de instruir al Poder Ejecutivo a otorgar a la empresa Pampetrol los permisos de exploración y eventual concesión de explotación, almacenaje y transporte en el área citada, y establecer el porcentaje que la sociedad deberá abonar en concepto de regalía mientras dure el permiso y la concesión.

Según argumentó el gobernador en el decreto, el artículo 18 de la norma nacional impone como norma que las provincias y el Estadio nacional “no establecerán en el futuro nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas o con participación estatal, cualquiera fuera su forma jurídica”.

“Respecto de las áreas que a la fecha hayan sido reservadas por las autoridades concedentes en favor de entidades o empresas provinciales con participación estatal, cualquiera fuera su forma jurídica, pero que a la fecha no cuenten con contratos de asociación con terceros, se podrán realizar esquemas asociativos, en los cuales la participación de dichas entidades o empresas provinciales durante la etapa de desarrollo será proporcional a las inversiones comprometidas y que efectivamente sean realizadas por ellas”, señala el comunicado difundido por el Gobierno provincial.

“Confrontando las previsiones normativas introducidas tanto en la Ley Nacional vigente, como en la Ley Provincial Nº 2803, se advierte, sin hesitación, la existencia de una contradicción insalvable, situación que importa la imposibilidad que el Poder Ejecutivo Provincial otorgue, como se pretende, a la empresa Pampetrol S.A.P.E.M., el permiso de exploración y eventual concesión de explotación, almacenaje y transporte, estableciendo el plazo y condiciones de otorgamiento, por tratarse justamente de una empresa con participación estatal, de las descriptas en el artículo 18 de la ley nacional”, se indicó.

Sostiene además que “según se prevé en el artículo 3º de la Ley Nº 17.319 y en el artículo Nº 2º de la Ley Nº 26.197, la política nacional de hidrocarburos es de competencia exclusiva del Estado Nacional, a la cual se deben ajustar en su desempeño las autoridades de aplicación provinciales”.

“Es necesario remarcar que el artículo 2º, de la Ley Nº 2675, sancionada por el Poder Legislativo de La Pampa, respeta y evoca dichos principios, reconociendo expresamente al Estado Nacional como titular de la política hidrocarburífera, de modo tal que resulta de imposible cumplimiento lo previsto normativamente mediante la ley Nº 2803 y por tanto, se obliga al Poder Ejecutivo, de conformidad con lo instituido por el artículo Nº 70, de la Constitución Provincial, a vetar la totalidad de Ley Nº 2803”, finaliza el comunicado.

Votación “express”

El proyecto había sido impulsado por los diputados vernistas y se aprobó el 23 de octubre. Los diputados de La Cámpora, Miguel Tanos y Luciano Di Nápoli, ambos alineados con el gobernador, se abstuvieron de votar. Y la legisladora Sandra Fonseca (Comunidad Organizada) directamente votó en contra, al igual que el macrista Darío Casado.

El permiso de exploración que había sido otorgado a la empresa Petrolífera Petroleum Americas Limited había sido revertido por el decreto 1083 de junio de 2011. El diputado vernista Daniel Lovera fundamentó su voto positivo al sostener que esta ley “no es más que la ejecución de aquel marco consensuado entre todas las fuerzas políticas para dotar a Pampetrol SAPEM de un área hidrocarburífera de importante potencial a fin de que active la exploración y eventual explotación aportando cocimientos y recursos a la actividad general en La Pampa”.

Y recordó que el Poder Ejecutivo Provincial, mediante Decreto 1083 del 2011 dispuso la reversión del permiso de exploración del Área Gobernador Ayala II, que fuera otorgado a la empresa (Sucursal Argentina).

Por el FrePam, el diputado Hugo Pérez dijo que Pampetro “ha pasado a ser una empresa más que tiene que firmar convenios con la provincia, hoy las áreas otorgadas son de muy insegura rentabilidad y por eso no podemos permitir que ahora se retrase la explotación de un área interesante como Ayala II”.

Fonseca reclamó que se convoque a un representante del Poder Ejecutivo, y Casado rechazó “lo express del trámite” y dijo creer “ver una copia de los malos hábitos de la estructura nacional”.

Tanos y Di Nápoli se abstuvieron bajo el argumento de que se habían enterado el mismo día de la sesión del tratamiento sobre tablas. “No lo discutimos en el bloque, ni lo consultamos al Ejecutivo”, sostuvieron.