La judicial es la única casta que gobierna sin un mandato fijado por la Constitución, salvo la edad máxima de los 75 años para ejercer la magistratura. Todos los otros sectores de la vida pública deben someterse a una ratificación de sus liderazgos cada cierto tiempo. Otra historia es la forma en que se hacen las elecciones para renovar los mandatos; el sistema más cuestionado es el sindical, porque les permitió a muchos dirigentes gremiales estar en el poder desde hace casi 50 años. Javier Milei tomó últimamente la decisión de agradar a la casta judicial como ningún otro presidente lo había hecho antes. La postulación del juez federal Ariel Lijo, promovido por el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, es un audaz y osado ungimiento de dos cabales exponentes del establishment judicial. Entre mañana y el martes, según trascendió, el Gobierno publicará en dos diarios de alcance nacional, como manda la reglamentación vigente, la nominación de Lijo y del académico Manuel García-Mansilla como miembros de la Corte. Lijo podría asumir de inmediato, porque fue elegido por el Presidente para cubrir una vacante que ya existe en el más alto tribunal del país; García-Mansilla deberá, en cambio, esperar hasta el 29 de diciembre, fecha en la que se jubilará el actual juez Juan Carlos Maqueda. El destrato personal a Maqueda, un juez que nunca fue cuestionado ni participó de ningún escándalo político o judicial, tiene una dimensión tan increíble como injusta. Cambiar las cosas y los métodos para luchar contra la casta no significa necesariamente frecuentar el desprecio a las personas, propias o ajenas.

Sobresale en el caso de Lijo el silencio absoluto del kirchnerismo y del radicalismo. Esos partidos tienen, sumados a los de Milei, los suficientes senadores como para alcanzar los 48 votos necesarios para los dos tercios del cuerpo, la mayoría a la que obliga la Constitución. En las últimas horas, el expresidente Mauricio Macri, nuevo presidente electo de Pro, el partido que él fundó, afirmó que nunca supo que el Gobierno postularía a Lijo y que definitivamente él no está de acuerdo con esa nominación. La senadora por la Capital Guadalupe Tragliaferri, que también es de Pro, les dijo en días recientes a varios interlocutores, según versiones coincidentes, que está dispuesta a votar a Lijo; Tagliaferri, que es presidenta de la Comisión de Acuerdos, argumentó que Lijo es un hombre del sistema con el que se pueden conversar las cosas de la Justicia. La senadora de Pro no responde a Macri, sino a Horacio Rodríguez Larreta, de quien fue ministra en el gobierno de la Capital. Pero el jefe partidario es ahora Macri, no Rodríguez Larreta, quien ya tomó nota de que no se debe desafiar al líder que lo acunó. Luego de la publicación de las postulaciones de Lijo y García-Mansilla, habrá un período de 15 días para impugnar o apoyar esas candidaturas; el Presidente tendrá después la oportunidad de evaluar las impugnaciones y las respectivas defensas. El decreto estipula que el jefe del Estado podrá retirar alguna candidatura (o todas) si al final considera que las objeciones fueron muy graves.

El juez Lijo es hermano del abogado Alfredo Lijo (Freddy, como lo llaman en los tribunales penales de Comodoro Py), a quien se considera un operador judicial de causas que investigan hechos de corrupción. El propio hermano del juez aceptó que cumple ese papel (y que cobra) cuando recientemente le dijo a LA NACION: “Todos los abogados somos operadores judiciales”. Pero no todos los abogados son hermanos de un juez federal con proverbial influencia entre varios jueces federales. El juez Lijo fue siempre la extensión del poder de Lorenzetti, sobre todo cuando este era presidente de la Corte Suprema, entre los magistrados federales que investigan causas de corrupción. Freddy Lijo tuvo relación con varios exfuncionarios de Cristina Kirchner muy comprometidos con investigaciones sobre manejos inmorales de los recursos públicos. Los hermanos Lijo fueron denunciados por Elisa Carrió en 2018 por asociación ilícita, lavado de dinero, coimas y tráfico de influencias. La denuncia incluía a Julio De Vido y a Gustavo Cinosi, otro lobista que actualmente cumple funciones en la OEA. Esa causa fue archivada por el juez federal Julián Ercolini con el acuerdo del fiscal Franco Picardi, quien milita en la agrupación kirchnerista Justicia Legítima y fue un alto funcionario del gobierno de Cristina Kirchner. Carrió y el diputado de su partido Juan Manuel López acaban de pedir una investigación sobre la actuación de Ercolini y Picardi en esa causa. El Colegio de Abogados de la Ciudad le requirió al Consejo de la Magistratura una auditoría sobre ese expediente de Carrió. El Colegio reveló que hubo dos causas abiertas contra Lijo en el Consejo de la Magistratura y que nunca se dispuso ningún trámite sobre ellas. El Colegio, en acuerdo con el Consejo, hizo en su momento una auditoría sobre los juzgados federales y su desempeño en las causas que investigaron la corrupción de funcionarios públicos. El juez Lijo fue cuestionado porque presentaba irregularidades en el trámite de 20 causas. No son pocas; son muchas.

