Las noticias de ayer, lunes, cuando faltaban dos días para la marcha del 18F, no podían mostrar más clima de confusión. El titular de tapa de Clarín, contra todas las normas del periodismo, fue en modo potencial, destinado claramente a sembrar miedo: "Caso Nisman: un informe forense descartaría que haya sido un suicidio". Como agregado, menciona "fuentes judiciales", que es lo mismo que basarse en el Espíritu Santo. Una noticia a la medida de una sentencia mediática al margen de los tiempos de la justicia para alimentar la hipótesis del homicidio y fogonear la marcha. 

Por estas horas convendría recordar cómo fueron las marchas Blumberg, que arrancaron cuando Néstor Kirchner no había cumplido todavía un año en el gobierno: empezaron con mucha adhesión y terminaron con muy poca capacidad de convocatoria. El mismo Kirchner recibió al padre de Axel, asesinado por sus secuestradores, y abrió un espacio político para que el Congreso votara varias reformas al Código Penal.  Podrá decirse que entonces el Frente para la Victoria no tenía mayoría ni era un bloque homogéneo; sin embargo, debería subrayarse que el entonces presidente sabía navegar en aguas turbulentas. Perfil consigna la presencia de Aníbal Fernández en el programa Intratables y cita una frase difícil de interpretar: que "le hubiese gustado estar en la marcha" del próximo miércoles "si fuese un homenaje" a Nisman. Hay que subrayarlo, el secretario general de la Presidencia hace malabares para no quedar pegado a la negativa comunicación oficial que incluye la falta de condolencias por la muerte del fiscal y va en la dirección de una profecía autocumplida: cualquiera que concurra a esta marcha es claramente opositor. Es cierto que Fernández hace todos los equilibrios posibles para mostrar su absoluta lealtad a Cristina y hacer guiños para no ir siempre en contra de la marea.

Más inquietante que las batallas verbales y mediáticas resultó la manera en que se presentó en los medios la aparición de un cuerpo calcinado en Puerto Madero, muy cerca de las Torres Le Parc, donde murió Nisman. Los portales de los medios mencionan un comunicado de Edesur que niega la posibilidad de que la mujer calcinada se hubiera electrocutado. La otra fuente es la entrevista realizada el lunes por la mañana por el periodista Juan Miceli en la Radio de la Ciudad a Alberto Crescenti, quien dijo que el SAME recibió un llamado a las 2:40 del domingo del Departamento Central de Policía y que un equipo de emergencias de la Ciudad constató la presencia de un cuerpo calcinado, irreconocible. La reconstrucción del hilo informativo lleva a que algunos vecinos de Puerto Madero llamaron al 911 al ver fuego, que se presentaron los Bomberos (de la Policía Federal) y que estos dieron parte al SAME al corroborar que se trataba de un cuerpo humano. La versión de la agencia oficial de noticias no ayuda a entender los hechos. El título trata de aventar fantasmas: "Encontraron una persona quemada en la zona de la reserva ecológica". Es evidente que prefieren nombrar a la reserva que la casa de Nisman. El artículo, breve, dice en el primer párrafo: "Fuentes de la investigación informaron a Télam que un hombre alertó a un móvil que patrullaba la zona respecto a que una persona se estaba prendiendo fuego en un costado de una cámara eléctrica de la empresa Edesur." ¿Qué son "fuentes de la investigación"? ¿Por qué Télam dice que una persona se estaba prendiendo fuego mientras el resto de los medios dice que los bomberos (Policía Federal) habrían llamado al SAME al corroborar que el fuego correspondía a un ser humano? Realmente, es mejor el hermetismo que sugerir a través de la agencia estatal que había alguien prendiéndose fuego a lo bonzo en la madrugada cerca del domicilio donde murió Nisman. 

¿Por qué sale a luz ese episodio a través de una entrevista radial de la Radio de la Ciudad o con un infortunado cable de la agencia oficial cuando por la sensibilidad del momento y del lugar donde sucedió el hecho requiere información seria de los organismos públicos responsables? Esto es, a través de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 19, a cargo de la fiscal Graciela Bugeiro, que caratuló el hecho como "muerte dudosa". En el portal de la Procuración <www.fiscales.gob.ar>, mientras todos los medios hablaban del tema, ayer no había ningún comunicado oficial. El otro organismo que debía haber brindado información clara de entrada es el Ministerio de Seguridad, cuyo portal de noticias tampoco consigna nada y sus funcionarios principales no salieron en los medios ni convocaron a una rueda de prensa. Esto hubiera ayudado a aventar las hipótesis que relacionan la muerte de Nisman con la de esta mujer que apareció incinerada cerca del domicilio del fiscal. 

