Carlos Burgueño

El Gobierno no tomará ninguna decisión sobre la situación del sistema previsional. No habrá incrementos en la fórmula de indexación de los pagos a las jubilaciones mínimas basada únicamente en la evolución de la inflación. No se aumentará el bono de 70 mil pesos, el que actualizado llegaría a los 143 mil pesos. Tampoco habrá facilidades para la compra de medicamentos ni la reposición de la devolución del IVA. Pese a los hechos del miércoles de la semana que terminó, o incentivados por ellos, la política del oficialismo sobre las jubilaciones se mantendrá firme. Incólume. Porque, además, para el Gobierno es exitosa.

En líneas generales, el aporte de la clase pasiva al ajuste fiscal del 2024 que llevó al país de un déficit del 3% a un superávit de 1,8%, fue del 20% del total de la contracción del gasto. Esto es, unos US$ 5 mil millones. Hacia adelante, promete el Ejecutivo, no habrá más ajuste sobre la clase pasiva, pero tampoco mejoras sustanciales. Según la visión oficial, el sistema previsional, sólo puede esperar cambios en el resto de la gestión de Javier Milei que culmina en diciembre del 2027, a través de una reforma en el Congreso que permita dos circunstancias: un incremento en la edad jubilatoria y la incorporación de algún esquema de jubilación privada. Y nada de esto puede ser tratado con el Congreso Nacional con la actual composición. Afirman además en el oficialismo, que la política de retribuciones a los jubilados, en la comparativa con los gobiernos anteriores, resulta favorable a los libertarios. Se habla de una pérdida del poder adquisitivo del 18,5% en la gestión de Mauricio Macri, donde hubo mayor nivel de demolición en los ingresos de los jubilados. En la gestión de Alberto Fernández el resultado fue negativo, pero dual, dependiendo del tipo de retribución de la clase pasiva. Fue del 4,6% para la mínima y del 27,4% en las jubilaciones máximas. En el caso de Javier Milei, la caída es de 14% en la mínima, pero con un alza de 2,9% en la máxima.

Los jubilados perdieron de punta a punta un 26,4%; y los de la máxima 46,5%. Una verdadera demolición generalizada.

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En síntesis, los trágicos hechos del miércoles de esta semana, no harán cambiar un milímetro la política que el gobierno de Javier Milei está aplicando sobre los jubilados; y que, en el mejor de los casos, implica que no volverá a ser la clase pasiva uno de los objetivos fundamentales del ajuste para lograr solidificar el superávit fiscal. Lo mejor que le pasaría a los jubilados hacia adelante, es que mantendrán sus ingresos actuales, al menos durante todo el 2025. Para mejoras (a los ojos de Javier Milei), habrá que esperar al resultado de las elecciones legislativas de octubre próximo.

En definitiva, y al menos hasta el 2026, continuará en vigencia el status quo vigente desde septiembre del año pasado, cuando la Cámara de Diputados había dejado en firme el miércoles pasado el veto a la ley de reforma previsional que incrementaba en un 8,1% los haberes jubilatorios de los trabajadores y trabajadoras pasivas que cobran el mínimo posible. Y que llegan casi al 80% del total. Había sido un parche que modificó otro parche. Con el sostenimiento del veto, había terminado la efímera vida de la reforma aprobada el 22 de agosto del 2024 pasado, y que, a su vez modificaba el decreto establecido por Javier Milei de marzo del año pasado; y que indexa los haberes jubilatorios a partir de la evolución mensual de la inflación.

Esta norma reformulaba la fórmula aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández en 2021, y que actualizaba haberes –mitad por los salarios y mitad por la recaudación. El último gobierno justicialista, había arrancando su gestión con la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública votada por el Congreso en diciembre de 2019 –a pocos días de la asunción de Fernández– suspendió por 180 días la fórmula de movilidad de 2017. A mediados de junio del 2020, Alberto Fernández decretó la extensión de esta suspensión por otros 180 días, es decir, hasta fines de 2020. Cambiaba así la norma que había sido aprobada por el Congreso en diciembre de 2017; que el Congreso había convertido en ley en diciembre de 2017.

Todos esos cambios reformulaban la manera de calcular las jubilaciones, impuestas por la última gran alteración estructural de las jubilaciones argentinas: la eliminación del régimen de las Administradoras de Jubilación y Pensión (AFJP) que pasaron a la historia con el regreso a la jubilación de reparto implementada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esta ley se aprobó en 2008, con la sanción de la llamada “ley de movilidad jubilatoria”, a partir de la cual las jubilaciones empezaron a actualizarse automáticamente dos veces por año, en marzo y en septiembre, en base a una fórmula que se movía junto a los salarios y a la recaudación impositiva. Nuevamente, todos parches. Ninguna reforma estructural.

