La justicia local siempre da la nota. Mientras otros departamentos judiciales pretenden dar el mensaje público de que no es posible hacer cualquier cosa porque una comunidad organizada requiere que se tengan en cuenta las normas, los funcionarios de tribunales de la bella Mar del Plata insisten en la misma posición: acá nada es tan grave, o es tan grave como al funcionario de turno le dé la gana que sea.

Basta el botón como muestra. Días atrás, una notificación de la fiscalía de Lorena Hirigoyen de la Unidad Fiscal n° 12, le comunicaba a un abogado de la matrícula local que no daría curso a su denuncia porque la figura invocada no le parecía la correcta. Le notificaba de esta manera a Andrés Barbieri que, por más que la UFI 10 le hubiera dado lugar, y el fiscal Pizzo hubiera seguido el tren, ella no estaba de acuerdo con el colega. Por esa razón, no le iba a dar lugar a la denuncia por extorsión que el abogado había presentado contra los hermanos Marcos y Mario Puche, quienes forzaban a ciertas personas a concurrir a marchas y escraches, amenazándolas con que serían expulsados de la organización social que integran, o se les aplicarían descuentos en el plan que percibían.

Dice la fiscal que ella disiente con el análisis efectuado por su colega, porque la conducta insinuada por los denunciantes no sería en rigor una extorsión sino una coacción, y a partir de allí se ocupa de fundamentar jurídicamente los requerimientos de una y otra figura legal de carácter delictivo. Por esa razón, al haber nombrado mal al delito, sólo corresponde para ella la desestimación de la denuncia y nada más. Quiere decir que aquellos que se aprovechan de la vulnerabilidad de los pobres para torcer su voluntad saldrán ilesos y cobrarán impunidad simplemente porque el nombre del delito que cometieron no es el correcto.

Pero la cuestión no comenzó hace dos días, sino que ya en 2016 el abogado denunciaba la manera en la que las cooperativas de trabajo se organizaban en el despacho del intendente, sin que hubiera mayores consecuencias. Por aquel momento Andrés Barbieri hablaba ante la 99.9 e indicaba que la Fiscalía de Delitos Económico se había presentado en la Municipalidad buscando documentación porque estaba investigando al ex intendente Gustavo Pulti en una causa donde se denunciaba la utilización de fondos públicos en programas que eran manipulados políticamente.

Decía Barbieri: “Esto se inició en 2012, es una denuncia que promoví ante la justicia federal. Son fondos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social …estas cooperativas se formaron en la secretaría privada del intendente Pulti a través de un Sr. González que es familiar del mismo. Llegamos a la conclusión en aquél momento que había cooperativas que no existían, con domicilios donde no había nadie. Otras estaban conformadas no por sectores vulnerables, sino por dirigentes de la Unión Obrera de la Construcción”. Recordemos que González era el novio de la hija de Lucía Branderiz, la mujer de Pulti.

Tema viejo

Ya en aquel momento, el abogado hablaba de Mario Puche, integrante del Movimiento Atahualpa, y adelantaba de su trato con los militantes: “se le exigía hacer movilizaciones para mantener las cooperativas. Fue quien tomó el Concejo Deliberante y fue expulsado y luego procesado. Pero se lo premiaba con una cooperativa. Está en las declaraciones incluso que se pedían favores sexuales para estar en las cooperativas”.

A pesar de lo que pudo demostrar, no se avanzó por la inacción de aquellos que debían investigar el tema en profundidad. Barbieri explicaba que la Justicia Federal había estado 3 o 4 años con el expediente, y que cuando debió tomar resoluciones, literalmente se sacó la causa de encima: la envió a la justicia provincial. La excusa era que —si bien los fondos eran del estado nacional— al ingresar al patrimonio municipal eran fondos provinciales. Fue a partir de allí que la causa pasó a la fiscalía de delitos económicos, donde le dieron un verdadero impulso para tomar medidas como la de 2016, y parecía que iba a avanzar.

