Funcionarios de Omar Perotti y del Servicio Penitenciario provincial terminaron una larga semana de recorridas y negociaciones para mitigar el impacto mediático y político que generaron las recientes y escandalosas fugas de la cárcel de Piñero.

El avance más concreto se dio este viernes, cuando el ministro de Gobierno Roberto Sukerman encabezó una reunión con la empresa estatal Invap para firmar la incorporación de escáneres de alta tecnología para las cárceles más grandes de la provincia (Piñero, Coronda y Las Flores).

En diálogo con LPO, Sukerman contó que las charlas con Invap "llevaron mucho tiempo" y negó que el acuerdo haya sido promovido por la notoriedad pública que cobraron los escapes. También destacó otras medidas recientes, como el traslado de siete reclusos de "alto perfil" que hoy esperan a ser reubicados en Buenos Aires.

"Forman parte de toda una estrategia de renovación del Servicio Penitenciario impulsada por el gobernador Perotti", explicó el ministro, y culpó a las anteriores gestiones por "no cuidar" las unidades penitenciarias de Santa Fe: "Recibimos cárceles con cámaras que no funcionan y con tecnologías incapaces de detectar el 4G", graficó.

"La idea es seguir dotando de mayor seguridad a las unidades penitenciarias, por eso además de los escáneres vamos a reemplazar todo el sistema de cámaras y de monitoreo para fiscalizar a las personas y los autos que ingresan al  penal", agregó el funcionario.

En todos estos avances vienen teniendo gran protagonismo Walter Gálvez y Jorge Bortolozzi, los directores políticos del Servicio Penitenciario cuyos cargos, pese a todo lo sucedido, nunca fueron cuestionados.

Muy por el contrario, tanto Gálvez como Sukerman aclararon que las responsabilidades políticas de las fugas "exceden ampliamente" a la actual gestión, y apuntaron en cambio a "la necesidad de seguir trabajando para generar las condiciones técnicas y de infraestructura acordes para que los trabajadores penitenciarios puedan realizar su labor".

"Vamos a hacer un censo penitenciario para ver qué trabajos realizan cada uno de los cinco mil trabajadores penitenciarios", agregaron al respecto.

Sukerman habló finalmente sobre la construcción de "la primer cárcel federal" a realizarse en Coronda, "una obra iniciada por Cristina y que luego paralizó Macri". Tendrá capacidad para casi 400 presos y significará un gran alivio para una provincia que contiene más de 500 reclusos por delitos federales.

En cuanto a Gálvez y Bortolozzi, la próxima semana deberán reportarse en la Legislatura provincial para justificar sus acciones en una audiencia pública convocada por el bloque de Maximiliano Pullaro.