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FRANCO MIZRAHI

Con las elecciones de los estamentos de abogados y jueces que se realizaron este martes se comenzó a perfilar la nueva conformación del Consejo de la Magistratura que tendrá vigencia desde noviembre hasta el 2026. Es decir, se empezó a definir la integración para los próximos cuatro años de un órgano central para el Poder Judicial, que define designaciones y sanciones de jueces. Todo indica que habrá al menos tres bloques internos. Incluso puede haber una mayor atomización, según cómo se resuelvan las internas en las coaliciones políticas y cómo articule el partido judicial. Un dato que revela la importancia de lo que está en juego es que el nuevo consejo tiene por delante cubrir el tercio de vacantes que hoy tienen los tribunales.

¿Cómo quedó la relación de poder entre los distintos sectores del mundo político-judicial? Hasta el momento fueron electos 12 de los 20 consejeros de la nueva integración. Seis responden con distinta intensidad a la alianza Cambiemos, tres al Frente de Todos y otros tres a un nuevo sector, el “moleismo”, que responde al académico Diego Molea –hoy consejero pero que no renueva a partir de noviembre-. Resta que el Congreso envíe a sus ocho representantes, cuatro por el Senado y cuatro por Diputados. De acuerdo a cómo se resuelvan esos nombramientos legislativos se podrá tener una fotografía clara de qué sector fue el ganador.

Todo indica que en el corto plazo ningún espacio llegará por sí mismo a los 14 votos necesarios para aprobar designaciones y juicios políticos, y si bien el macrismo perdió una banca respecto a la conformación actual, los sectores con los que se vincula lograron una importante mayoría de los votos en las dos elecciones que se dieron este martes tanto en abogados como jueces.

La nueva integración entrará en funciones en noviembre. Hasta que eso suceda, seguirá en funciones la conformación actual. El Consejo ahora está virtualmente parado. Desde el órgano de selección y sanción de jueces afirman que eso se debe a que cambiarán sus consejeros. Sostienen que con la llegada de la renovación la paralización no puede continuar. Para eso, será necesaria una intensa negociación.

Los nuevos consejeros: quién es quién

Este martes votaron a sus consejeros los jueces y los abogados. En lo que hace a la elección del mundo judicial ganó la Bordó, la lista más conservadora de la Asociación de Magistrados, que postuló a los jueces Diego Barroetaveña (de la Cámara Federal de Casación Penal, donde fue nombrado por Macri) y la jueza civil Agustina Díaz Cordero. Sumó 286 votos. Es un espacio que tiene muchos puntos de contacto con Cambiemos. La lista Celeste, la más cercana al Frente de Todos, cosechó 230 con la postulación del juez de San Martín, Alberto Lugones. Finalmente, con 163 voluntades, Compromiso Judicial, también cercana al macrismo, quedó tercera y logró designar a una representante, Alejandra Provitola.

Por el lado de los abogados con matrícula federal se presentaron tres listas. La Lista 1 postuló a María Fernanda Vázquez, quien renovó su banca de consejera con el apoyo de Diego Molea; la lista 2 fue encabezada por el laboralista Héctor Recalde, quien recibió el respaldo del oficialismo; y la lista 3 llevó al radical Miguel Piedecasas y a la macrista Jimena de la Torre. Esta última nómina, asociada a Juntos por el Cambio, rozó el 50% de todos los votos válidos y logró designar a dos candidatos. La lista de Recalde cosechó cerca de un 30% de las voluntades. Y la que impulsó Molea debutó con poco más del 20% de los votos. En total concurrieron a las urnas más de 36 mil votantes sobre un padrón de 167.417 habilitados. Fue un porcentaje alto por el tipo de votación.

En el oficialismo cuestionaban al moleismo porque dividió el voto peronista. Pero no fue la única lectura que hubo en el mundo judicial. Otros sostienen que con su presentación impidió que la alianza entre radicales y macristas se quedara con tres representaciones en lugar de dos. Es que a pesar de sumar el 50% de los votos, JxC perdió una banca en el consejo.

Así, ya se van definiendo los bloques en el Consejo de la Magistratura, que estará vigente por los próximos cuatro años. Hasta el momento se perfilan los siguientes espacios:

El de Juntos por el Cambio, que puede nuclear a:

Jimena de la Torre. Recientemente electa por el estamento de los abogados, integró dos de los órganos desde los cuales el gobierno de Macri impulsó la persecución judicial: la AFIP y la UIF.