El Colegio también señaló que en la causa de Carrió que gestionó el juez Ercolini “se ignoró el informe de la UIF”, la Unidad de Información Financiera, que audita el trasiego de dinero. Nadie tuvo acceso nunca al informe de la UIF, que es de los tiempos en que esa agencia era presidida por Mariano Federici y María Eugenia Talerico, durante la presidencia de Macri. Ni siquiera se sabe si Ercolini incorporó tal informe a la causa contra los hermanos Lijo. Se conoce, en cambio, que Ercolini supo que el hermano del juez Lijo, Freddy, estuvo investigado en varias causas judiciales y que el 6 de septiembre de 2017 abrió una cuenta en el Banco Santander de Madrid y que dos meses después, en noviembre, recibió una transferencia de 1.694.565 dólares. La transferencia venía de una cuenta en Suiza de la empresa Tee Path Limited, de la que Freddy Lijo era el beneficiario final. Estaban autorizadas a operar esa cuenta dos mujeres, una expareja suya y su secretaria. Un mes más tarde, en diciembre de 2017, 1.300.000 dólares depositados en el Banco Santander de Madrid fueron destinados a la suscripción de distintos fondos de inversión. Seis meses después, en junio de 2018, el dinero depositado en el Banco Santander fue girado a la Argentina y a los Estados Unidos a nombre del propio Freddy Lijo. El hermano del juez abrió también en Uruguay una cuenta en el Discount Bank a nombre del propio Freddy Lijo y de su socio, Cinosi. Freddy Lijo blanqueó las cuentas que tenía (o tiene) en España y Suiza con la moratoria dispuesta por el gobierno de Macri. Freddy Lijo fue socio del excamarista federal Eduardo Freiler en un balneario de Necochea; Freiler debió dejar el cargo porque no pudo explicar la riqueza que exhibía. En 2015, Freddy Lijo creó la empresa Caledonia, con la que compró varios autos de alta gama, entre ellos un Porsche Carrera y un Mercedes-Benz E-350. Esos autos contaban con varias cédulas azules (que permiten que sean conducidos por terceros), una de ellas a nombre de Ariel Lijo, su hermano y actual candidato a juez de la Corte. Una de las empresas de Freddy Lijo celebró contratos con empresas de las que es (o era) accionista Néstor Otero, llamado “el zar de Retiro”, de excelente relación con varios jueces federales que tienen sus despachos a pocos metros de la estación de colectivos, donde Otero ordena y manda. Otero es uno de los empresarios investigados en la llamada causa de los cuadernos, que develó el entramado de corrupción del kirchnerismo. El momento más difícil del juez Lijo ocurrirá cuando deba explicar las correrías de su hermano Freddy y contar qué lo une a él.

En semejante paisaje de críticas y serias objeciones sobresale la designación del procurador general de la Nación, que es el jefe de los fiscales y, por lo tanto, el jefe de la acusación en el país. Según informaciones ciertas, el Gobierno tendría dos candidatos. Uno es –cuándo no– un hombre de Lorenzetti, el juez de Comodoro Rivadavia Javier Leal de Ibarra, y el otro es el joven fiscal general de la Capital Juan Bautista Mahiques, hijo del juez Carlos Mahiques, quien acaba de escribir la más devastadora sentencia de la Cámara de Casación que se haya escrito hasta ahora sobre la autoría de Irán en el atentado que voló la AMIA. Mahiques hijo es también presidente de la Asociación Internacional de Fiscales, que nuclea a los fiscales de todo el mundo. El Presidente debe decidir de una buena vez qué hará con su discurso, porque le está faltando coherencia cuando dice detestar a la casta. O hay cierta parte de la casta que le gusta a Milei o la casta está demostrando que es más astuta que él.