El Ejército birmano lanzó el 9 de octubre una operación militar en el estado de Rakáin tras un ataque supuestamente cometido por insurgentes rohinyás. Esta ofensiva ya provocó el desplazamiento de más de 30.000 personas y un sinfín de crímenes cometidos por los soldados, según organizaciones humanitarias.

Se cree que sólo en Rakáin hay más de un millón de rohinyás, una minoría musulmana a la que la vecina Myanmar no reconoce la ciudadanía y a la que las autoridades bangladesíes ignoran y mantienen en un limbo legal.

Bangladesh sólo reconoce como refugiados a 30.000 de los entre 200.000 y 500.000 miembros de esa minoría que diversas fuentes no oficiales calculan que puede haber en ese pobre y sobrepoblado país.

La persecución de los rohinyás ya se convirtió en una crisis migratoria para muchos países vecinos o de la región y una crisis humanitaria desesperante, pese a la indiferencia generalizada de la comunidad internacional.

Desde hace un año la histórica junta militar de Myanmar abrió paso a un primer gobierno democrático, dirigido políticamente por la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.

Tras un trato marcadamente gentil a lo largo de 2016, hace unos días la ONU se quejó formalmente sobre la "gestión cruel" del nuevo gobierno birmano de Suu Kyi con la minoría rohinyá.

Mientras en Myanmar esta minoría recibe poco apoyo popular, en la capital de Bangladesh este domingo miles de personas salieron a marchar en rechazo a la política represiva y discriminatoria de su gobierno hacia los rohinyás.