De la Torre, por un lado, fue jefa de gabinete de la Unidad de Información Financiera (UIF) entre junio de 2017 y abril de 2018. Y tuvo dos cargos en AFIP. Ambos organismos, UIF y AFIP, hicieron inteligencia fiscal y se presentaron como querellantes en muchas de las causas políticas que durante el macrismo se abrieron contra dirigentes kirchneristas, sobre todo, CFK.

De la Torre ya había sido electa como consejera para el consejo interino que se conformó luego de que la Corte tomara por asalto el órgano de selección y sanción de magistrados. Este martes logró ser electa nuevamente. En su primera candidatura De la Torre fue apoyada, entre otros, por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el senador provincial Juan Pablo Allan, quien fue procesado en la causa “Gestapo antisindical” por sus vínculos con espías y funcionarios bonaerenses en el armado de causas contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina.

Agustina Diaz Cordero (h) fue electa por el estamento de los jueces. Renovó mandato como De la Torre, ya que había ingresado en el congreso “interino”. Es ex asesora del ministro de Justicia de Macri, Germán Garavano.

Macri nombró a Díaz Cordero al frente del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 23, el 27 de abril de 2018. Era un premio para su madre, María Lilia Gómez Alonso, que presidía la Sala B de la Cámara Comercial desde donde manejaba la causa por la multimillonaria deuda de los Macri con el Estado por el Correo Argentino. Desde allí, María Lilia brindó más de un favor al expresidente.

En su caso se da la particularidad de que llega al cargo por su propio voto. Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda fueron quienes votaron que se restituya el consejo de 20 integrantes cuando estaba activo el de 13 miembros. Así, el Alto Tribunal tomó el consejo por asalto en abril pasado. Según la ley que revivió la Corte, el titular del Tribunal Supremo es quien encabeza el órgano de selección y sanción de jueces. Rosatti fue designado por Macri en el Alto Tribunal. Había aceptado ser parte del máximo tribunal del país en comisión pero fue tal el escándalo que provocó esa idea que debió esperar unos meses para reunir los votos en el Senado para ser designado como estipula la Constitución. Ingresó a la Corte el 29 de junio de 2016.

Diego Barroetaveña. Es juez de la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.

Fue designado por Macri el 6 de julio de 2018 en la máxima instancia penal del país, que tiene asiento en Comodoro Py. Con su llegada, el Consejo suma no solo a un juez de la Corte sino que ahora agrega a un integrante de la máxima instancia penal del país.

Alejandra Provitola. Es jueza penal de Capital Federal.

Fue secretaria del fiscal procesado Carlos Stornelli. Entró la lista macrista Compromiso Judicial que integran Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia por citar solo dos ejemplos. La nómina fue encabezaba por el integrante de la Cámara Comercial Eduardo Machín pero entró Provítola que estaba segunda en la lista por cómo debe ser la representación de instancias y de género en el órgano.

Miguel Piedecasas. Ingresó por el estamento de los abogados.

Radical, ya fue consejero entre 2014 y 2018 y durante el macrismo fue presidente de la institución. Tuvo un rol clave, desde la presidencia del Consejo macrista, para darle impulso al Lawfare. El macrismo utilizó el Consejo para presionar a los jueces que no solían fallar en sintonía con sus intereses. El caso paradigmático fue cuando en agosto de 2017 alteró la conformación del órgano que selecciona y sanciona jueces con complicidad de la Corte Suprema para poder iniciar el jury contra Eduardo Freiler, quien integraba la Cámara Federal porteña. Freiler terminó siendo destituido tres meses más tarde, en noviembre de 2017.

Piedecasas tendrá un mandato de 2 años por un acuerdo con el operador judicial Daniel “Tano” Angelici. En dos años será reemplazado por Alberto Maques, hombre del “Tano” y titular del Consejo de la Magistratura porteño.

El bloque del Frente de Todos se espera que nuclee a:

Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo.

 Alberto Lugones, uno de los consejeros que logró renovar su banca. Juez de la Cámara Federal San Martín.

Es afín al oficialismo. Logró imponerse a pesar de que se intentó invalidar su candidatura. Recién la semana pasada su postulación fue avalada por la Cámara Nacional Electoral.

Héctor Recalde, histórico abogado laboralista que está estrechamente vinculado al peronismo y al kirchnerismo.

Fue diputado nacional entre 2005 y 2017. Ya había sido consejero de la magistratura entre 2014 y 2016. Tras lograr la reciente banca de consejero, tuiteó: “El bloque de consejeros que avaló el Lawfare, la persecución y el espionaje hoy perdió una banca. Estoy convencido de que a partir del diálogo podremos consolidar una mayoría para construir un Poder Judicial democrático”.

