La intención del Acuerdo para el Bicentenario (ApB) de que todas las cooperativas del programa Argentina Trabaja radicadas en la capital queden bajo la órbita de la Municipalidad irritó a los dirigentes peronistas, vinculados a la Casa de Gobierno, de San Miguel de Tucumán.

El anuncio fue efectuado el lunes por el titular del plan Belgrano, José Cano, durante el acto de relanzamiento del plan en la sede municipal. Ayer, la Provincia concretó su propia presentación en el Complejo Belgrano y participaron políticos peronistas que rechazaron de plano su pretensión. 

En esta nueva etapa del programa, entre los cambios implementados por la Nación, está la descentralización de la administración de los grupos de trabajo. El manejo de las cooperativas quedó en manos de tres entes: uno de la Provincia y dos en municipalidades afines a Cambiemos (Yerba Buena y Capital). 

El organismo capitalino cuenta con 58 cooperativas, que le responden políticamente al intendente, Germán Alfaro, y al hoy secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación,Domingo Amaya. Las 147 restantes de la ciudad están relacionadas con dirigentes del Frente para la Victoria (FpV).

“Cano se ha beneficiado, vía Amaya, que es el dirigente que más cooperativas tenía. Creo que les quitarán el manejo político y esa es la molestia”, criticó Armando Cortalezzi, ex legislador y actual interventor de la Caja Popular de Ahorros (CPA). Afirmó que trabajó en un principio junto al Ministerio de Desarrollo Social para “ordenar y organizar” cooperativas. Halagó las modificaciones que habrá en los planes. “Un anhelo de Cano debe ser que pasen al municipio las cooperativas. Después dice que no quiere que tengan signos políticos ni sean guiadas políticamente. Los presidentes ya no estarán al mando, que es el que tomaba la asistencia. No serán rehenes de nadie”, consignó.

El legislador Marcelo Caponio aseguró que trabajó políticamente para que desocupados ingresen al programa. “Es un desacierto ponerla a disposición de un intendente”, calificó en relación al posible pase de los grupos al municipio. “La Municipalidad usó casi 60 cooperativas para el trabajo político. Amaya y Alfaro no pueden negar que lo hicieron”, cargó luego. 

Destacó los beneficios de la política social, pero lamentó que las condiciones económicas castiguen a los más pobres y que los ingresos no rindan a los beneficiarios como antes. “Tenemos cooperativas y nos parece fantástico que continúen y que sirvan a la sociedad, que sea una inversión y no un gasto”, consignó el ex legislador Gerónimo Vargas Aignasse, que volvió a trabajar con el oficialismo provincial. Rechazó la propuesta del radical Cano: “hay una autoridad provincial que tiene que manejar estas cuestiones. No es necesario que las maneje la capital. Si eso es lo que quiere Cano, lo que está buscando es tomar rehenes políticos. No es lo que corresponde. Él siempre ha estado en contra, me extraña que tenga esa posición”.

“Programa de empleo” 

“Este no es un programa de empleo ni de obras públicas”, explicó durante su discurso el ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin. Rechazó así las dos afirmaciones que había hecho Alfaro horas antes. Yedlin consignó que defendieron la vigencia del Argentina Trabaja en la Nación y que están agradecidos por haber sido escuchados. 

Jaldo, por su parte, precisó que 25.000 familias son beneficiadas y que implica la llegada de $ 80 millones mensuales. “Debemos agradecer al Gobierno nacional por haber tomado esta decisión. A pesar de algunos, el Gobierno provincial viene caminando y estando a la par de la Nación”, lanzó. 

Al ser consultado por la controversia por los programas, Manzur evitó polemizar. 

El Argentina Trabaja y su derivación denominada Ellas Hacen son programas de ingreso social con trabajo. Se implementan desde 2009 (Argentina Trabaja) y desde 2013 (Ellas Hacen) en siete municipios y seis comunas del Gran San Miguel.

Entre los cambios principales estarán que los beneficiarios del Argentina podrán terminar sus estudios, que se crearán polos productivos mediante talleres de oficios y que los cooperativistas podrán colaborar en instituciones como escuelas y CAPS.