Por: Florencia Donovan.

Una vez más la realidad obligará a la política a desdecirse. Nada que Sergio Massa o que sus antecesores en el cargo no haya hecho antes. Pero por habitual no se hace menos controversial.

Por estas horas, el ministro de Economía se debate si anunciar que la Argentina vuelve a endeudarse en moneda dura con el sistema financiero –con un bono “hard-dollar”, como se conoce en la jerga– o si le pide asistencia al Banco Central (BCRA), un prestamista al que Massa había jurado hace apenas semanas no apelar. Ambas medidas están en estudio y tienen por objetivo cerrar el agujero financiero que el Tesoro tiene de acá a fin de año, que ya saben en el equipo económico que no podrá cubrirse, aun con el nuevo dólar soja 2.0 que está en marcha. El nuevo tipo de cambio para el campo abulta un poco las reservas del BCRA –aunque menos de lo previsto, lo que ya empieza a poner nervioso al mercado– y arrima algo de pesos en concepto de derechos de exportación, pero no alcanza.

Se estima que sólo en diciembre el Tesoro tendrá que financiar un déficit de 0,9% del PBI. Un número que se agiganta cuando se tiene en cuenta que en las licitaciones de deuda recientes, la Secretaría de Finanzas no alcanzó si quiera a captar los pesos necesarios para renovar los títulos que vencían en el mes. En la última licitación, el Tesoro tomó pesos por el equivalente al 84% de sus vencimientos y cerró noviembre con un roll-over de solo el 98% que no solo no llega a cubrir el total, sino que no deja margen para financiar el déficit de cara a un diciembre que se prevé caliente en términos de gasto. Hay que retrotraerse a abril pasado para encontrar un resultado tan flojo.

Esta semana, en una serie de reuniones reservadas con banqueros y referentes del mercado, Massa y su equipo plantearon la idea de emitir un bono de hasta US$3000 millones, que tendrá la particularidad de suscribirse en pesos al tipo de cambio oficial, pero que luego pagará al vencimiento dólares contantes y sonantes –de ahí el nombre “hard-dollar”–. Sería el adiós definitivo al discurso kirchnerista del desendeudamiento: ya ni en pesos ni en dólares.

La propuesta, que llegó a Massa de la mano del Citi, busca sortear el poco apetito del mercado por la deuda soberana en moneda local. Hace ya algunas semanas que nadie quiere pesos. Sin embargo, de los encuentros en el Ministerio de Economía quedó claro que los banqueros locales no están convencidos con la idea. Aun a pesar de que Massa les prometió otra zanahoria: que los bonos además podrían usarse para el pago de impuestos a partir de 2024.

Son varias las objeciones de los bancos, que ya desde hace algún tiempo transitan el mercado de deuda soberana con extrema cautela. La experiencia los avala: el antecedente de 2001 está demasiado fresco en la memoria de todos ellos. Entre los extranjeros, varias casas matrices monitorean el tema con celo.

Y es que el mercado en general descuenta que el próximo gobierno no tendrá más opción que volver a reestructurar la deuda. No por nada los bonos soberanos ya canjeados por Guzmán cotizan hoy apenas por encima de los US$25. Un precio de default. Y nada indica que este nuevo bono en dólares que Massa quiere emitir entre los bancos sorteará una eventual reestructuración. Ante este panorama, los banqueros le explicaron al ministro que se sienten más cómodos comprando directamente en el mercado un bono como el Global 2025, que además se rige por la ley de Nueva York, y no uno como el que pretende colocar Finanzas, bajo legislación argentina. Además, aseveran, el aliciente del pago de impuestos es tan fungible como cualquier otra promesa de la política. Ya en 2001 sucedió que un bono que podía usarse para cancelar deudas impositivas luego perdió el beneficio por decreto.

En contrapartida, los bancos le propusieron a Massa que directamente abra la posibilidad de que tanto empresas como bancos puedan usar parte de los pesos que tienen ociosos –y que son muchos– para adelantar impuestos con una quita. El problema para el Tesoro es que un esquema de este tipo no es tan fácil de poner en práctica y diciembre ya llegó. Los pesos deben juntarse en días.

Es por eso que en la mesa chica del Ministerio de Economía se debate seriamente por estas horas volver a apelar a la ventanilla de pesos del Banco Central. Pese a que en su primera conferencia de prensa, apenas asumió, Massa había prometido que no pediría “más plata de emisión para financiar al Tesoro desde el Banco Central” y dijo que se arreglaría con la “recaudación”, la realidad hoy podría obligarlo a volver sobre sus pasos. Cerca suyo creen que, si no encuentra cómo financiarse con el sector privado emitiendo deuda, no tendrá opción. Entre algunos de sus colaboradores lo dan por descontado.