Las cifras que se reclaman son siderales, y nadie sabe dónde fue a parar ese dinero que provenía del estado nacional: “hice dos presentaciones donde reorienté la causa y acompañé informes del Tribunal de Cuentas que son categóricos. Dicen que se pagó un 100% y hay compra de materiales sólo por un 33%. Estamos hablando de 41.497.000 pesos y después pidieron una ampliación de más de 8 millones”, dijo el denunciante.

Los movimientos eran tan extraños que los propios funcionarios del gobierno de Pulti se habían negado a realizar los pagos a estas cooperativas. El contador por ejemplo, no quería aceptar, pero la Ley Orgánica faculta al intendente a insistir para que los pagos se liberen. De todas formas, la justicia marplatense nunca encontró fuerzas para darle impulso a las cosas.

Como prueba de que Mar del Plata es una isla de impunidad, esta semana los medios nacionales daban cuenta de que ciertos militantes del intendente kirchnerista Walter Festa habían sido detenidos en un operativo policial, acusados de asociación ilícita: cobraban dinero a beneficiarios de un plan social. Eran dirigentes de la Organización Social Octubre, y recaudaban dinero  por recibir el programa Salario Social Complementario, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. A ellos se les incautó documentación probatoria y banderas con la leyenda del intendente de Moreno: W. Festa Conducción 2019. Según trascendió, la agrupación pedía a cada beneficiario $ 300 por mes como cotización para el plande Desarrollo Social, a cambio de concurrir a actos y movilizaciones. Si no iban, tenían multas por cada inasistencia. Esto bastó para que fueran presos.

Resto del mundo

Estamos hablando de un operativo policial que dispuso a la detención de Hugo Rubén Ortiz, Alexia Xiomara Gómez, Norma Beatriz Moringio y Magalí Paz, acusados de ser parte de una asociación ilícita dedicada a la extorsión. No dice coacción sino extorsión, es decir que el criterio difiere del expuesto por la fiscal marplatense, ante una situación harto similar.

Pero Mar del Plata es otra cosa. Los allanamientos de las irregularidades de las cooperativas son de 2016, pero no llegaron a nada. En la Secretaría de Desarrollo Social se secuestraron todos los registros relacionados con las cooperativas de trabajo y la aplicación de los fondos provenientes del programa que las sostuvo. El objeto era determinar si las transferencias de fondos nacionales a cooperativas para financiar los gastos del Programa de Ingreso Social con Trabajo se habían gestionado de forma eficaz y conforme los lineamientos impuestos en las disposiciones legales.

En ese momento, las denuncias se referían específicamente al Programa PRIST, que apuntaba a la promoción del desarrollo económico y la inclusión social a través de la generación de nuevos puestos de trabajo genuinos, con igualdad de oportunidades, fundado en el empleo organizado y comunitario. Pero la cuestión era la operatoria del Programa: las denuncias pretendían indagar desde la presentación de las solicitudes de otorgamiento de subsidios para la implementación del Programa Ingreso Social con Trabajo por parte de la Municipalidad de General Pueyrredon, hasta el término de la ejecución de los convenios formalizados. Se preguntaba qué había pasado con los subsidios para adquisiciones de materiales y herramientas, y con las rendiciones de cuentas, avances y finales de las obras comprometidas. Porque si bien el programa se vinculaba con la constitución y funcionamiento de cooperativas de trabajo, había una acreditación mensual de importes autorizados a pagar a favor de sus respectivos socios.Ya en aquel momento se pedía citar a  declarar en primer lugar a los integrantes de la Cooperativa de Trabajo Capacitación Gestión y Trabajo Limitada, integrada por  hijos y familiares de los dirigentes gremiales de la UOCRA (Seccional Mar del Plata), y cuyo domicilio social es la calle San Juan 1428 de la ciudad de Mar del Plata, y ningún medio periodístico se hacía eco. Cuando fue la Prefectura, en ese domicilio la cooperativa no estaba.

Pero bueno. Por algo somos quienes somos. Por algo esta ciudad sigue conduciéndose como un feudo, o como dicen algunos, una chacra grande con la comisaría en el medio. No hemos logrado que las normas del estado de derecho rijan en todos los actos políticos, y menos aún en el sistema económico. Así nos va, como una villa turística, un telón de fondo que abre en diciembre.