La fiscal General, María Marta Cáceres de Bolatti, confirmó que hoy se realizará el curso de capacitación obligatorio sobre agroquímicos para los fiscales de Instrucción y de Cámara de la Provincia, y sostuvo que “no hay ninguna cuestión ideológica” detrás de la jornada. A su vez, el vocal del Tribunal Superior de Justicia, Luis Rubio, rechazó que se trate de un “adoctrinamiento” a los funcionarios judiciales y dijo que el evento es “parte de un programa más amplio” de capacitación. “Ésta es una capacitación que está prevista desde el año pasado, y se trata del segundo módulo, ya que el año pasado se hizo el primero. Es un proceso de capacitación para los fiscales en distintas etapas”, dijo Cáceres de Bolatti a LA MAÑANA.

El curso cuestionado es organizado por el Ministerio de Agricultura de la Provincia y el Colegio de Ingenieros Agrónomos, en colaboración con el Ministerio Público y el centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez, del TSJ. Se realizará en el Campo Santa Julia de la Universidad Católica, que colinda con el predio donde la multinacional Monsanto quiere instalar una planta que es resistida por vecinos de la localidad.

Como publicó ayer este diario, organizaciones ambientalistas y agrupaciones de vecinos afectados por fumigaciones con agroquímicos denunciaron que el curso es una “bajada de línea” del Gobierno provincial, vía cartera de Agricultura, a los fiscales que tendrán que investigar eventuales casos de contaminación ambiental. También objetaron a los expositores del evento, quienes, afirmaron, defienden el uso de glifosato como pilar de la industria sojera. Los ambientalistas consideran que la Provincia y el Colegio de Agrónomos quieren evitar otra causa Ituzaingó, que el año pasado condenó a productores y fumigadores por contaminación ambiental y en la cual siguen procesados varios ingenieros agrónomos.

No asistirán

Tras la confirmación de que el curso no se suspenderá, referentes de las agrupaciones antiagroquímicos declinaron la invitación a participar con un técnico propio, posibilidad que abrió ayer la Fiscalía General y el TSJ luego de recibir a representantes de Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, Red de Médicos de Pueblos Fumigados, y Asamblea Colectiva de Organizaciones Sociales de Córdoba. “No hay tiempo para preparar una exposición”, dijo Matías Marizza, de Malvinas Lucha por la Vida.

El médico Medardo Ávila Vázquez, de Médicos de Pueblos Fumigados, consideró que es “una falta de respeto” la convocatoria “de último momento”, y remarcó que “un solo técnico no puede exponer de todos los temas relacionados con el uso de agroquímicos” en la producción agrícola.

Los expositores

Cáceres de Bolatti informó que los técnicos que hoy capacitarán a los fiscales de la Provincia en temas relacionados con la producción sustentable y la Ley Provincial de Productos Químicos y Biológicos Nº 9164 fueron elegidos por la “autoridad de aplicación” de la mencionada normativa, es decir el Ministerio de Agricultura, y por el Colegio de Agrónomos, y admitió que la Fiscalía no talló sobre el perfil de los capacitadores. “Yo no censuro opiniones, creo en la libertad para expresar distintos enfoques”, afirmó. Asimismo, la funcionaria recalcó que los fiscales fueron capacitados el año pasado sobre la Ley Nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051, más estricta que la provincial. Ante la pregunta sobre si el curso no caerá en una suerte de “adoctrinamiento” para que los funcionarios judiciales sigan determinada línea de investigación penal, sostuvo que “los fiscales son gente formada”.

Además de especialistas de la UNC, la lista de expositores incluye a representantes de los pooles sojeros, como Gabriel Vázquez Amabile, de Aacrea, y del Colegio profesional de Agrónomos, como Ricardo Weiss.

“Es un curso informativo. Nadie tiene la verdad absoluta”, remarcó Rubio, quien defendió el derecho del Estado provincial a “opinar como organismo de aplicación” de la ley de agroquímicos. Junto al presidente el alto cuerpo, Carlos García Allocco, Rubio se reunió ayer por más de dos horas con los ambientalistas que se marcharon hacia el Palacio de Justicia.