Estas pueden parecer observaciones menores. Sin embargo, son indicativas de que, en algunas áreas de gestión, hay cierta parálisis mientras que en otras hay iniciativa y equilibrio. Tal es el caso del anuncio de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien anunció el equipo de fiscales que quedó a cargo de la unidad AMIA. Se trata de Sabrina Namer, Patricio Sabadini y Roberto Salum, cuyo secretario letrado es Juan Patricio Murray. Las palabras de Gils Carbó al momento de ponerlos en funciones enfatizaron que el momento está "teñido del duelo que a todos nos agobia ante la muerte de nuestro colega, el fiscal Alberto Nisman, que no sólo nos conmovió en un plano personal y afectivo sino también institucional". Y agregó: "Ya sea que esta pérdida haya sido el resultado de su propia decisión o de una acción criminal, sobre lo cual hasta hoy no existe ninguna certeza, y hay una investigación en curso, lo cierto es que la cercanía de su muerte con su tarea como fiscal es lo que nos causa mayor conmoción al Ministerio Público y a la sociedad, y lo convierte en un hecho de gran impacto político y social."

FALTA DE INTELIGENCIA. Quienes tienen capacidad de tomar decisiones políticas en una coyuntura como esta, tanto en el gobierno como en la oposición, deberían analizar con cierta frialdad las ventajas y desventajas que ofrecen los dos caminos que, esquemáticamente, permiten jugar las fichas en este momento. La primera es tomar este momento como el de una confrontación entre dos fuerzas sociales divididas como el bien y el mal, según el lugar desde el cual se lo mire. En esa variante, la visión oficial propone que la marcha del 18F tiene un vicio de origen porque está convocada por fiscales con malos antecedentes y promovida por el Grupo Clarín. A su vez, los fiscales y el grupo mediático conducido por Héctor Magnetto se montaron en una denuncia –la de Nisman, retomada por el fiscal Gerardo Pollicita– que pretende poner a la presidenta en el absurdo lugar de liderar una banda de gente dispuesta a cambiar petróleo por sangre. Una segunda manera de encarar esta situación es intentar abrir el diálogo y confiar en que el tiempo –en un año electoral– puede ayudar a aclarar las cosas. 

Ahora bien, el día después de la marcha debería ser el indicado para que cada cual haga su balance y por un lado corra la investigación judicial y por el otro se recuperen algunos de los asuntos que interesan no sólo a los estamentos dirigenciales sino al conjunto de la sociedad. Esto va desde el desafío de comenzar las clases en tiempo y forma desde el primer día hábil de marzo hasta el cúmulo de asuntos de orden público. 

Y si caben dudas de la conveniencia de alimentar la confrontación o el diálogo cuando tanta gente se muestra nerviosa, los que toman decisiones deberían pensar en que en medio de todo esto se supone que hay un cambio en la conducción de los estamentos de inteligencia. Lo que trasciende sobre la actividad de los espías argentinos sólo sirve para darle miedo a la sociedad y para sugerir, sin mostrar pruebas contundentes, que los agentes de inteligencia tienen vínculos estrechos con fiscales, jueces, políticos y poderosos estudios de abogados. Pero no sólo eso, sino que esos agentes serían quienes se alinearon con agencias de espionaje extranjeras para borrar las huellas del atentado a la AMIA. Al respecto, de la cantidad de artículos publicados se destaca el blog de Santiago O'Donnell, en particular el artículo "Escenarios post-Nisman". La particularidad que ofrece O'Donnell es que mucho antes de la muerte del fiscal, puso en blanco sobre negro los vínculos de ciertos referentes del espionaje y la política vernácula con espías de la CIA y la Embajada de Estados Unidos. Por más conmoción que cause la muerte del fiscal, no puede eludirse que sus borradores eran supervisados por funcionarios norteamericanos. ¿Quién puede pensar que la bestialización de Irán y la falta de pesquisas sobre las otras pistas tienen la marca del Departamento de Estado norteamericano?

Ahora, cuando salieron a luz estas relaciones entre espías, políticos y magistrados, todavía Jaime Stiuso tenía un lugar clave en la Secretaría de Inteligencia (SI). Aunque el argumento de que los cambios no pueden realizarse de un día para el otro, no hay ninguna evidencia de que Stiuso se movía al margen de las indicaciones de sus superiores, Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher, quienes estuvieron al frente de la SI hasta hace apenas dos meses. Entonces, si hay vocación de hacer cambios de fondo en esta área tan sensible como insondable para ciudadanos comunes (y periodistas que no tienen acceso a los archivos secretos), parece que es preciso tener consensos tales como los que buscó el CELS en 2009 cuando promovió la firma de una decena de puntos a favor de una seguridad democrática. Un acuerdo que recibió adhesiones de muy distintos sectores pero que no fue tenido en cuenta por quienes podían materializarlo. Todo indica que en medio del clima confrontativo, nadie tendría la ingenuidad de proponer un marco para un acuerdo por una "inteligencia democrática". Sin embargo, si se tiene en cuenta la autonomía que tienen los espías y la información secreta que manejan, los verdaderos demócratas deberían pensar dos veces antes de profundizar el camino de las divergencias y de la opacidad en la información.