El proceso contra el fiscal de Estado Joaquín de Rosas entró en un juego de picardías. Entre el miércoles y el jueves, De Rosas intentó aplazar la definición usando su descompensación cardíaca, trance de salud que no parece haber sido creíble, al menos para el Jury de Enjuiciamiento y teniendo en cuenta la respuesta a los planteos realizados por el funcionario acusado de mal desempeño: le dieron tiempo hasta el martes a las 9, fecha en la que se reanudará el proceso.

Curiosamente, ayer el abogado de De Rosas resultó no ser el representante legal, sino apenas un patrocinante ya que, por nota ingresada a las 8 de la mañana, el Fiscal informó al Jury que él actuaba por “derecho propio”, es decir que él mismo llevaba adelante su defensa y, como estaba internado en la ex clínica Mitre, no podía hacerlo.

De hecho, el ahora patrocinante Roberto Godoy Lemos, no ocupó el lugar destinado a los defensores, sino que se sentó entre el público. Esta situación fue hecha notar por el propio presidente del Jury, el supremo Omar Palermo, para que conste en el acta del fallido encuentro de ayer, en el que cada una de las partes harían sus alegatos y el Jury daría su veredicto definitivo por la remoción o permanencia en el cargo de Fiscal de Estado.

Curioso este anuncio de De Rosas diciendo que actuaba “por derecho propio”, porque hasta ahora, quien llevaba adelante todos los planteos del acusado, e interrogó testigos fue Godoy Lemos. De hecho, las dos notas que ingresaron el miércoles, una anunciando la internación de De Rosas y la otra, solicitando la suspensión del proceso hasta que se mejore, fueron presentadas con la firma de Godoy Lemos.

Más curioso aún es el informe del perito del Cuerpo Médico Forense que fue a verificar la salud de De Rosas en el nosocomio de calle Mitre al 600: “Es internado, en buen estado general, lúcido orientado, con estabilidad hemodinámica, T.A 120/80. Pulsos normales. Ruidos cardíacos normales. Se solicitaron estudios de laboratorio con resultados dentro de límites normales. Electrocardiograma con signo sospechoso de fibrosis cardíaca antigua y con antecedentes de hipertensión arterial y episodios similares sin control médico. Se instaló medicación antihipertensiva, anticoagulante, ansiolíticos, diurética y anti arrítmica preventiva”.

No faltó quien ironizara sobre este informe: “Con ese estado no puede entrar a la NASA, pero tan mal no parece estar”. Y al parecer, en el Jury reinaba una idea similar, aunque no abundaba el ánimo de darle al procesado Fiscal de Estado elementos a un recurso de casación ante la Corte Suprema nacional por violación del derecho de defensa.

El Jury se tomó unos minutos de cuarto intermedio y salieron con una respuesta. El proceso se suspende hasta el martes 15 a las 9 de la mañana. Como de acuerdo a la nota presentada en la misma mañana de ayer De Rosas no tenía representante legal, se notificaría inmediatamente a la defensoría oficial para que asuman la representación y el proceso continuará con o sin De Rosas en el salón de Actos del palacio judicial.

Esa notificación para que uno de los defensores oficiales asuma la representación legal del suspendido fiscal de Estado está sustentada en el artículo 30 de la ley 4.970, que regula el funcionamiento del Jury: “La incomparencia de los defensores o del acusado no postergará ni suspenderá el juicio, debiendo darse oportuno aviso e intervención al defensor de oficio”. De esa forma, se resguardaría el derecho de defensa aún con De Rosas ausente en la sala.

La acusación contra el fiscal de Estado Joaquín de Rosas es una compleja trama de vinculaciones con el poder. Supuestamente, De Rosas habría beneficiado a Daniel Vila y a Dalvian por partida doble. Por un lado, habría facilitado la fijación de un precio elevado por tierras expropiadas a ambos, para crear la reserva Divisadero Largo. Por el otro, empujó una compensación de deudas entre lo que le debía el Estado por esa expropiación y una deuda de 6 millones de dólares que Dalvian tenía con los viejos bancos estatales de Mendoza.

Para 2002 esa deuda con los bancos estaba en proceso de cobranza judicial, con 80 ejecuciones hipotecarias de terrenos de Dalvian mientras que la expropiación de tierras para Divisadero Largo aún no tenía precio firme y, para hacer esa compensación, de acuerdo al Código Civil, hacen falta dos montos líquidos exigibles.

Cuando salió el juicio de expropiación, en el 2007, Vila y Dalvian consiguieron entre 13 y 17 pesos por metro cuadrado de tierra, mientras que los cuatro vecinos también expropiados conseguían $2,70. Vila y Dalvian debían cobrar 3,5 millones de pesos por sus propiedades y terminarían pagando 1,5 millones de pesos por la deuda con los fenecidos bancos provinciales.