“Cuando los gendarmes vinieron a la región lo hicieron para asentarse en lugares muy conflictivos, zonas en las que a veces no entraba ni la policía. Su trabajo siempre fue denodado, pero se llegó a un punto en que no pudieron seguir soportando las malas condiciones en las que trabajan”, dijo a LA TERCERA un miembro de los Foros Vecinales de Seguridad quien mantiene dialogo directo con referentes regionales de Gendarmería y Prefectura.

“Gendarmería tuvo un apoyo político muy grande por parte de la presidenta que instó a los intendentes a sumarlos para que aporten trabajo por la seguridad en sus distritos. Los gendarmes estaban prácticamente abandonados y olvidados en la frontera. Ahora cambiaron su imagen ante la sociedad. Siguieron soportando mucho y es justo que salgan en este momento a pedir por lo que les corresponde”.

Según informaron a este medio, momentos en que se esperaban novedades sobre la evolución del conflicto que mantiene Gendarmería y Prefectura con el Ministerio de Seguridad de la Nación en su búsqueda de recomposición y blanqueo salarial, los efectivos desplegados en la provincia de Buenos Aires en el marco del “Operativo Centinela”, “no abandonarán sus puestos en los asientos distritales ni tampoco en ningún otro punto del país”.

De esta manera, los 2 mil gendarmes asignados a marcar presencia en zona sur, “deben mantener sus lugares en todos los distritos, aun cuando el conflicto busca destrabarse”. Según contó la misma fuente, “muchos temen alguna especie de sanción, por lo que la adhesión a las marchas al Edificio Centinela es escasa en la zona, pero más allá de esto, el reclamo es legítimo”.

De hecho, ayer a la tarde seguía marcando presencia en Avellaneda a la altura del Puente Pueyrredón no solo Gendarmería, sino también Prefectura. “Los muchachos están yendo y viniendo -entre el Edificio Guardacostas y los puestos costeros- y hay relevamientos entre quienes participamos de las asambleas”, señaló Jorge, un prefecto avellanedense. “La forma de trabajar y de operar es la misma que la de Gendarmería y compartimos el mismo reclamo. Somos fuerzas que compartimos el origen y el trabajo y comprendimos la convocatoria del gobierno para que ellos colaboren en la patrulla de la Provincia”.

Ante la consulta sobre cómo se entendió el relevo de la cúpula tanto de Prefectura como de Gendarmería, el efectivo apuntó: “Sentimos alivio saber que los jefes que nunca tuvimos no estén más. Por el otro lado, no son los culpables. En contaduría se interpretó perfectamente lo decretado por el Gobierno Nacional, y descontó lo solicitado. Los jefes no tenían la culpa, pero si para nosotros son una basura que jamás se preocuparon por mejorarnos las condiciones. Se preocupaban solo por lo suyo: ganaban entre 90 y 100 mil pesos por mes mientras que otros estamos entre los 2 mil o 3 mil pesos, o los Gendarmes que están con básicos de 600 o 700 pesos”.

A su vez, confirmaron a este medio que uno de los temas más conversados a la espera de novedades de ambas fuerzas fue “la necesidad de conformar un sindicato único”. “Es algo que se está hablando con los referentes de Gendarmería y hay principios de acuerdo. Se estuvo recogiendo experiencias en otras partes del mundo y veríamos como algo positivo la conformación gremial de las fuerzas”, apuntaron, y agregaron que, si bien tanto Prefectura como Gendarmería son fuerzas federales con organización plenamente vertical, no encuentran otra manera que sea la vía judicial “para exigir sobre casos puntuales de situación laboral”.

Es en este punto donde las fuentes reconocen “contactos con la Policía Federal y la Bonaerense”, fuerzas que también hablan de la búsqueda de conformación gremial. “Seguramente cuando finalice este conflicto y todo vuelva a su cauce, estaremos ante un nuevo panorama que hable de los derechos de quienes custodiamos la seguridad interna y las fronteras”.