“Por más que Massa no quiere saber nada, no va a quedar otra”, confía, con resignación, una fuente que participa del debate. Para Massa, que dio la orden a su equipo en Hacienda de pisar todos los pagos que sean necesarios con tal de cumplir con la meta fiscal del FMI (la primera víctima será Cammesa y las generadoras eléctricas, que dependen de su financiamiento), volver a abrir el grifo del BCRA podría implicar que la meta de emisión, que también se había fijado, no se cumpla del todo. El economista Amilcar Collante recuerda que la última vez que el BCRA dio un adelanto al Tesoro fue el 8 de julio pasado, cuando durante la gestión de Martín Guzmán le transfirieron $140.000 millones. Desde entonces, la emisión por esta vía estuvo dormida. Pero sólo en los primeros siete meses de 2022 ya se habían sumado unos $620.000 millones.

Según un informe de la consultora 1816, legalmente el BCRA todavía tendría margen para inyectarle al Tesoro en lo que resta de 2022 unos $495.000 millones, mucho más de lo que habilita la meta del FMI, que le había puesto un tope a la emisión monetaria en no más de 1% del PBI (unos $815.000 millones). Para poder cerrar la caja al Tesoro le falta conseguir poco más de $1 billón este mes.

Cada vez parece más difícil pensar que Massa va a poder cumplir con su promesa de bajar la inflación y, mucho menos, con la meta del 60% para 2023 que su viceministro, Gabriel Rubinstein, defendió a capa y espada entre propios y ajenos. Porque la realidad es que la maquinita de pesos del BCRA siguió funcionando todos estos meses para asistir al Tesoro por vía indirecta. El analista bursátil Nicolás Cappella estima que por el dólar soja –por el diferencial entre comprar las divisas al campo a $230 y luego vendérselas a los importadores a $170–, el BCRA lleva emitidos $99.145 millones en cuatro ruedas, a los que hay que sumarles solo esta semana otros $11.500 millones por la compra de bonos soberanos en el mercado secundario, una operación que lleva adelante para evitar que sigan bajando de precio.

Para 2023, está en los planes de Massa poder recaudar fuerte vía el acuerdo de intercambio automático de información fiscal que se anunciará en los próximos días con Estados Unidos (FATCA, por sus siglas en inglés). Contra todos los pronósticos, Massa estaría a punto de lograr lo que el políglota Alfonso Prat-Gay no pudo ni con su mejor inglés. Aunque más de un funcionario norteamericano se muestre algo incómodo con la idea de usar el acuerdo para perseguir a inversores argentinos, muchos de los cuales –aunque, claro está, no todos– terminaron llevando sus ahorros a entidades norteamericanas intentando huir de los corralitos, corralones, pesificaciones y devaluaciones que en menos de un siglo se sucedieron, varias veces, en la economía argentina. Para algunos, el giro de Estados Unidos estaría vinculado con la próxima licitación del espectro 5G que, dijo Massa, se llevará a cabo en febrero. Para el gobierno de Joe Biden, el que alguna empresa norteamericana –y no china– sea la elegida es clave desde un punto de vista estratégico y de seguridad.

En las bancas privadas, la sola idea ya generó un aluvión de consultas. Muchos argentinos habían trasladado sus ahorros de Suiza a Estados Unidos, después de que en 2018 el país europeo adhiriera al intercambio automático de información fiscal firmado entre los países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Ahora, más que interés por blanquear consultan sobre qué paraísos fiscales quedan en el mapa. Singapur cada vez parece más cerca… A la luz de los acontecimientos, el empresario Nicky Caputo fue una vez más un visionario: supo ser cónsul honorario de ese país durante la gestión de Mauricio Macri y hasta 2020, cuando el gobierno de Fernández le quitó el cargo. Después del blanqueo de 2017 de Macri, para muchos empresarios cualquier opción parece más atractiva que volver a poner el dinero en el país.

La falta de pesos es un problema para Massa, pero no para Horacio Rodríguez Larreta. El alcalde de la Ciudad de Buenos Aires planea viajar a Washington el miércoles que viene, en lo que sería su primera visita a la capital norteamericana como candidato presidencial. Allí tiene prevista una agenda casi calcada a la que tuvo en su momento su otrora amigo Massa. Tendrá reuniones en la Cámara de Comercio, en el Wilson Center, en la Universidad de Georgetown, en el Senado (verá a los demócratas Bob Menéndez y Tim Kaine, y al republicano Bill Cassidy) y además están agendados encuentros con el asesor de Biden para América latina, Juan González, y con Brian Nichols, secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental. Todavía su equipo no había logrado confirmar un encuentro con John Kerry, enviado presidencial especial de los Estados Unidos para el Clima. Larreta tenía pensado originalmente volar un día antes, el martes, pero decidió postergar su agenda a último momento un día ante la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación finalmente dé a conocer el martes próximo el fallo por el cual la Ciudad recuperaría la cuota de coparticipación que le quitó la gestión de Alberto Fernández. Larreta espera esa sentencia para finalmente poder mostrarse “austero” y anunciar una rebaja de impuestos para los porteños: la eliminación de Ingresos Brutos de los consumos con tarjeta de crédito. Un acto de generosidad que le cuesta poco. Solo con lo que le ingresa por Ingresos Brutos a las Leliq del BCRA Larreta pudo en los últimos meses más que compensar lo que había perdido de coparticipación.