Le ganó la presidencia por 41.057 votos en la segunda vuelta de junio del año pasado. El futuro del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), está ahora en manos del Congreso dominado por su derrotada, Keiko Fujimori, cuando este juevesvote un pedido de vacancia (destitución) por ocultar supuestos nexos con la constructora brasileña Odebrecht, la madre de todas las empresas que ha regado de corrupción el continente. Muchos analistas sostienen que la suerte de Kuczynski, un economista liberal de 79 años que en aquel balotaje aglutinó todo el voto y el sentimiento antifujimorista, está echada, ya que la correlación de fuerzas en el Congreso le permitiría a la oposición conseguir los 87 votos necesarios (sobre un total de 130) para destituirlo.

Con todo, y pese a que para que el pedido avanzara hubo 93 legisladores que votaron a favor, no es seguro que los dos bloques de izquierda (con 10 legisladores cada uno), parte del APRA y otros partidos menores vayan a mantener la misma posición y sean funcionales al fujimorismo, una vez que escuchen al presidente, quien tendrá una hora para explicar qué tipo de vínculos tuvieron dos de sus empresas con la constructora brasileña Odebrecht cuando fue ministro de Hacienda y primer ministro de Alejandro Toledo.

Paradojas de la política peruana, la propia izquierda que fue clave para evitar que Keiko llegue al poder encolumnandose sin fisuras detrás de PPK en aquella segunda vuelta, la semana pasada apoyó el pedido de vacancia, hoy tiene en sus manos el futuro del presidente y puede ser funcional a los deseos de venganza del fujimorismo.

Un dato no menor, además, es que Kenji Fujimori, hermano de Keiko y el legislador más votado de todo el país, se opuso el pedido de su partido.

Kuczynski sostiene su inocencia (en verdad aún no se le ha imputado ningún delito y si lo hubiera ya habría prescripto), aunque reconoció que su consultora Westfield Capital asesoró a Odebrecht, lo hizo cuando ya se había apartado de la empresa para ser ministro de Hacienda y premier de Toledo entre 2001 y 2006.

Desde que asumió en julio de 2016, Kuczynski debió enfrentar la ofensiva de un Congreso dominado por la derechista Fuerza Popular (FP) de Fujimori, que cuenta con 71 de los 130 legisladores del parlamento unicameral. Pero desde la semana pasada quedó en aprietos cuando Odebrecht documentó ante el Congreso que le pagó cerca de ocho millones de dólares a Westfield y a otras dos consultoras con las que el mandatario tendría algún vínculo.

Más que la propia relación, lo que pone en riesgo al presidente es, según la oposición, la “incapacidad moral permanente” que se deriva del supuesto intento de negar aquellos vínculos comerciales. Según Kuczynski, cuando fue ministro dejó la empresa en manos de su amigo chileno Gerardo Sepúlveda, quien en ese lapso hizo contratos con Odebrecht por casi 800.000 dólares sin que existiera algún “contrato” a cambio. Y sobre las otras dos empresas, PPK niega que le pertenezcan y solo admite que fue consultor de Odebrecht en un proyecto de una irrigación de una vasta zona agrícola. Para Kuczynski, y varios analistas, el proceso es “un asalto al orden constitucional” y “un golpe de Estado”.

Kuczynski podría seguir el camino de Alberto Fujimori, destituido por el Congreso en noviembre del año 2000 por “incapacidad moral”, quien está preso desde 2007 por 25 asesinatos y dos secuestros, sentenciado a 25 años de cárcel. Alberto es el padre de Keiko, quien le ha reclamado a PPK, sin suerte, que le otorgue un indulto.

En Perú, por el escándalo Odebrecht está prófugo Toledo y preso el también ex presidente Ollanta Humala y su esposa. El dos veces ex mandatario Alan García, y la propia Keiko Fujimori enfrentan investigaciones de la Fiscalía. No es el caso de Kuczynski.