Por Delfina Torres Cabreros

“No es su rol”, dicen en el Ministerio de Economía. Pese al pedido que le hicieron de manera explícita distintas organizaciones de defensa al consumidor y, más discretamente, desde el sector cercano a la vicepresidenta, el ministro Martín Guzmán no participará en las audiencias públicas que se inician este martes para discutir la suba de la luz y el gas. Aún cuando la estrategia definida frente a la embestida interna fue contrarrestar, el ministro ya tomó su decisión sobre las tarifas y se correrá del primer plano en esa instancia de discusión. 

El kirchnerismo quiere que Martín Guzmán sea la cara visible de las subas que fueron acordadas en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo piensa, también, como un modo de quitar peso de las espaldas de los funcionarios cristinistas que deberán poner su firma para que el aumento se traslade efectivamente a los cuadros tarifarios: Soledad Manin, titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y ladera de Federico Basualdo, y Federico Bernal, titular del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). 

Asociaciones de consumidores habían solicitado formalmente al Ministerio de Economía que la audiencia pública por la suba de las tarifas de energía se realizara de forma presencial y que se garantizara la presencia de Guzmán. Ninguna de las demandas fue concedida. 

“Atento a que el motivo del llamado a audiencia pública proviene de las obligaciones del estado argentino en el memorando de políticas económicas y financieras acordado con el Fondo Monetario Internacional resulta necesario que quien presida y brinde información a la ciudadanía sea el Ministro de Economía”, sostuvieron en una carta oficial las asociaciones Adduc, Cepis, UyC a la que adhirieron también Deuco, Lideco, Codeco, Acucc y Mudeco.

En el entorno de Guzmán consideran que quien tiene la responsabilidad de participar en las audiencias en representación del Ministerio es Darío Martínez, el secretario de Energía. Él encabezará las sesiones que se iniciarán mañana a las 10, a través de la plataforma Webex.

Además, está previsto que a lo largo de las tres jornadas participen otros funcionarios del entorno de Guzmán: Maggie Videla, subsecretaria de Hidrocarburos de la Nación; Guillermo Usandivaras, subsecretario de Coordinación Institucional de Energía y virtual jefe de Gabinete de Energía; y Santiago López Osornio, subsecretario de Planeamiento Energético y cerebro detrás del esquema de segmentación. 

Este lunes, en diálogo con Urbana Play, Guzmán volvió a referirse al tema de las tarifas y dejó clara su intención de ir hacia un esquema de reducción de subsidios. “Uno se pregunta en qué país del mundo ha funcionado para encauzar un sendero de desarrollo con inclusión social tener subsidios energéticos por 3 o 4 puntos del producto. No hay evidencia, ni ninguna articulación teórica que diga que eso funciona”, dijo. 

En la audiencia del martes 10 se tratará el precio de la producción de gas; en la del miércoles 11, de la generación de electricidad, y en la del jueves 12, la segmentación de tarifas. Si bien estas audiencias son un requisito exigido por la ley para alterar las facturas que llegan a los hogares, no son de carácter vinculante. Es decir, la decisión final no está atada a lo que se discuta en esa instancia. 

Según anticipó el Ejecutivo, se proyecta segmentar a los usuarios en tres categorías. El 10% de mayor poder adquisitivo se quedaría sin subsidios, lo que podría implicar aumentos en sus boletas mayores al 200%. En el otro extremo, quienes tienen tarifa social no podrán percibir un aumento superior al 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del 2021, lo que prevé una suba total 21,4%, que ya se aplicó casi en su totalidad en marzo pasado. 

En el medio quedará la gran masa de los usuarios, que tendrán subas de hasta el 80% del CVS, por lo que verían reflejados en sus boletas aumentos de hasta 42,7%. Es importante aclarar que en lo que respecta a electricidad, cada provincia tiene el control de decidir los aumentos finales, excepto Edenor y Edesur que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires y dependen de Nación. El gas, en cambio, se regula a nivel nacional.