Aunque el PJ todavía no lo decide, el Gobierno ya eligió a quién quiere en el directorio del Instituto de Juegos y Casinos por ese partido.

El directorio del organismo, que es de tres miembros, todavía está incompleto. Alfredo Cornejo designó en diciembre a Josefina Canale como presidente y a María Mercedes Rus como vocal, además de Marta Arrigoni, como síndico. Falta un vocal que, por usos y costumbres de la política mendocina en los últimos años, es para radicales o peronistas, según quien sea el partido opositor en cada momento.

Pero los peronistas no se ponen de acuerdo en la designación. Por eso en el Gobierno no dudan en inclinarse por uno de los dos nombres en danza: Alejandro Jardón, asesor del Instituto y discípulo de la senadora azul Patricia Fadel.

"Como ya trabaja acá, nos ahorramos un sueldo", dicen en Juegos y Casinos. Aunque esa no es la única razón.

En el Instituto en realidad quieren bloquear al otro candidato peronista, que también es del sector azul. Se trata de Diego Zacca, un ex funcionario de Casinos, asesor de Jorge Tanús y cercano al último presidente del organismo, Carlos Bianchinelli.

A Zacca no lo quieren porque lo acusan de haber actuado en todas las licitaciones cuestionadas, incluida la que favoreció a la empresa Sielcom (aseguran que se trata de una firma de la familia Vila) por el control online de la recaudación de las máquinas tragamonedas. Esa concesión fue dada de baja hace poco por la administración radical.

Jardón estuvo hace poco a sólo una firma de convertirse en miembro del Instituto de Juegos y Casinos, pero la interna peronista metió la cola. La firma que falta es la de Emir Félix, intendente de San Rafael. 

Los Félix decidieron patear la mesa de conducción del PJ en señal de disconformidad con la nominación de un azul para Casinos. A eso se sumó el rechazo a Carlos Aranda como integrante de la Inspección General de Seguridad, la propuesta que Carlos Ciurca llevó a la mesa peronista.

Esa mesa no volvió a reunirse después del conflicto con los Félix y ahora no se sabe qué pasará con los cargos para el PJ en la gestión de Cornejo.

En el caso de Casinos, no se descarta la posibilidad de que Cornejo rompa con los usos y costumbres si siguen las divisiones en el PJ y proponga un vocal propio. Aunque hay que decir que él se beneficio con este acuerdo tácito: Miguel Bondino, actual senador cornejista, fue integrante del directorio durante la gestión del PJ.

Respecto de la Inspección General de Seguridad, ya no es el gobernador sino una ley la que impone condiciones para el nombramiento del funcionario opositor. 

La norma es la que hace poco reformó este organismo de control y dejó el directorio en tres miembros: dos oficialistas y uno opositor.

La ley 8864 dice que el PJ tiene un plazo de 15 días hábiles para elevar el nombre del elegido. Vencido este plazo, hay 10 días hábiles más. Si al pasar este tiempo el peronismo sigue sin proponer su representate, "el Poder Ejecutivo podrá designar al integrante del directorio", expresa la norma.