El ‘centinela’ siguió vigilando el sur

Gendarmes y policías comparten operativos en el conurbano desde el lanzamiento del “Operativo Centinela” en 2010, cuando la propia Presidenta Cristina Fernández ungió a esos “hombres y mujeres, estos gendarmes, que van precisamente a ocuparse del combate contra el delito organizado” en 24 partidos del conurbano bonaerense. Entonces se dudó sobre la permanencia en el territorio bonaerense, en detrimento de su espacio natural: las fronteras. Pero la realidad marcó que los intendentes cuentan con ese personal porque lo integró a sus programas preventivos, en algunos casos, dedicando parte de su presupuesto.

En Ezeiza, siempre caso testigo en materia de seguridad debido a que su alcalde, Alejandro Granados, hizo de esa área su sello de gestión, unos 250 efectivos son parte de los operativos vehiculares, de identificación y de saturación, como respaldo de la policía local. Según explicó a LA TERCERA su secretario de Seguridad, Roberto Laino, en la comuna no hubo adhesiones a los reclamos y “ningún objetivo se plegó ni abandonó su puesto”, aseguró el funcionario.

El salarial “es un tema en el que no nos podemos meter, porque viene originado por la Nación. Pero me llamaron los comandantes y me dijeron que seguía todo normal: los objetivos se van a cumplir”, ratificó el secretario. Aunque otros intendentes se pronunciaron al respecto, Granados reservó su opinión en el conflicto, desmarcándose de algunos de sus pares sureños (ver recuadro).

Según pudo reconstruir este medio, en los distritos del segundo cordón del conurbano, el nivel de adhesión de los agentes habría sido similar: casi nulo. El dato no llama la atención si se tiene en cuenta que quien quedó al frente de la Gendarmería -tras el relevo de una decena de miembros de la cúpula- quien fue responsable de la zona sur desde el lanzamiento del Operativo Centinela, Enrique Sach.

El nuevo jefe de gendarmes, que estuvo en mayo último en Ezeiza cuando la Municipalidad anunció la compra de cinco móviles destinados a reforzar el patrullaje de los ‘centinelas’, es uno de los encargados de negociar el retorno a las calles de sus compañeros, que reclaman un sueldo básico de 7 mil pesos, entre otras reivindicaciones.

En el mediodía de ayer, este diario contactó a un referente de esa cartera para recoger un panorama de situación del conflicto. Luego de posponer la comunicación, el próximo contacto fue con un asesor que sólo adelantó que se preveían extensas reuniones para el resto del día: el rumor de que Garré abandonaría su cargo por pedido de la Presidenta comenzó a circular, aunque nunca se concretó.

Con todo, donde sí se percibió un llamativo fenómeno fue en los servicios de la línea General Roca (LGR) de ferrocarril: ayer, en pleno horario de retorno laboral, se suspendieron todos los servicios desde constitución hacia Ezeiza y Alejandro Korn por supuestos desperfectos en el tendido eléctrico. El único modo de viajar fue mediante convoyes traccionados por locomotoras diesel. Antes que las calles, la presencia de la Policía Federal en las estaciones de trenes de todo el conurbano fue reforzada, precisamente, por gendarmes, ya que su trama es considerada territorio federal.

La información oficial que brindó la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe) informó ayer que debió interrumpir el servicio eléctrico que une Constitución con esas terminales “a raíz de un corte de energía producido en Temperley, a partir de las 17”.

Fuerza “represiva”, no trabajadores

“Los reclamos de las fuerzas de seguridad no pueden ser considerados como los de un trabajador común”, definió, categórico, Martín Alderete, integrante de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep), la ex Correpi que tiene representantes en la región. La diferencia con otras manifestaciones es que los mismos gendarmes y los prefectos que ahora demandan “estuvieron involucrados en situaciones de represión de otros” colectivos sociales, le explicó el abogado a LA TERCERA.