El nuevo bloque que se vislumbra en el consejo que se activará en noviembre es el de los “moleístas”, a quienes se vincula con el académico Diego Molea, que dejará su banca en el Consejo pero no su influencia.

Si bien Diego Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora, acompañaba al oficialismo, logró cosechar poder propio. Y apuesta a conformar un bloque de al menos tres voluntades que pueda definir votaciones. El moleísmo está integrado por los consejeros:

María Fernanda Vázquez, quien ingresó por el estamento de los abogados y es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, de la que Molea casa de estudios de la que Molea es rector.

 Hugo Galderisi, que ingresó por los académicos y es vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora.

 Guillermo Tamarit, quien también es académico y es rector de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA).Los consejeros del Congreso

A estos 12 consejeros se deben sumar otros 8 en representación del Congreso. Ingresarán 4 por la cámara de Senadores y otros 4 por la de Diputados. La fórmula para la distribución de sillones es 2-1-1, es decir, 2 consejeros por la mayoría de cada cámara, 1 por el segundo bloque y 1 por la segunda minoría. Como en el Parlamento se suelen hacer diversas jugadas políticas en pos de quedarse con la mayor cantidad de sillones, aún no está claro a qué fuerza corresponderá cada cargo.

De acuerdo a quiénes sean designados puede darse una mayor atomización. Por ejemplo, el radicalismo podría armar su propio bloque con abogados, jueces y legisladores. Esa circunstancia variará según la tensión interna en la alianza opositora pero también según el caso que se trate en el Consejo. Lo mismo corre para el oficialismo, que podría estar dividido en kirchneristas, massistas y representantes de gobernadores, por ejemplo. La discusión en torno a la distribución de esos sillones se espera intensa porque hay mucho en juego.

Se trata del Consejo que estará activo durante el próximo gobierno. En el mejor de los escenarios, el actual oficialismo podría lograr quedarse con 5 de los 8 puestos en juego en el Congreso. Si Juntos por el Cambio llegase a designar a 4 consejeros por el Poder Legislativo, una eventual victoria en las elecciones de 2023 podría permitirle llegar en un futuro cercano, con aliados, a los 14 consejeros, es decir, los dos tercios necesarios para aprobar designaciones e impulsar juicios políticos. ¿Qué implica esto? Que podría replicarse el escenario de 2016, cuando el Consejo fue copado por el macrismo y aliados y se volvió un órgano clave de la persecución judicial.

Concursos claves que están en trámite

En el Poder Judicial un tercio de los cargos está vacante. Desde el Consejo de la Magistratura aseguran que en los próximos cuatro años la tarea del órgano de selección y sanción de jueces es avanzar con esos nombramientos. Estará por verse si esa manifestación es una expresión de deseos o se traduce en una realidad. En la actualidad, tras la toma por asalto de la Corte, el Consejo está paralizado. Y la relación de fuerzas actual pareciera no modificarse con la nueva conformación, al menos durante el gobierno de Alberto Fernández. Todo podría cambiar tras las elecciones presidenciales del año próximo, por el rol que podrían jugar distintos aliados ante un nuevo escenario político y porque quien gane la presidencia se quedará con el representante del Ejecutivo.

Para tener una dimensión de lo que está en juego: en Comodoro Py están vacantes los juzgados 6, 11 y 12. Es decir, el 25% de los juzgados de primera instancia de Retiro, donde tramitan las causas políticas más sensibles. El juzgado 11, por ejemplo, es el que ocupaba Claudio Bonadío y hoy subroga otro magistrado impulsor del Lawfare, Julián Ercolini, quien recientemente fue parte de un vuelo escandaloso hacia Bariloche.

Los concursos para esos juzgados estaban para aprobarse en el plenario y se trabaron cuando la Corte anuló el consejo de 13 integrantes. Hoy se necesitan 14 voluntades para aprobarlos.

También estaban para votarse en el consejo de 13 integrantes las ternas para las dos vocalías de la Cámara Federal porteña que hoy ocupan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Esos dos jueces fueron puestos a dedo por Macri en ese cargo y la Corte determinó que sigan allí hasta que se designe a sus reemplazantes por concurso. Con la nueva conformación del consejo, la votación de sus reemplazos se complejizó aún más. Como no se pudo cerrar ese proceso tanto Bruglia como Bertuzzi siguen en funciones y activos, fallando de acuerdo a los intereses de Cambiemos, sobre todo, de Macri, a quien beneficiaron en diversas causas relativas al espionaje ilegal macrista.