Desde ese cambio del 2008, hasta el sostenimiento del veto presidencial por parte del Congreso de la semana que culminó, la clase dirigente argentina en tres gobiernos completos y un cuarto que completa nueve meses de gestión, modificó, toqueteó o intentó cambiar el sistema previsional argentino en nueve oportunidades en 16 años. Esto implica un promedio de un cambio o intento de cambio cada año y siete meses. Poca seriedad en un tema, el sistema previsional de cualquier país en cualquier etapa de su historia, que necesita de la previsión y proyección de larguísimo plazo para ser creíble. Países serios de estados sofisticados como Chile, Uruguay, Paraguay o Brasil, mantienen su sistema jubilatorio desde hace treinta años, con leves y tenues retoques. Y, en general, sostienen o incrementan las retribuciones de sus jubilados.

En Argentina, desde 2008 a agosto del 2024, los “beneficiarios” del sistema previsional perdieron un 30% de su poder adquisitivo. Y sólo desde el 2017 hasta el mes pasado, un 17% total. La explicación sobre esta pérdida es simple. Y puede abarcarse desde dos conclusiones. La primera: un sistema previsional basado en un esquema solidario de reparto sin extras de jubilación privada, sólo se sostiene en el tiempo si la economía de un país crece sostenidamente, y la cantidad de personas que trabajan en blanco y su poder adquisitivo superan el porcentaje de incremento del PBI. Si, por el contrario, el país contrae su economía o se estanca, sólo por el nivel de incremento de los beneficiarios del sistema judicial y la cantidad de jubilados y pensionados por atender; más tarde o temprano comenzarán a aparecer los desequilibrios. Y, con el tiempo, las pérdidas en cuanto a la recaudación previsional sobre el gasto previsional. En el caso argentino, de un cierto equilibrio del 2008, se llega hoy a un bache de entre 30 y 40%. Ese es el porcentaje que la recaudación previsional no puede cubrir, y que, en consecuencia, son pesos que el sistema debe pedirle a otros recursos (en el caso argentino, IVA, Ganancias o los impuestos que se creen originalmente para la situación) para poder cumplir con las jubilaciones mínimas. Segundo: ningún sistema previsional de reparto basado en la evolución de los precios, de los salarios o uno mixto, puede sobrevivir con hidalguía un régimen monetario de inflación constante. Como el aumento de los precios siempre, inevitablemente, le produce un daño directo al poder adquisitivo; esta pérdida se traduce en un bombardeo constante sobre los salarios. Y, luego, los aportes previsionales. Finalmente se termina minando el ingreso de fondos al sistema de jubilaciones. Entre ambas condiciones, y en un esquema de reparto donde, según la época, se indexa por el alza de precios, por la de los salarios, o por un mix; la consecuencia inevitable es que las jubilaciones pierdan.

El análisis de las jubilaciones criollas se complica aún más con la complejidad del sistema. Y con la sumatoria de jubilados que llegaron a esa situación cumpliendo en tiempo y forma los pagos mensuales y anuales que requiere el sistema previsional (treinta años de aportes para jubilarse con 65 años los hombres y 60 las mujeres), sobre aquellos que sostienen algún tipo de diferencial que altere la ecuación.

Según los datos oficiales (vigentes sólo hasta el 2023), el 81% de las altas se dieron por moratorias; de los cuales el 70% aportó en su vida laboral algo, pero no lo suficiente para completar una jubilación normal. En este esquema, las mujeres son las que menos aportes realizaron al sistema.

El sistema previsional argentino tiene un serio problema de sustentabilidad, sufre los problemas crónicos inflacionarios de la economía argentina, carece de estabilidad política de mantenimiento; pero, fundamentalmente es injusto por lo desprolijo y la cantidad de parches que se le aplicaron en el tiempo, lo que lo convierte en poco confiable y con un nivel de gastos en regímenes de excepción que deben ser financiados por los trabajadores en blanco, tanto en relación de dependencia como independientes, en una caja, además, quebrada.

Siempre hay una solución. Según el cálculo del dinero que demanda el sistema previsional argentino, su costo llega al 10% del PBI, prácticamente el mismo porcentaje general que el nivel que destinan los países desarrollados o en desarrollo, pero serios en solventar el costo de los trabajadores pasivos. Lo que le falta, es orden. Y limpiarlo de injusticias y excepciones. Que en Argentina son muchas. Además de las moratorias, los regímenes de los diplomáticos, jueces, trabajadores públicos de cierto estándar de provincias con muy bajo aporte a la coparticipación, mineros y hasta los bailarines del Teatro Colón, entre muchos otros, cuentan con beneficios extras. En síntesis, se trata de ordenar el sistema. Con una ley de largo plazo. Una política de Estado. Algo que la clase dirigente argentina no está en condiciones de darle a la sociedad. Desde hace décadas.

No es la única. Argentina es un triste caso de un país que no crece desde el 2011 y que en 2024 completó trece años de estancamiento. Y donde los jubilados, en los últimos diez años, perdieron casi la mitad de su poder adquisitivo.