Como las estructuras son la pata coercitiva del Estado, “tienen el monopolio de la coacción física”, por lo que “no se puede entender como lógico y legítimo que los sectores armados tengan la capacidad de movilizarse con portación de armas de fuego, como hicieron”, cuestionó el militante. Además, si son un estamento creado por la estructura estatal, que de ella haya partido -según una de las versiones- el desorden salarial hace pensar que en realidad “se juegan internas” y que, si se avalan los reclamos, “puede ser una maniobra que los puede envalentonar” y generar nuevas conductas violentas.

Por eso la Cadep se manifestó en contra de los proyectos de sindicalización de las fuerzas represivas, ya que entendió que fortalecería las respuestas frente a casos de corrupción que salgan si alguien les “suelta la mano”. Si bien al momento no se consolidó a nivel nacional una conducción gremial, cada vez que hubo intentos fue “para generar una posición corporativa para avalar casos de tortura o gatillo fácil”, denunció el legista. El encolumnamiento sindical sería otra forma de plantear internas dentro de la estructura.

No obstante, Alderete cuestionó el “hecho objetivo” de que los uniformados cobraran menos de lo que era habitual, pero también señaló la brecha entre lo que ganan las personas de mayor rango y las cúpulas, que interpusieron recursos de amparo para fijar sueldos exorbitantes. Esa treta fue posible merced a que ambas fuerzas recibían una amplia porción de su salario en negro, “lo que es ilegal”, acentuó.

La Coordinadora adelantó que si la situación continúa se reunirán con el espacio que integran, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia; para definir medidas a tomar. En tanto, desde la histórica agrupación antirrepresiva Correpi lanzaron un comunicado en el que coincidieron con que las fuerzas de control no pueden considerarse como clase baja porque “aquel que, perteneciendo por origen a la clase trabajadora, se vuelve policía, es un policía de la burguesía y no un trabajador”.

Los Barones más afectados dicen no al reclamo

Con Julio Pereyra a la cabeza, los intendentes agrupados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) repudiaron el reclamo de efectivos de Gendarmería y Prefectura, y lo calificaron como "desmedido, improcedente y ahora injustificado, cuando el Gobierno Nacional ya atendió la situación".

"Está bien defender los derechos individuales, pero mientras tanto no se vulneren los del conjunto, y sobre todo las fuerzas de seguridad son quienes tienen que tener muy claro esto", manifestó El intendente de Florencio Varela y presidente de la FAM, Julio Pereyra y añadió que, "nadie tiene que pensar que solamente tiene derechos y no obligaciones”.

Mucho de los jefes comunales expresaron su desacuerdo y su preocupación “todo esto es un intento de desestabilización política que es inaceptable, porque atenta a la democracia y no estamos de acuerdo bajo ningún punto de vista”, aseguró Francisco Gutiérrez, intendente de Quilmes y reiteró el “irrestricto respaldo al gobierno nacional de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, así como a todas la instituciones democráticas, y más allá de los reclamos atendibles, esto se debe encauzar en ese marco; no puede ser de otra manera”.

Daniel Di Sabatino, de San Vicente, por su parte, remarcó que “los conflictos deben resolverse respetando la Constitución Argentina y la Democracia del país; quienes protestan, no deben confundirse porque las instituciones están funcionando”.

En este marco, Jorge Ferraresi, de Avellaneda, sostuvo que “hechos como los que están sucediendo no debieran darse fuera del marco de las instituciones democráticas, donde las fuerzas de seguridad tienen el rol que les asigna la Constitución y deben por lo tanto abocarse a cumplir su tarea específica”.

A través de un documento, los jefes comunales ya mencionados Pereyra, Di Sabatino, Gutiérrez y Ferraresi expresaron su "repudio" a la medida de fuerza llevada a cabo por las fuerzas de seguridad, y reiteraron su "apoyo al gobierno nacional".

El documento además fue firmado por Hernán Yzurrieta, de Punta Indio; Juan Pablo Anghileri, de General Rodríguez; y Marisa Fassi, de Cañuelas, el intendente de Ituzaingó y titular de la FAM de la provincia de Buenos Aires, Alberto Descalzo; los jefes comunales de Berazategui, Juan Patricio Mussi; y de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.