El Frente de Todos dictaminó este viernes la ley para regular el traspaso de la policía federal a la ciudad de Buenos Aires y fija un presupuesto hasta tres veces menor al que recibe, e intentará sancionarla la semana que viene con aliados de los bloques chicos.

El despacho llegó tras seis horas de un larguísimo debate en las comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales, coordinado por el presidente de esta última, el oficialista Pablo González, que esta semana dio positivo de Covid 19. 

La intención, como anticipó LPO, es llevar el proyecto al recinto antes del 30 de noviembre, cuando vence el plazo de sesiones ordinarias. Cambiemos pidió estirar el debate con la visita de funcionarios y especialistas, como sucedió en el Senado, pero el oficialismo no le dio lugar.

El gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, que no firmó la solicitada a favor de esta ley junto a sus colegas, dio una buena señal y le ordenó no conectarse a su diputado Paulo Cassinerio. De todos modos, el oficialismo puede llegar a la mayoría con votos de socialistas santafesinos y lavagnistas. 

El radical Gustavo Menna pidió una moción para definir una lista de invitados, pero González recordó que no es un recurso posible en las comisiones y abrió el debate. Cambiemos lo estiró todo lo que pudo y parecía intentar que llegara medianoche para frustrarlo. 

Es que el 20 de noviembre es el último día para emitir dictámenes y el reloj empezó a pesar cuando los oradores se sumaban. "Quédense tranquilo, que van a poder firmar", los calmó Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, a las 19.20. Hubo dos horas más discursos.

Le ley regula el traspaso de la policía federal a la ciudad que Mauricio Macri dispuso en 2016, cuando fijó los fondos necesarios en 2 puntos de coparticipación y los giró por decreto. Alberto le quitó uno por otro decreto en septiembre para ayudar a la provincia de Buenos Aires a pagar sus policías. Y con esta ley le arrebata los 2 y establece un presupuesto fijo para la fuerza, actualizado en un 80% por salarios y un 20% por inflación. 

Además de la merma inmediata de recursos, a Larreta le golpea además que los fondos ya no estarán por coparticipación, que permite un goteo diario, sino que deberá negociarlos en cada presupuesto nacional. "De ninguna manera se trata de perjudicar a la Ciudad de Buenos Aires, sino tratar de ordenar y readecuar el correcto cálculo de los gastos que determina la transferencia de servicios y seguridad. Muy lejos está lo nuestro del tratamiento que le dio el gobierno de Juntos por el Cambio en 2016, arbitrario e intempestivo", se defendió González.

"Es un acto criminal desde el punto de vista fiscal. Se le saca a la Ciudad $ 65 mil millones, que es el 12 % del Presupuesto. Ninguna provincia resistiría esta irresponsabilidad. La Ciudad tiene compromisos asumidas, obras en ejecución, deudas tomadas", sostuvo Luciano Laspina, del PRO.

"El oficialismo no está castigando a un jefe de Gobierno sino a 3 millones de vecinos porteños y a 3 millones de bonaerenses que todos los días viajan a la Ciudad para trabajar, estudiar y atenderse en los hospitales", se molestó Graciela Ocaña.

"La mal llamada 'opulencia' no es una otra cosa que una gestión eficiente. Volvió la política del látigo y la billetera. Este decreto es anticonstitucional", se defendió el macrista Ezequiel Fernández Langan. Su par Silvia Lospennato se mostró confiada en que la justicia declara esta norma violatoria de la carta magna y la anule.  

 "En este debate se está violando la Constitución Nacional; en el marco de un relato en el que se ataca al federalismo, aunque deben saber los que apoyan este proyecto que mañana le puede pasar a otras provincias", sostuvo la diputada. 

"Es un bochorno que no podamos ver los papeles que dicen tener. No sólo se transfirió el personal, sino armamento y comunicaciones. Hay que contemplar eso", se molestó su compañero Álvaro González.  Larreta ya tiene un reclamo ante la Corte por el decreto de Alberto y pronto podría objetar esta ley.

Anunció que junto a Pablo Tonelli presentará el martes un proyecto de ley de coparticipación federal, una exigencia de la Constitución Nacional de 1994 que nunca se cumplió. El radical Facundo Suárez Lastra recordó que "en la ciudad hay 34 hospitales destinados en un 40 por ciento a atender a gente del Gran Buenos Aires, al lugar donde había mayor cantidad de casos".

En el Frente de Todos abundaron anécdotas de ex gobernadores sobre la difícil relación con Macri. "Nos amenazó con quitarnos el fondo de la soja sino firmábamos el pacto fiscal. Y después lo sacó igual", rememoró la catamarqueña Lucía Corpacci. El riojano Sergio Casas y la fueguina Rosana Bertone recordaron sus desencuentros con el ex jefe de estado. 

"A nadie se le escapa que cuando el ex presidente Macri triplicó el coeficiente de la Ciudad no existió ningún informe técnico que sustentara una decisión que fue completamente discrecional y contraria a la voluntad de las provincias que, en aquel momento, manifestaron claramente su rechazo frente a una decisión que lesionaba el carácter federal de nuestra República, beneficiando al distrito más rico del país, en detrimento del resto de las provincias", aseguró Fernanda Vallejos, una de las últimas voces oficialistas antes de firmar el dictamen.